NOTAS A LA SEGUNDA SECCIÓN

      1. R. A. Musgrave. Teoría de la Hacienda Pública. Aguilar, Madrid, 1968, pág. 213. Citado por Braulio Medel Cámara et al.: «Los efectos distributivos del gasto público en España», en Incidencia del gasto público en España. Monografía número 91 del Instituto de Estudios Fiscales, 1991, pág. 39.

      2. «Cuando se trata de extraer las consecuencias de ciertas acciones, empleando modelos mentales, se corre el peligro de extraer unas conclusiones erróneas. La intuición no es fiable cuando se abordan problemas complejos. Una posible razón de ello es que se tiende a pensar en términos de relaciones de causa a efecto unidireccionales, olvidando la estructura de realimentación que ciertamente existe» (Javier Aracil. Introducción a la dinámica de sistemas. Alianza, Madrid, 1978. Pág. 19). Este mismo autor interpreta el concepto «realimentación» de la siguiente manera: «Se entiende por realimentación el proceso en virtud del cual, cuando se actúa sobre un determinado sistema, se obtiene (realimenta) continuamente información sobre los resultados de las decisiones tomadas, información que servirá para tomar las decisiones sucesivas» (Ibid., pág. 15).

      3. Esta cuestión no es baladí. Veamos si no este ejemplo: «¿Qué serie es más desigual de las dos siguientes: Una, que se distribuye así: A) 1,2,3,4,5, en que las diferencias entre individuos son reducidas, u otra B) 1,1,1,1,5, en que todos son iguales, excepto uno —pero con gran diferencia.

      Tal vez los criterios de equidad en una sociedad moderna se basen no en la uniformidad, sino en la no existencia de grandes desigualdades entre los que tienen mucho y los que tienen poco. En este sentido, la diferencia entre el elemento superior y el inferior es igual en A) que en B)» (Gumersindo Ruiz Bravo. Desarrollo económico y bienestar humano. Pirámide, Madrid, 1981. Pág. 49).

      Tibor Scitovsky tiene una interpretación muy personal de lo que se debe entender por el concepto equidad: ésta no vendría dada por la igualdad en el ingreso, sino por la igualdad en el consumo: «(...) La gente considera que un sistema económico o una organización económica es equitativa cuando lleva a una distribución igualitaria o cuasi-igualitaria de los bienes necesarios para la vida. Una vez que se acepta esta definición, se pueden distinguir grados de equidad de acuerdo con el número de bienes básicos que son distribuidos de una forma igualitaria, y se puede definir el progreso social o el progreso en la equidad como un aumento del número de bienes básicos disponibles para todo el mundo sobre una base igualitaria» (Tibor Scitovsky. Ensayos sobre bienestar y crecimiento [Papers on Welfare and Growth, 1964]. Tecnos, Madrid, 1970. Pág. 230).

      Esta interpretación conlleva que no tiene por qué haber forzosamente correspondencia entre igualdad de ingreso e igualdad de consumo, pudiendo existir un colchón intermedio de inyección de posibilidades de consumo para los sectores más desfavorecidos (protección social). Sin embargo, la igualación en el consumo no equivale a la igualación en los horizontes vitales (que en último término es lo que la igualación en los ingresos garantiza). Más bien, la perpetuación de medidas artificiales de asistencia o caridad pública para los más pobres puede generar unos altos efectos-sustitución para estos últimos, que desincentivarían el acceso a una igualación en los ingresos (una mejora de los horizontes vitales). Visto desde esta óptica, el «asistencialismo» es contraproducente.

      4. John Rawls hace referencia a dos principios de justicia: «1) Toda persona tiene el mismo derecho a un esquema plenamente válido de iguales libertades básicas que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos. 2) Las desigualdades sociales y económicas deben satisfacer dos condiciones. En primer lugar deben estar asociadas a cargos y posiciones abiertos a todos en igualdad de oportunidades; en segundo lugar, deben suponer el mayor beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad» (J. Rawls. «Las libertades fundamentales y su prioridad», en J. Rawls, A. Sen et al.: Libertad, igualdad y derecho [Liberty, Equality and Law. Selected Tanner Lectures on Moral Philosophy]. Planeta-Agostini, Barcelona, 1994. Pág. 13).

      Más tarde delinea su concepto «maximin» de justicia: «La estructura básica de la sociedad está dispuesta de tal modo que la cantidad de bienes primarios disponibles para los menos afortunados para que hagan uso de las libertades fundamentales es la mayor posible» (Ibid., pág. 44).

      A. Sen describe así el objetivo «maximin» de John Rawls, por lo que se refiere a la maximización del bienestar del individuo en peor posición social: «(...) Del análisis de Rawls resulta que el factor a maximizar es el bienestar del individuo peor situado [Constitutional Liberty and the Concept of Justice, 1963]. El primer principio recomienda la extensión de la libertad de cada cual, siempre que todos reciban una libertad similar. Los conflictos interpersonales es el tema del segundo principio, que exige "disponer las desigualdades sociales de tal modo que el peor esté lo mejor posible", es decir, hacer que el nivel de bienestar del individuo peor situado sea lo más alto posible» (A. Sen. Elección colectiva y bienestar social [Collective Choice and Social Welfare, 1970]. Alianza, Madrid, 1976. Pp. 168-169). Como es evidente, éste es el modelo de justicia redistributiva aplicado en la mayor parte de los países de Economía Social de Mercado.

      A. Sen considera insuficiente el análisis rawlsaniano, por no tener en cuenta la diferencia de capacidades básicas de los individuos peor situados en la escala social, a los que Rawls atribuye —a partir de su criterio— unos bienes primarios que les permitan acceder a una igualdad efectiva de oportunidades vitales: «El interés por las capacidades básicas puede verse como una extensión natural de la preocupación de Rawls por los bienes primarios, desplazando la atención de los bienes, a lo que los bienes suponen para los seres humanos» (A. Sen. «¿Igualdad de qué?». En J. Rawls, A. Sen et al.: Libertad, equidad y derecho. Opus cit., pág. 152).

      5. No olvidemos que una sentencia del Tribunal Constitucional español (de 20 de febrero de 1989) declaró inconstitucional la acumulación obligatoria de rentas en la unidad familiar, refiriendo la capacidad económica al individuo y no a la familia (y, en consecuencia, el individuo constituiría, a efectos del IRPF, la exclusiva unidad contribuyente y el sujeto pasivo, aunque de forma optativa).

      6. Rafael del Águila («El centauro transmoderno: Liberalismo y democracia en la democracia liberal», en Historia de la Teoría Política, volumen 6. Alianza, Madrid, 1995) define el concepto «igualdad de oportunidades» de la siguiente manera: «Eliminación de obstáculos legales y jurídicos para lograr el libre acceso a cualquier posición sobre una base competitiva» (Ibid., pág. 618). Esta concepción, propia del demócrata en pugna contra el Antiguo Régimen (tal como señala el autor) no participa de una concepción más «activa», que es en definitiva la que nosotros abrazamos. Dicho con palabras de Rafael del Águila: «Libertad es participación de los iguales en el contexto de lo público (...) Dicho de otra manera, la libertad necesita de igualdad y viceversa». Como afirma el autor «ocurre, nada más (y nada menos), que en el momento en que pedimos una mayor precisión en el significado de esas expresiones, cuando preguntamos, por ejemplo, "¿qué hay que igualar para lograr una real igualdad de oportunidades?" (...), entonces este consenso se disuelve en disenso y pluralidad de respuestas» (Ibid., pág. 609).

      John Stuart Mill reconoce esta indefinición cuando afirma francamente: «La noción de justicia varía de acuerdo con las personas, adecuándose en cada caso a la noción que ellas tengan de la utilidad. Todo el mundo mantiene que la igualdad es una exigencia de la justicia, excepto cuando consideran que razones de conveniencia [expediency] requieren la desigualdad. La justicia de proteger por igual los derechos de todo el mundo es mantenida por aquellos que apoyan la más exacerbada desigualdad en los propios derechos» (J. Stuart Mill. El utilitarismo [Utilitarism: in The Science of Logic, Book VI, Chapter XII, 1863]. Alianza, Madrid, 1994. Pág. 106). Como el lector ha tenido ocasión de comprobar, nuestra definición del concepto igualdad de oportunidades va mucho más allá de la «vaporosa» concepción del liberal bienintencionado.

      7. J. M. Keynes lo expresa así: «Desde los tiempos de Say y Ricardo los economistas clásicos han enseñado que la oferta crea su propia demanda —queriendo decir con esto de manera señalada, aunque no claramente definida, que el total de los costes de producción debe necesariamente gastarse por completo, directa o indirectamente, en comprar los productos» (Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero [The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936]. Fondo de Cultura Económica, México, 1995. Pág. 28). Ello, según el mismo Keynes, implica que nunca puede haber desajustes entre la oferta y la demanda de factores (ni escaseces, ni crisis), puesto que lo que no se consume en una primera instancia se invierte en una segunda instancia, lo cual genera los recursos para un consumo posterior. Esto, como vemos, lo refuta al introducir un nuevo escenario: el marcado por el equilibrio sin pleno empleo y por la preferencia por la liquidez (atesoramiento).

      Amit Bhaduri (Macroeconomía. La dinámica de la producción de mercancías [Macroeconomics. The Dynamics of Commodity Production, 1986]. Fondo de Cultura Económica, México, 1990. Pág. 70), a partir del planteamiento kaleckiano de los dos sectores productivos (de bienes de consumo y de inversión), le da la vuelta al argumento de Say. Según el esquema productivo keynesiano «la demanda [de bienes de consumo] proviene de una inversión dada autónomamente». Ésta es la base del análisis de este autor, que afirma que la versión de Say «no refleja la verdadera naturaleza de la producción mercantil, en que la demanda [de bienes de consumo] proveniente del sector inversión determina la oferta proveniente del sector consumo. Para entender cómo opera la producción de mercancías en el capitalismo hay que invertir los términos de la ley de Say haciendo que el incremento autónomo de la demanda de bienes de consumo genere su propia oferta adicional».

      8. En su forma más esencial, la fórmula cuantitativa del dinero (fundamentada por D. Hume y establecida por I. Fischer) es M×V=P×T, siendo M=cantidad de dinero, V=promedio de veces que una unidad monetaria interviene en transacciones durante un período dado (velocidad del dinero), P=índice de precios, y T=número de transacciones en un período determinado de tiempo (pero en la medida que las transacciones son relativamente proporcionales a la renta, T se puede asimilar a la renta, Y). (T y V serían insensibles a los cambios monetarios, y M y P variarían proporcionalmente.)

      Su formulación inicial la hizo David Hume: «Parece, como si fuese una máxima evidente de por sí, que [dada una velocidad del dinero constante] el precio de cada cosa [P] depende de la proporción entre las mercancías y el dinero [M/T] y que cualquier cambio de consideración en una o en otra produce siempre el mismo efecto de aumentar o disminuir los precios. Aumentad las mercancías [T] y éstas abaratarán; multiplicad la moneda [M] y la mercancía encarecerá. Por otra parte, si disminuís las unas y las otras, producís efectos contrarios» (David Hume. Ensayos políticos, número III: «Del dinero». Editado por el Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1982. Pág. 71).

      Su teoría monetaria es clara a este respecto: la inyección de moneda (metálica) produce efectos favorables únicamente durante el intervalo entre su introducción y la subida proporcional de precios: «A mi juicio, no es más que en el intervalo o situación intermedia entre la adquisición de la moneda y el alza de precios, cuando el aumento de la cantidad de oro y plata es favorable a la industria» (Ibid., pág. 64). A largo plazo, cuando ya se ha consumado el alza de precios, éste es un obstáculo al comercio.

      Las dos suposiciones fundamentales del monetarismo son: 1) el precio del dinero (en términos de bienes) viene determinado en último término por la interacción de la oferta y de la demanda de dinero, como sucede con cualquier otro bien económico; y 2) si la velocidad del dinero es constante la oferta monetaria ha de crecer a la misma tasa que la renta a largo plazo (por ejemplo, a una tasa fija que sería el promedio de las tasas de crecimiento de la renta corriente). Sin embargo, a estos supuestos cabe atribuirles dos objeciones: 1) difícilmente podemos estipular una cantidad de dinero cuando ni siquiera sabemos dónde empieza y dónde acaba el concepto «dinero» (por ejemplo, ¿cabe integrar en M las entradas contables entre empresas o las permutas de bienes?); y 2) la velocidad del dinero no es constante y, por supuesto, es de imposible cálculo a no ser de forma residual (como el simple cociente entre P×T y M).

      Tal como afirma Joan Robinson: «La tan frecuente trampa metodológica en la que ha caído el argumento [monetarista] consiste en dar definiciones de términos más exactos que los hechos a que corresponden, y en seguida tratar de esclarecer relaciones causales fundándose no en los hechos sino en las palabras» (Joan Robinson. La acumulación del capital [The Accumulation of Capital, 1956]. Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1976. Pág. 421).

      En su materialización práctica la aplicación de una política monetarista adolece de graves dificultades: 1) para que ésta pueda tener un efecto significativo, el consumo ha de ser efectivamente sensible a las restricciones monetarias (¿y cuál es el punto óptimo de restricción para no afectar fatalmente a la inversión y al empleo?); 2) las empresas monopólicas u oligopólicas pueden permitirse el lujo de trasladar al consumidor (subiendo los precios) los incrementos de la carga financiera, por lo que la restricción, en la práctica, únicamente afecta a los sectores abiertos a mercados competitivos; y 3) en el caso de las compras a crédito, el incremento de los intereses se disimula con un alargamiento de los plazos.

      James Tobin expone el principal reproche que cabe hacer a una política económica de marcado carácter monetarista: «La elección —entre un nivel de empleo más alto, mayor producción y una inflación más rápida, por una parte, y más desempleo, mayor capacidad no utilizada, y una tasa de incremento de precios más lenta, por la otra— constituye una crueldad. Ninguna persona conoce las condiciones de la elección. Si, en promedio, un 5% de desempleo se relaciona con una tasa de aumento de los precios de 1,5% al año, ¿quiere esto decir que hay que relacionar un desempleo del 4% con una inflación anual de 2 o 4 o 10% anualmente?» (James Tobin. «El futuro de la reserva federal». En Política económica nacional [National Economic Policy, 1966]. Fondo de Cultura Económica, México, 1972. Pág. 149).

      No obstante, la preocupación por los mecanismos monetarios no es exclusiva de un «cierto tipo de economistas». Carlos Marx le dedicó unas reflexiones prolijas en su obra Contribución a la crítica de la economía política [1859] (Progreso, Moscú, 1989. Pág. 93), que a primera vista se oponen a la noción clásica (de Hume) anteriormente expuesta: «Dada la velocidad de circulación, la masa de los medios de circulación está determinada, pues, simplemente por los precios de las mercancías. De suerte que los precios no son altos o bajos porque circula más o menos dinero; al contrario, la cantidad de dinero en circulación es mayor o menor porque los precios son altos o bajos». Ha de tenerse en cuenta que cuando Marx escribió este pasaje el dinero (es decir, el oro) tenía un precio equivalente al trabajo necesario para su extracción (no entramos aquí a discutir sobre las sutiles diferencias entre los conceptos valor y precio, tal como él los entendía). Así pues, Marx entendía que el dinero en sí tenía un valor intrínseco, que reflejaba el coste de su extracción y la rareza del metal precioso que lo respaldaba. Su cantidad estaría, pues, determinada por el precio (entendido como valor relativo) de las mercancías respecto a una unidad de cambio usada como numerario (que a su vez tiene un valor intrínseco). Recordemos que, según Hume, el segundo caso sería el verdadero: el valor del dinero (y el precio de las mercancías) vendría dado por la relación entre dinero y mercancías.

      Más adelante Marx reconoce que una vez que se introducen signos de valor (es decir, dinero no respaldado por el oro) las leyes de circulación monetaria real se invierten: en este caso el valor del papel moneda dependerá de la cantidad de billetes circulantes (no a la inversa, como en el caso del oro): «Mientras que, dado el valor de cambio de las mercancías, la cantidad de oro en circulación depende de su propio valor, el del papel moneda depende de cuántos son los billetes circulantes» (Ibid., pág. 109). En definitiva, la aparente divergencia entre la teoría monetaria clásica y la marxista se esfuma cuando pasamos a interpretar el dinero como «signo de valor», no como «depósito de valor».

      Marx dibuja un cuadro completo de la teoría monetaria (con antelación a Irving Fisher, el padre reconocido de la teoría monetarista), en el que aparece la cantidad de dinero (M), la velocidad de rotación del dinero (V), el número de transacciones (T) y el valor del dinero en relación al precio del resto de las mercancías (entiéndase que en su época aún no se habían desarrollado los llamados números índice, como el de la medida de los precios y de la renta).

      9. Lógicamente, lo primero (la demanda insuficiente de bienes de inversión) sería en parte consecuencia de lo segundo (las expectativas insatisfactorias), variando en función de las estimaciones de los actores económicos respecto a la evolución futura de la economía, lo que se expresa en una función denominada eficiencia marginal del capital* (respecto a la última unidad de capital invertido), que no viene dada tanto por lo que los clásicos denominaron productividad marginal*, como por las expectativas de ganancia en función de las previsiones de oferta y demanda de factores y de bienes de consumo (el rendimiento por encima del coste esperado), así como de la evolución de los tipos de interés. Estos —que marcan la tasa mínima de rendimiento que induce a invertir— no estarían determinados por las interrelaciones de la oferta y demanda de capitales, sino por la antedicha «preferencia por la liquidez», o atesoramiento (por motivos especulativos o de precaución), en respuesta a las expectativas de rentabilidad que otorgan las oportunidades de inversión existentes (que dependerían en buena parte de las tasas de interés vigentes, por lo que se origina una curiosa interacción, que no es en absoluto paradójica), y por la cantidad de dinero líquido o cuasilíquido (es decir, no invertido a plazo) que inyectan las autoridades monetarias.

      A partir de este esquema John Hicks construyó su conocido modelo IS-LM, que relaciona la curva de equilibrio del sector demanda agregada IS (que muestra las combinaciones entre interés y renta de modo que la inversión I se iguale al ahorro S, y el gasto deseado a la renta nacional), con la curva de equilibrio en el mercado de dinero LM (que combina el interés y la renta de tal modo que la oferta de saldos reales M coincida con su demanda L). (Los saldos reales son la cantidad de dinero en términos nominales dividida por el índice de precios.) La renta y la tasa de interés de equilibrio (que permite una situación de equilibrio en los mercados de bienes y de activos financieros) se situarían en la intersección de ambas curvas, del mismo modo que se determinan el precio y la producción en la teoría neoclásica de equilibrio competitivo. Según Hicks, en este sentido la teoría keynesiana no rompería con la tradición neoclásica, a la que pretendía rebatir, y por ello se la pasó a llamar «síntesis neoclásica del keynesianismo». A este respecto, véase su artículo «Keynes y los clásicos», en Dinero, interés y salarios [Money, Interest and Wages, 1982]. Fondo de Cultura Económica, México, 1989. Pp. 101-115.

      10. James Tobin describe de forma sucinta el funcionamiento habitual de una política fiscal al uso: «La idea es en verdad bastante simple: cuando hay muy poco gasto en bienes y servicios en la economía como para emplear toda la fuerza de trabajo, el gobierno o bien debe gastar más, o inducir a otras personas a que gasten más a través de medios tales como la reducción de sus impuestos o el aumento de sus pagos de bienestar. Así, el objetivo de la política fiscal no es equilibrar el presupuesto, sino equilibrar la economía, es decir, asegurarse de que haya suficiente demanda para toda la producción de que es capaz la economía» (James Tobin. «La nueva era de relaciones cordiales entre la iniciativa privada y el Gobierno», en Política económica nacional. Opus cit., pág. 48).

      Más adelante rechaza, por falaz y reduccionista, la fácil analogía del presupuesto equilibrado en una familia (según la noción tradicional, éste habría de ser el caso también para el Estado), aduciendo el siguiente razonamiento: naturalemente, un particular con un saldo al descubierto ha de equilibrar su presupuesto, pero si el Gobierno actuase de la misma manera, al desencadenarse el mecanismo multiplicador —que a continuación explicaremos— la situación presupuestaria no sólo no mejoraría, sino que bien al contrario podría empeorar sensiblemente, pues la no inversión de tales recursos disminuiría la demanda agregada, produciría atonía económica, y a medio plazo disminuirían los ingresos del Estado («Déficit, déficit. «¿En quién recae el déficit?». Ibid., pp. 65-66).

      El multiplicador es un concepto expuesto por R. F. Kahn [The Relationship of Home Investment to Unemployment, en Economic Journal, junio de 1931]. Éste se expresa por m=1/s, siendo m=multiplicador y s=propensión marginal al ahorro. Ello implica que cuando se invierte una cantidad I, por ejemplo, 100 pesetas, y la propensión marginal al ahorro es del 20% (0,2 en tantos por uno), se produciría un efecto multiplicador em=m×I igual a 500, siendo m=5. De todos modos, hemos de tener en cuenta que a este efecto multiplicador le hemos de descontar las cantidades que van a parar a la Hacienda Pública, a la importación de bienes extranjeros y a la inflación.

      J. M. Keynes no abogaba únicamente por una inyección de recursos en forma de inversión pública, sino que ya en la temprana fecha de 1929 (antes del famoso crack) propuso la implementación en toda regla de un plan de choque a favor del empleo: «Por tanto, nuestra principal tarea consistirá en confirmar el instinto del lector, según el cual lo que parece sensato es sensato, y lo que parece disparatado es disparatado. Intentaremos demostrarle que la conclusión de que si se ofrecen nuevas formas de empleo será posible emplear un número mayor de hombres, es tan obvia como lo parece y no contiene dificultades ocultas; que poner a trabajar a hombres parados en tareas útiles produce el efecto que parece que ha de producir, es decir, aumentar la riqueza nacional; y que la noción de que, por complejas razones, nos arruinamos financieramente si utilizamos estos medios para aumentar nuestro bienestar, es lo que parece: un fantasma» (J. M. Keynes. «¿Puede hacerlo Lloyd George?». En Ensayos de persuasión [Essays in Persuasion, 1931]. Crítica, Barcelona, 1988. Pág. 102). Promoción del capital social, del trabajo social y de la inversión pública son tres propuestas coherentes entre ellas que, como tendrá ocasión de comprobar el lector, se ajustan a nuestros argumentos sobre el tema.

      11. Por supuesto, el gasto público no es sólo más o menos expansivo en función de cuál sea el instrumento empleado (políticas monetarias o fiscales, desgravaciones o subsidios, etc.), sino que también tiene diferentes efectos en atención a si beneficia más a unos sectores de población o a otros: «El análisis de los efectos de la política fiscal sobre la actividad económica es más complejo, ya que debe tener en cuenta los efectos distributivos que genera la estructura de tributación y de gasto público. Como puede presumirse, el efecto contraccionista será mayor mientras menor sea la propensión marginal a ahorrar de aquel sector sobre el cual recae un aumento de la tributación. Por esta razón, un impuesto sobre los trabajadores (sobre los salarios o las ventas de bienes de consumo de los trabajadores) es más recesivo que un impuesto sobre los rentistas del capital y éste, a su vez, más recesivo que un tributo a las utilidades [beneficios] de las empresas» (José Antonio Ocampo. «De Keynes al análisis poskeynesiano. En J. A. Ocampo (coordinador): Economía poskeynesiana. Fondo de Cultura Económica, México, 1988. Pág. 44).

      12. «Nosotros diremos que los miembros de una colectividad disfrutan, en una cierta posición, de un máximo de ophélimité [utilidad] cuando es imposible encontrar una forma de alejarse un poco de esta posición, [sin] que la ophélimité [utilidad] de la que disfruta cada uno de los individuos de esta colectividad aumente o disminuya. Es decir, que todo pequeño desplazamiento a partir de esta posición tiene necesariamente como efecto aumentar la ophélimité [utilidad] de la que disfrutan ciertos individuos, y de disminuir la que disfrutan otros: de ser agradable a unos, y desagradable a otros.

      (...) Cuando el equilibrio tiene lugar en un punto [dentro de la caja de Edgeworth] donde son tangentes las curvas de indiferencia de los contratantes [curva de contrato], los miembros de la colectividad considerada disfrutan del máximo de ophélimité [utilidad]» (W. Pareto. Manuel d'Économie Politique. Librarie Doz, Ginebra, 1966. Pág. 354).

      (El óptimo paretiano [máximo de utilidad] es profusamente explicado en cualquier manual al uso que trate la llamada «Economía del Bienestar». Emplazamos al lector a un repaso de estos conceptos en libros especializados. Un poco más adelante volveremos a retomar este tema.)

      De todos modos, estrictamente hablando, el criterio de «óptimo» de Pareto no presupone una u otra distribución «óptima» de la renta. Se limita a «demostrar» la supuesta eficiencia del sistema de economía de mercado a la hora de «optimizar» unos recursos dados. En este esquema la distribución resultante de la renta es un dato externo, al margen de este cálculo de «maximización de resultados» en el ámbito de la producción: «El máximo en cuestión es un máximo relativo, esto es, relativo a una gama de posiciones vecinas y a la situación inicial de que parte el comercio, en especial la distribución inicial de los artículos entre los individuos» (Maurice Dobb. Economía del bienestar y economía del socialismo [Welfare Economics and the Economics of Socialism, 1969]. Siglo XXI, Madrid, 1972. Pág. 17.)

      Para que la distribución de la renta forme parte del cálculo paretiano de maximización (u óptimo), hemos de incardinarlo en el ámbito de la producción, mediante una distribución inicial de los recursos productivos (es decir, en el nivel de asignación factorial de los recursos), si es que no se efectúan actos políticos de redistribución, que necesariamente alterarán la asignación de los factores, redistribuyendo en orden a criterios políticos o sociales —preestablecidos— las rentas de los individuos.

      Expresémoslo, a partir de una transcripción libre, tal como lo hacen R. A. y P. B. Musgrave: «Si las combinaciones dominantes [en la transacción entre eficiencia y equidad] conducen a la economía al punto X, el movimiento hacia los puntos Y y Z sobre la frontera de utilidad es eficiente [óptimo paretiano], ya que al menos uno gana y nadie pierde. Pero el criterio de eficiencia de Pareto no nos dice cómo elegir entre los puntos situados entre Y y Z. Desde el punto de vista social, sin embargo, Z es mejor, ya que alcanza la curva de indiferencia* social más alta posible. Supongamos ahora que el funcionamiento del mercado conduce al punto Y. Dadas las curvas [de indiferencia] se obtiene una ganancia social al pasar de Y a O* [la mejor de las soluciones posibles], aumentando el bienestar social hasta llevarlo a la curva de indiferencia más alta [dados los índices de utilidad de dos personas A y B]. Esta ganancia se produce aunque A pierda, ya que el movimiento no está sancionado por el criterio de eficiencia paretiana. Además, pasar a un punto situado fuera de la frontera de utilidad (...) puede ser superior desde el punto de vista social a permanecer en Y. La introducción de una función de bienestar social [reflejada en las diferentes curvas de indiferencia] sugiere por tanto un concepto ampliado de eficiencia, es decir, uno por el cual el resultado es valorado y ordenado en términos de bienestar social» (Hacienda Pública teórica y aplicada [Public Finance in Theory and Practice, 1989]. Mc Graw-Hill, Madrid, 1994. Pág. 103).

      Y esta función de bienestar social (que más adelante relativizaremos) no tiene por qué coincidir con la maximización de los resultados (eficiencia) en una situación de libre competencia. Así pues, el principio de Pareto no tiene carácter absoluto, pues no hay un solo punto de máxima eficiencia. Y, si lo hay, éste concierne únicamente al ámbito de la producción (funciones de producción), no al de la distribución de la renta. Es por ello que su alcance es limitado: «El desacuerdo radica por lo tanto en la pertinencia del óptimo de Pareto, ya sea aplicado en un problema en el que está siendo usado un contexto dado (tal como libre comercio y libre competencia), o en las verdaderas alternativas de la política que se quiere aplicar en el mundo real» (M. Dobb. opus cit. Pág. 31).

      De todos modos, el principio de Pareto es una buena base para calibrar el efecto sobre la eficiencia (económica, no social) de las políticas distributivas o redistributivas de carácter público.

      13. W. I. Gillespie. «Effect of public expenditures on the distribution of income». En Musgrave, R. A. (ed.): Essays in Fiscal Federalism (2ª edición). Brookins Institution, Washington D. C., 1965, pág. 125. Citado por Eduardo Bandrés Moliné: Los efectos de los gastos sociales sobre la distribución de la renta en España. Edita el Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1990. Pág. 11.

      14. J. E. Meade. La economía justa [The Just Economy, 1976]. Ariel, Barcelona, 1982. Pp. 241-2.

      15. «Precisamente porque la tiranía de la opinión es tal como para hacer de la excentricidad un reproche, es deseable, de cara a rasgar tal tiranía, que el pueblo sea excéntrico. La excentricidad ha abundado siempre cuando y donde la fuerza del carácter ha abundado; y la cantidad de excentricidad en una sociedad ha sido proporcional generalmente al monto del genio, del vigor mental y del coraje moral contenido en ella» (J. Stuart Mill. On liberty. Penguin Classics, London, 1985. Pág. 132). Los autores nos identificamos con la célebre frase del mismo autor que postula: «Prefiero ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo (sic.) satisfecho».

      José Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas (Orbis, Barcelona, 1983) comparte el espíritu de John Stuart Mill, pero se inscribe en una postura contradictoria: por un lado liberal, y por otro aristocratizante. Como John Stuart Mill se opone a la tiranía de la masa: «La masa arrolla todo lo diferente, egregio, individual, calificado y selecto. Quien no sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo corre el riesgo de ser eliminado» (Ibid., pág. 44). Pero en contra del espíritu genuinamente liberal de Mill, este análisis lleva a una lectura radicalmente elistista: «Para mí nobleza es sinónimo de vida esforzada, puesta siempre a superarse a sí misma, a trascender de lo que ya es hacia lo que se propone como deber y exigencia. De esta manera, la vida noble queda contrapuesta a la vida vulgar o inerte, que, estáticamente, se recluye a sí misma, condenada a perpetua inmanencia como una fuerza exterior no la obligue a salir de sí. De aquí que llamemos masa a ese modo de ser hombre —no tanto porque sea multitudinario, cuanto porque es inerte» (Ibid., pág. 79).

      Ortega considera que la «nobleza» equivale a esfuerzo, no a privilegio, y que aun éste sería reconquistado si dejara de existir en base a la superioridad moral y vital del hombre «noble». De ahí que el mayor riesgo contemporáneo consista, por un lado, en el conformismo, y por otro, en la inconsciencia del legado de la historia y de la ciencia. El Estado pasa a ser el colchón protector, y la masa rebelde y vulgar (eternamente insatisfecha) pierde la referencia de la lucha por la existencia. José Ortega y Gasset peca de ciertos ramalazos antidemocráticos (por otro lado explicables dado el momento de redacción de su libro: la década de los treinta del siglo XX) pero su mensaje en ningún modo debe caer en saco roto.

      16. Alexis de Tocqueville expresa el peligro de la subordinación de la libertad individual a la «voluntad general» roussoniana: «En la igualdad veo claramente dos tendencias: una suscita en el espíritu del hombre pensamientos nuevos, y otra podría dulcemente llevarle a no pensar por sí mismo. Y veo cómo, bajo el imperio de ciertas leyes, la democracia extinguiría la libertad intelectual que el mismo estado social democrático favorece, de suerte que después de derribarse las trabas que antaño le impusieran las clases o los hombres, el espíritu humano se encadenaría estrechamente a la voluntad general de la mayoría.

      Si los pueblos democráticos sustituyeran las fuerzas que entorpecen o retardan excesivamente el progreso de la razón individual por el poder absoluto de la mayoría, el mal sólo cambiaría de carácter. Los hombres no habrían asegurado su independencia; sólo habrían descubierto, lo que ya es difícil, una nueva forma de servidumbre» (Alexis de Tocqueville. La democracia en América, II [De la démocratie en Amérique, 1840]. Alianza, Madrid, 1996. Pág. 17).

      17. A. B. Atkinson, en su obra La economía de la desigualdad [The Economics of Inequality, 1975] (Crítica, Barcelona, 1981, pág. 49) presenta una definición alternativa (liberal): «La renta de un período dado es la cantidad que una persona podría haber gastado manteniendo intacto el valor de su riqueza».

      Michael Parkin, en Microeconomía [Economics, 1993] (Addison-Wesley Iberoamericana, Wilmington —Delaware, USA—, 1993. Pág. 540), ofrece otro enfoque del concepto «renta»: «El valor del capital humano [renta del trabajo] es la cantidad de dinero que se tendría que dar hoy a una persona para que, si se invirtiera, generara un ingreso de interés igual al ingreso del capital humano de esas personas». Por ejemplo, si Paquito obtiene unos ingresos de dos millones de ptas. al año, y si la tasa de interés vigente es del 10%, su capital humano —según esta definición— es de veinte millones de ptas. Nótese que el concepto «capital humano» no es inocente, ni aséptico, pues implica juicios de valor sobre la utilidad, significación o valor monetario del trabajo de cada persona y, por ende, de la propia persona: es una manera de dar legitimidad a las diferencias de renta en base a supuestos como la cualificación técnica, productividad marginal, etc.

      Según este enfoque «la distribución del ingreso tiene en cuenta el capital humano y es una medida correcta de la distribución de los recursos económicos. Las distribuciones de la riqueza que han sido medidas haciendo caso omiso de la distribución del capital humano sobreestiman la desigualdad entre los individuos» (Ibid., pág. 541). Es decir, no sería la riqueza, sino la renta, el baremo para apreciar la desigualdad de oportunidades; en estadísticas oficiales se habría obviado una parte importante de la riqueza, de carácter intangible: el capital humano.

      Raymond Boudon, en su estudio titulado La desigualdad de oportunidades [L'inégalité des chances, 1978](Laia, Barcelona, 1983), desenmascara el concepto «capital humano» apelando a la compleja interrelación de variables que explican la movilidad social: «Sobre el problema de la desigualdad de ingreso, el "sentido común" nos dice que el nivel de instrucción [capital humano] mide una inversión que debería ser normalmente pagada en su valor: cuanto más largos han sido los estudios, el ingreso obtenido de esta inversión debería ser más elevado, de donde se concluye que una atenuación de la desigualdad de distribución del capital escolar debe llevar, por otra parte, bajo las mismas circunstancias, a una disminuciónde la desigualdad de distribución de ingresos. Tal es la tesis de los teóricos del capital humano, así como también la de numerosos sociólogos» (ibid., pág. 12).

      Sin embargo, «las sociedades industriales, a pesar de su carácter resueltamente meritocrático, están caracterizadas por una débil ligazón entre el nivel de instrucción y posición social, nivel de instrucción y movilidad, nivel de instrucción e ingreso» (ibid., pág. 13), pues «el nivel de herencia social que se observa en una sociedad es una consecuencia compleja de un conjunto de variables que se integran en un sistema» (ibid., pág. 10). Éstas serían: 1) posición social, 2) herencia cultural, 3) estructura social (y su evolución), 4) intensidad del efecto meritocrático, 5) intensidad del efecto de dominancia, 6) estructura escolar (y su evolución), y 7) fecundidad diferencial entre clases sociales (ibid., pp.262-263).

      18. Nicholas Kaldor lo expresa muy elocuentemente: «Si algún habitante del planeta Marte llegase al nuestro, y tuviera que juzgar de la importancia de las varias funciones cumplidas por los distintos individuos de nuestra sociedad, valiéndose para ello únicamente de lo ligero o pesado de la carga social que soporta cada cual aquí, creería que los especuladores profesionales cumplían los servicios de máxima valía para nuestra sociedad, y que los altos funcionarios y de la administración pública, o de la judicial en particular, ejecutaban los servicios menos valiosos. Si el valor social de los servicios cumplidos por un individuo fuera cuantificable, uno casi podría argüir que existe una clara correlación negativa entre el valor social de los servicios cumplidos para obtener una renta de tipo particular, y la responsabilidad de cara al fisco que eso da lugar» (N. Kaldor. Ensayos sobre política económica [Essays on Economic Policy, 1964]. Tecnos, Madrid, 1971. Pág. 234).

      19. La noción del sacrificio marginal mínimo e igual tiene su origen en el pensamiento utilitarista de Jeremy Bentham. Haciendo abstracción de su aventurada interpretación de lo que él llamaba «aritmética social» (capacidad de calcular agregadamente el grado de bienestar social), introduce el concepto esencial del sacrificio marginal de la moderna doctrina de la Hacienda Pública. Así, según él, el grado de utilidad (o felicidad) de cada unidad suplementaria de renta decrece al aumentar la riqueza del individuo: «La felicidad producida por una partícula de riqueza (siendo cada partícula de la misma magnitud) irá disminuyendo en cada partícula; la segunda producirá menos que la primera; la tercera menos que la segunda, y así sucesivamente». Cuando pasamos de la esfera de la utilidad intrapersonal a la utilidad interpersonal, el caso es similar: «Una partícula de riqueza, si se agrega a la riqueza del que tiene menos, se producirá más felicidad, que si se agrega a la riqueza del que tiene más».

      El sacrificio marginal se inspira en los mismos principios: «Por la substracción de una partícula de la materia de riqueza, se producirá una substracción menor de felicidad, si ésta se hace de la riqueza del que tiene la materia de la abundancia, más que si se hace de la riqueza del que solamente tiene la materia de subsistencia» (Jeremy Bentham. «Filosofía de la ciencia económica». En Escritos económicos [Economic Writings, 1954]. Fondo de Cultura Económica, México, pp. 186-187). Posteriormente, el mismo autor señala que «la mayor felicidad para el mayor número» vendría garantizada con una redistribución de riqueza desde los más ricos a los más pobres «hasta que las fortunas de todos fuesen reducidas a la igualdad» (Ibid., pág. 188). Un poco más adelante advierte, sin embargo, sobre los inconvenientes de tal política.

      El ejemplo dado, expresado por la figura 2, está inspirado en la noción de satisfacción —o utilidad— marginal mengeriana, que C. Menger expresa de la siguiente manera: «Imaginemos que un individuo económico necesita para la plena satisfacción de la totalidad de sus necesidades —escalonadas del 10 al 1 por orden decreciente de importancia— 10 bienes concretos o cantidades de bienes (es decir, 10c), pero que sólo dispone de 7 bienes o cantidades de bienes (esto es, 7c). En este caso... es seguro, en primer término, que el mencionado sujeto sólo podrá satisfacer con la cantidad de bienes de que dispone (con 7c) aquellas necesidades cuya importancia va de 10 a 4, mientras que las otras, las escalonadas del 3 al 1, deberán quedar incumplidas» (Carl Menger. Principios de economía política [Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, 1871]. Folio, Barcelona, 1996. Página 117n).

      El sacrificio que supone el incumplimiento de estas últimas necesidades a las que no puede acceder, o de alguna de la que su presupuesto le permitiría afrontar, obliga al individuo a renunciar a una ncesidad de orden inferior (de carácter más básico): «Por consiguiente, la pérdida de un bien o de una de las ya citadas cantidades parciales no tendría otro resultado que el de dejar insatisfecha aquella necesidad cuya importancia es más pequeña en el conjunto de aquellas cuya satisfacción estaba asegurada con la cantidad disponible total» (Ibid., pág. 118). (En la figura 2 ello se expresaría con un sacrificio de orden inferior o superior si un impuesto de capitación* extrajera la misma cantidad de renta a individuos con presupuestos diferentes.)

      En cualquier caso, hemos de tener en cuenta que para Menger el concepto satisfacción (de necesidades) hace referencia al bienestar que produce para un individuo el disfrute de una serie de bienes económicos, de órdenes de importancia progresivamente decrecientes, en función de su riqueza previa. El sacrificio fiscal es el residuo entre el presupuesto total inicial (de un individuo o de una sociedad) y lo que le queda tras la exacción fiscal. (La noción mengeriana de escala de necesidades tiene una gran similitud con la escala de motivadores laborales de Abraham Maslow, que estudiamos en el capítulo tercero de la primera sección. Sin embargo, adolece de un defecto de «psicologismo», tal como es entendido por J. A. Schumpeter.)

      Al razonamiento mengeriano de la utilidad decreciente de la renta hemos de añadir otro que apela al concepto «riesgo». Richard A. Bilas, en Teoría microeconómica [Microeconomic Theory, 1971] (Alianza, Madrid, 1985. Pp. 151-152) expone un ingenioso procedimiento para ilustrar la utilidad marginal decreciente de una renta dada. Si un individuo racional (que pretende maximizar su utilidad) estima el dinero no por el dinero en sí, sino como medio para alcanzar unos fines dados (seguridad, confort, distinción, satisfacción de unas necesidades inmediatas, etc.), nunca se jugará la totalidad de su renta al «doble o nada» cuando haya de adoptar una decisión económica, pero sí tal vez una parte no comprometedora de ella. Si por ejemplo suponemos que dispone de 400 um. y que le se ofrece una apuesta de 50 um., con una probabilidad de 50:50, con toda seguridad rehusará el juego, pues el riesgo de perder es demasiado grande (equivale a lanzar una moneda). Sólo accederá a jugar cuando la probabilidad de ganar sea algo superior a la de perder, por ejemplo 55:45. Supongamos que éste sea el límite mínimo que le induce a apostar, y que la pérdida de sus 50 um. le suponga un quebranto económico de 10 unidades de utilidad. Así pues, 0,45 probabilidades de perder (en tantos por uno) por 10 unidades de utilidad de sus 50 um. le supone la previsión de un riesgo de 4,5 unidades de utilidad. Como se encontraba en el límite mínimo que le induce a apostar, en él la previsión de ganancia es también de 4,5 unidades de utilidad. Por lo tanto —haciendo una regla de tres—disponer de 50 um. suplementarias cuando ya dispone de 400 le supondrá tan sólo 8,18 unidades de utilidad (ésta es la satisfacción —medida en términos de utilidad— que con 0,55 probabilidades de ganar 50 um. representa una previsión de ganancia de 4,5 unidades de utilidad), no 10 unidades de utilidad, como sucedería si la apuesta careciera de riesgo. (Para hallar esta cifra divídase la previsión de ganancia de 4,5 unidades de utilidad entre 0,55 probabilidades de ganar la apuesta.)

      Si esta persona gana la apuesta dispondrá de 400+50=450 um. Si consiente en seguir apostando sólo lo hará si las probabilidades de ganar fuesen, por ejemplo, 53:47, lo que supone una previsión de riesgo de 3,84 unidades de utilidad (0,47 probabilidades de perder por 8,18 unidades de utilidad de la apuesta anterior). Así pues una ganancia de otros 50 um. equivaldría a 7,25 unidades de utilidad (una previsión de ganancia de 3,84 unidades de utilidad apostadas entre 0,53 probabilidades favorables). Y así sucesivamente.

      20. R. A. y P. B. Musgrave. Hacienda Pública teórica y aplicada. Opus cit. Pp. 440-441.

      21. A este respecto obsérvese lo que dice J.A. Schumpeter en su lacónica (por inacabada) reflexión sobre el análisis del bienestar: «(...) Debería ser obvio que, dada la intención de retirar a los contribuyentes "cantidades" iguales de satisfacción, no se puede inferir de la "ley" de disminución de la utilidad marginal sino que las rentas más altas han de pagar sumas absolutas mayores que las rentas más bajas: el que un impuesto arbitrado para realizar esa intención haya de ser progresivo, proporcional o regresivo depende de la forma particular que elijamos para expresar esa ley de disminución» (J. A. Schumpeter. Historia del análisis económico [History of Economic Analysis, 1954]. Alianza, Barcelona, 1994. Pag. 1162n).

      Sin embargo, como comprobaremos más adelante, Schumpeter —como otros economistas— es escéptico sobre la posibilidad de efectuar comparaciones interpersonales en materia de utilidad. Más bien recalca la preeminencia que ha obtenido, en su lugar, la teoría de las preferencias reveladas, o de la voluntad general, y advierte sobre las consecuencias últimas de las prescripciones de la llamada Teoría del Bienestar sobre la economía aplicada, también llamada Política Económica.

      22. J. S. Mill. Principios de economía política [Principles of Political Economy, 1848]. Fondo de Cultura Económica, México, 1996. Pág. 696.

      23. No nos resistimos a citar el siguiente párrafo de J. S. Mill, que resume magistralmente los principales principios que se supone habría de respetar un buen sistema fiscal: «¿Por qué razón debe prevalecer la igualdad en materia de impuestos? Por la razón de que así debe ser en todas las cuestiones de gobierno. Así como el gobierno no debe hacer ninguna distinción entre las personas o las clases por lo que respecta a las peticiones que éstas puedan hacerle [principio de neutralidad], los sacrificios que les exija deben, por así decir, presionar a todos por igual en la medida de lo posible [sacrificio igual], lo cual debe observarse que es la manera de que el sacrificio para el conjunto sea menor [sacrificio mínimo]. Si alguien soporta una carga menor de lo que le corresponde, es porque otro soporta una mayor, y el aligeramiento de la carga para el primero no representará, caeteris paribus, un bien tan grande para él, como el mal que para el segundo representa el aumento de la que en justicia le corresponde. La igualdad en la imposición, como una máxima política, significa, por consiguiente, igualdad en el sacrificio [principio de capacidad de pago]. Quiere decir tanto como hacer que la contribución de cada persona a los gastos del gobierno no sean mayores ni menores de los que experimenta cualquier otra por el pago de la suya [principio de equidad]» (Ibid., pág. 688).

      No obstante, J. S. Mill no cree que el principio de sacrificio mínimo e igual venga dado por la progresividad formal, porque, según él, ello supondría un elemento de arbitrariedad y discrecionalidad en la definición de la política fiscal: de ahí su propuesta de combinar proporcionalidad lineal con mínimos de renta exenta.

      24. El principio de exclusión está en íntima relación con la noción del beneficiario «parásito» de un bien, servicio o recurso (free rider en terminología anglosajona). Ésta se fundamenta en el hecho de que, una vez aceptada la necesidad de una política de gasto de interés general, su beneficio universal —al no existir un fenómeno de exclusión: es decir, el disfrute de Juan no impide el de Pedro—induce a Pedro o a Juan a eludir su financiación (pues el beneficio lo recibiría tanto si pagara como si no). Para evitar la evasión o elusión de su financiación se hace necesario el pago coactivo de impuestos y tasas. (Nótese que la provisión privada de este bien o servicio es imposible, pues una empresa privada no puede obligar o coaccionar a nadie para el pago de un bien o servicio que, al ser de disfrute universal, el beneficiario individual no ha solicitado expresamente.)

      25. J. E. Meade (La economía justa, opus cit., pág. 252) afirma que «dondequiera que los beneficios sociales excedan de los privados hay un caso bien probado para la promoción por parte del Estado de la actividad en cuestión». Este mismo autor reafirma el papel del Estado como garantía última de cumplimiento de los derechos de educación y salud, por lo cual no es partidario de prestaciones monetarias (del tipo del cheque escolar) que deje a los padres la responsabilidad de la salud y la educación de sus hijos, y en un cierto momento destaca el papel cohesionador e igualador de oportunidades que supone la existencia de una provisión —y producción— de servicios sanitarios y educacionales —en especie— por parte del Estado: «Si se desea promover la igualdad igualando las dotaciones sociales y educativas, existe un argumento para fomentar las escuelas estatales abiertas a todas las clases en detrimento de la escolarización privada, susceptible de conducir a la concentración de los niños de padres ricos en un tipo de escuela que proporciona una educación más cara y más selecta que la que ofrecen las escuelas frecuentadas por los niños de padres pobres» (Ibid., pág. 251).

      26. Un ejemplo: «En cualquier actividad en que las organizaciones no estables pueden actuar mejor que el Estado o al menos tan bien como él, el Estado no debe intervenir en absoluto. Lo que importa no es que la actividad se organice como "empresa", con el beneficio como objetivo o al menos como instrumento de medida. Lo que importa es que no se gestione por el Estado. Un camino es la privatización. Otra vía es pasar del Estado protagonista al Estado proveedor, en que el trabajo se realiza, según estándares, por contratistas exteriores» (Peter F. Drucker. Las nuevas realidades [The New Realities in Government and in Society, in Economy and Economics and in World View, 1989]. EDHASA, Barcelona, 1989. Pág. 108).

      27. El concepto «indicador» es definido por Gumersindo Ruiz Bravo (Desarrollo económico y bienestar humano. Opus cit., pág. 42) como «definidor de preocupaciones sociales»: «Una vez que se poseen las estadísticas adecuadas, el indicador servirá de medida en la evolución de ese concepto (medirá su dimensión). El indicador tiene utilidad como descriptor de una situación». Por otro lado, los indicadores económicos pueden tener una significación propia «como objetivos que se fijan y tienen un valor por sí mismos, y que se desprenden de los deseos de la comunidad».

      Estos (los deseos sociales) varían en función de la función de bienestar predominante en la comunidad, que se expresaría a través de una «función de preferencia agregada de utilidades y preferencias colectivas» (Ibid., pág. 33), vehiculada en las sociedades democráticas a través del voto. Otra cuestión sería qué entendemos por «bienestar»: «La objetivación de la utilidad no es una cuestión evidente, y dentro del envoltorio de lo objetivo es frecuente que nos encontremos con una descripción de los rasgos que se interpretan de bienestar en el contexto de las economías de renta más elevada, y que frecuentemente se identifican con el consumo indiscriminado en crecimiento [bienestar objetivable —cuantitativo— medido en renta o en posesión de bienes económicos] (...) Cuando se intentan introducir otros aspectos que se consideran relevantes desde el punto de vista del bienestar social, se rechazan en la esfera convencional de la economía por considerarse subjetivos o por no corresponder con el estrictamente definido concepto de utilidad basado en el consumo [bienestar no objetivable, o cualitativo]» (Ibid., pág. 41).

      28. A. B. Atkinson (La economía de la desigualdad, opus cit., pág. 57) define como renta de ciclo vital el valor total de todos los ingresos recibidos en forma de salarios, de transferencias de capital y de prestaciones estatales, descontados a una fecha común (tomamos el valor descontado, y no su simple suma, para tener en cuenta el hecho de que la renta recibida en el futuro vale menos que la recibida en el presente).

      Franco Modigliani interpreta, a su vez, como renta de período vital, si obviamos la riqueza heredada (es decir, si no se parte de un nivel inicial de riqueza), la agregación del consumo planeado de ciclo vital (durante la vida activa) y del ahorro que servirá para financiar el período no activo del período vital (jubilación). Es decir, siendo VA=vida activa, VT=vida total y RL=renta laboral, el consumo planeado de ciclo vital en un año concreto sería C=(VA/VT)×RL, la propensión al consumo sería c=C/RL, y 1-c sería la propensión al ahorro de ciclo vital que financiará la vejez del individuo (véase R. Dornbush y S. Fischer: Macroeconomía [Macroeconomics, 1990]. Mc Graw Hill, Madrid, 1992. Pág. 307-311).

      Milton Friedman define la «renta» como la cantidad que una unidad de consumo puede consumir (o cree que podría consumir) manteniendo intacta su riqueza. La renta permanente se basa en este principio: siendo W₁ la riqueza de un individuo en el período 1, su renta sería iW₁; cuando los ingresos del año 1 superan a iW₁ queda un remanente que se puede incorporar a los ingresos del año 2. Por su parte, cuando los ingresos del año 1 no llegan a iW₁, se puede tomar prestado del año 2 (sin reducir su riqueza en el año 2 por debajo de la del año 1) para satisfacer las necesidades propias del nivel de renta permanente iW₁ preestablecido (Milton Friedman. Una teoría de la función de consumo [A Theory of the Consumption Function]. Alianza, Madrid, 1985. Pág. 26).

      Nóteseque la renta permanente se distingue de la renta transitoria en que esta última refleja los factores accidentales o casuales, más allá del deseo de conservar un nivel de riqueza dado. La renta permanente, así pues, es la renta a la que los consumidores, en último término, adoptarían su comportamiento; por lo tanto, no puede ser observada directamente, sino que ha de ser inferida del comportamiento de los consumidores (Ibid., pp. 271-274).

      Sin embargo, los datos empíricos se acercan —al menos a corto plazo— más al modelo del multiplicador keynesiano simple (en el cual se puede calcular la propensión marginal al consumo hallando la correlación entre la renta y el consumo) y descartan la idea de ciclo vital, según lo entiende F. Modigliani, o de renta permanente, como la interpreta M. Friedman, por la sencilla razón de que los individuos suelen gastar su renta en función de su renta corriente, no de sus expectativas, y de que los cambios en el consumo siempre tienen un largo retardo tras los cambios permanentes en la renta.

      29. Expresémoslo en palabras de Milton Friedman: «Si tenemos dos individuos a los que inicialmente podemos considerar como iguales en capacidad y recursos, si uno de ellos tiene una preferencia hacia el ocio y el otro hacia los bienes de consumo, habrá que establecer una desigualdad de rendimiento por medio del mercado para conseguir la igualdad de rendimiento total o igualdad de tratamiento. Puede ocurrir que un individuo prefiera un trabajo rutinario, con mucho tiempo libre para dedicarlo a tomar el sol; otro individuo puede preferir un trabajo muy exigente, pero que le produce un elevado salario. Si los dos reciben el mismo sueldo en dinero, en un sentido más fundamental sus rentas serían desiguales. (...) Mucha de la desigualdad que existe es de ese tipo. Las diferencias de renta monetaria compensan las diferencias en otros aspectos de la ocupación u oficio. En la jerga de los economistas, son "diferencias igualizadoras" necesarias para que el total de las "ventajas netas" monetarias y no-monetarias, sea igual» (Milton Friedman. Capitalismo y libertad [Capitalism and Freedom, 1962]. Rialp, Madrid, 1966. Pág. 206).

      30. «Llegar a tener realmente un gran capital partiendo de sus propios ahorros es (...) excepcional; el industrial que "se ha levantado solo" es más raro en el siglo XX de lo que lo fue en el siglo XIX. Generalmente se requieren dos o tres generaciones para acumular los grandes capitales; es ciertamente difícil hacer una fortuna si se comienza sin ningún capital, pero si se tiene algo (aunque sea poco) es mucho más fácil comenzar este proceso. El papel que juega la herencia en la causa de la desigualdad de la propiedad del capital es, consecuentemente, muy importante» (J. R. Hicks y A. G. Hart. Estructura de la economía [The Social Framework of the American Economy: an Introduction to Economics, 1942]. Fondo de Cultura Económica, México, 1965).

      31. La redistribución, como tendremos ocasión de comprobar (capítulo 5 de esta sección) no es ninguna panacea si no se tiene en cuenta un marco de posibilidades dado: «Puede "redistribuirse" lo suficiente con objeto de mitigar los extremos de la pobreza y para atenuar una concentración de poder en manos de la oligarquía. Pero un beneficio económico sustancial para la mayoría de la población debe considerarse en función de un aumento en la productividad y en la reducción de la desocupación, en la expansión del total de ingresos reales, y no en la redistribución del total ya existente. La "redistribución" puede ayudar a la consecución de este objetivo, pero sus efectos sobre los incentivos económicos son inconvenientes. La decisión de hasta dónde deben impulsarse medidas de esta clase es de las más importantes y delicadas con las que se han enfrentado las sociedades democráticas» (J. R. Hicks y A. G. Hart. Ibid., pág. 229).

      32. Una identidad contable fundamental es la que relaciona el ahorro neto (S-I) con el balance presupuestario neto (G+TR-T) más la exportaciones netas (Ex-Im), siendo S=ahorro, I=inversión, G=gasto público, TR=transferencias públicas, T=impuestos, Ex=exportaciones e Im=importaciones. Si se invierte la misma cantidad que se ahorra (S=I, por lo que S-I=0) entonces el déficit o superávit presupuestario público ha de ser compensado por las exportaciones netas (G+TR-T=Ex-Im). Si prescindimos del efecto del sector público en la economía la identidad original se reduciría a S-I=Ex-Im (ahorro neto = exportaciones netas, que pueden ser positivas o negativas), lo que implica que una tasa negativa de ahorro neto (I>S) habría de ser compensada con una entrada neta de capital exterior (que en términos agregados es un «crédito» en la cuenta de capital de la balanza de pagos) y de bienes intermedios (que es un «débito» en la cuenta comercial).

      Martin Feldstein y Charles Horioka han estudiado la relación entre el ahorro, la inversión y el déficit (o superávit) exterior («Domestic Savings and International Flows», Economic Journal, junio de 1982), llegando a la conclusión de que cuanto más elevada es la tasa de ahorro de un país (España tiene una tasa de ahorro bruto habitualmente entre 5 y 7 puntos por encima de Estados Unidos) mayor es la tasa de inversión respecto al PIB. Es decir, las variaciones de la tasa de ahorro dependerían de la necesidad de capitalización (inversión) de la economía, siendo ésta la variable independiente y el déficit exterior la variable dependiente (véase R. Dornbusch y S. Fischer: Macroeconomía. Opus cit., pág. 218).

      En la tabla 8 se refleja que —generalmente— las mayores tasas de inversión se localizan en los países con mayor déficit exterior (excepto en el caso de Japón —alta tasa de ahorro y superávit comercial— y Reino Unido —baja tasa de ahorro y alto déficit comercial—). Ello puede tener su lógica, pues por mero sentido común un país que importa más de lo que exporta es un país que aprecia poco su producción en relación a la ajena (por falta de calidad, variedad o prestigio). Es precisamente ese país el que necesita mayor esfuerzo inversor, de cara a modernizarse y capitalizarse. Ello explicaría que España haya contado, como se expresa en la tabla 9, con fuertes entradas de capital exterior (buena parte de él especulativo) y de importaciones de bienes intermedios (que parten de decisiones autónomas de los inversores españoles) a pesar de su alta tasa de ahorro bruto.

      33. Amando de Miguel. La sociedad española 1992-93. Alianza Editorial, Madrid, 1992. Pág. 231.

      34. Piero Sraffa, con vistas a expresar las ecuaciones que conforman su sistema de precios (k ecuaciones para k productos, con uno de ellos ejerciendo de numerario), distingue entre dos clases de bienes: serían bienes básicos aquellos que desempeñan un papel en la determinación de los precios y de la tasa de beneficio, al entrar (directa o indirectamente) en la producción de todas las mercancías, y serían bienes no básicos (o suntuarios) los que no entran en la totalidad de las ecuaciones (es decir, los que no intervienen en la determinación del sistema, de tal manera que si una invención redujera a la mitad la cantidad de los medios de producción que se necesitan para producir una unidad de mercancía suntuaria, el propio artículo tendría la mitad de precio, pero ello no afectaría a las relaciones de precios y a la tasa de beneficio de los artículos considerados básicos). El mismo Sraffa pone como ejemplo de tales bienes no básicos los caballos de carreras, los huevos de avestruz o la seda bruta (Piero Sraffa. Producción de mercancías por medio de mercancías [Production of Commodities by means of Commodities, 1960]. Oikos-Tau, Barcelona, 1983. Pág. 24).

      Otro ejemplo de producto no básico podría ser la renta de la tierra. Como ésta no entra en el proceso de producción (directa o indirectamente) del resto de mercancías, puede ser gravada por medio de un impuesto sin repercusión para el resto del sistema. Éste es el principio del impuesto único propugnado por Henry George, como veremos en su momento.

      35. Piero Sraffa, en su obra Producción de mercancías por medio de mercancías (Ibid., pp. 33-62), analiza en sus rasgos más esenciales la dialéctica competitiva entre salarios y beneficios. Hay que destacar tres aspectos: 1) Piero Sraffa interpreta el beneficio como el tipo de ganancia deseado que se añade a los costos determinados por los insumos productivos (mark-up); 2) la renta (o producto neto) nacional de un sistema en estado de autorreemplazamiento es el valor añadido (salarios y beneficios) a los insumos que reemplazan a los gastados en el proceso productivo; 3) identifica a la «cantidad de trabajo que puede ser comprada por el producto neto patrón» como el elemento definidor del precio de las mercancías, al tipo de beneficio dado (implícitamente equipara el precio al «valor medido en unidades de trabajo» incorporado en las mercancías).

      Estos elementos combinados (margen de beneficio escogido por los capitalistas, producto neto patrón y cantidad de trabajo incorporado en las mercancías) dan lugar a complicados esquemas de movimientos de precios: «Los términos de trabajo pueden ser considerados como los elementos constitutivos del precio de una mercancía, cuya combinación en varias proporciones puede dar lugar, con la variación del tipo de beneficio, a complicados esquemas de movimientos de precios en alzas y bajas» (Ibid., pág. 61).

      Luigi Pasinetti, en Lecciones de teoría de la producción [Lezioni di Teoria delle Produzione, 1975] (Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1983. Pp. 99-111), se esfuerza por desenredar la maraña que supone el análisis sraffiano del valor/precio de las mercancías: «Siendo los beneficios nulos y, por lo tanto, todo el producto neto destinado a los salarios, los precios resultan proporcionales a las cantidades de trabajo. Hemos llegado de esta manera a establecer con rigor el supuesto en que resulta válida la teoría clásica del valor trabajo» (Ibid., pág. 101). Sin embargo, por simple lógica económica, esta situación es harto improbable. En el caso más general en que r (tasa de beneficio real) sea tal que 1>r>0 (cuando se sitúa entre 0 y 1) «las cantidades de trabajo indirecto [capital] asumen entonces un "peso" superior respecto de las cantidades de trabajo directo a causa del beneficio que sobre ellas debe ser calculado. Esto hace desaparecer la proporcionalidad entre precios y cantidad de trabajo incorporado [en el producto]» (Ibid., pág. 108).

      Tal como expresa el párrafo arriba citado de Sraffa, el nivel de precios, en función de la variación del tipo de beneficio, experimentará variaciones que dependerán del nivel de beneficios dado: por lo general, a mayor tasa de beneficios (salarios más bajos) mayor nivel de precios en términos absolutos. Si bien, tal como expresa Luigi Pasinetti (Ibid., pág. 110), el incremento de precios será mayor —probablemente— en las empresas más capitalizadas (con respecto al numerario patrón) y menor en las menos capitalizadas, por lo que, según esta teoría, los precios dependerían tanto —a nivel relativo— de los coeficientes técnicos de producción* como —a nivel absoluto— del nivel del tipo de beneficio.

      Sin pretender adentrarnos en las complejidades de la determinación del precio patrón y de la cantidad de trabajo directo o indirecto (fechado) que incorpora, únicamente referiremos su relación fundamental: «Esta cantidad de trabajo [que es equivalente al producto neto patrón] variará inversamente con el salario patrón (w) y directamente con el tipo de beneficio. Si se toma como unidad de trabajo anual del sistema, esta cantidad equivalente de trabajo, derivada de la anterior relación, es (1/w)=[R/(R-r)]» (Ibid., pág. 54). Siendo w el salario patrón, r el tipo de beneficio y R el beneficio máximo cuando w=0. Desarrollando esta fórmula veremos esta expresión bajo otro ángulo que nos interesa más: r=R(1-w).

      Así pues, el tipo de beneficio (r) gana lo que el salario (w) pierde: cuando w=0, r=R (tipo máximo); y cuando w=1, r=0 (tipo mínimo). (Asimismo, el valor de w viene determinado por el valor de r en relación a R: w=1-[r/R].) En definitiva, según el análisis sraffiano, tanto la cantidad de trabajo que se puede comprar con el producto neto patrón (unidad de valor, o precio), como los beneficios reales, varían inversamente en función de los salarios: ésta sería la variable independiente. La diferencia entre el tipo máximo de beneficios (R) y el tipo de beneficios real (r) viene dada por el valor de w: (R-r)=w×R. Este análisis presupone que la disminución de los salarios, al aumentar el tipo de beneficio real, aumenta la cantidad de trabajo (directo o indirecto) que puede ser comprado por el producto neto patrón, lo que, como hemos visto, es objetado por otros autores: J. M. Keynes y M. Kalecki, por ejemplo.

      En definitiva, ello sería lo mismo que decir que una disminución del tipo de salario puede tener dos consecuencias: una disminución del precio del producto en términos monetarios (cuyo ritmo nunca podrá superar al descenso de los salarios, pues en caso contrario se recortarían los márgenes de beneficio), o bien un aumento de la cantidad de trabajo (directo o indirecto) que puede ser comprado al incrementarse el valor añadido disponible para el empresario (en forma de beneficios). Esta interpretación se ajusta a la teoría clásica del fondo de salarios, según la cual el empresario preve ampliar la reserva de mano de obra tanto como le permita el fondo —anticipado por él— de beneficios a reinvertir en el aumento de la plantilla. Sraffa entra aquí en una flagrante contradicción, al rechazar de plano el concepto de «anticipación» del pago de salarios: «También supondremos en lo sucesivo que el salario se paga post factum como una participación del producto anual, abandonándose así la idea de los economistas clásicos de un salario "avanzado" desde el capital» (P. Sraffa. Opus cit., pág. 26).

      No entendemos cómo se puede expresar el precio como la «cantidad de trabajo que puede ser comprado por el producto neto patrón» si esta compra no se efectúa mediante un anticipo de capital, expresado por la fórmula clásica del «fondo de salarios». A pesar de que P. Sraffa afirma que su concepto «precio» no tiene relación con el tradicional «precio de mercado», su análisis, además de confuso y abstruso, es poco realista, volviendo a pecar de los defectos del análisis marxista del valor/precio: abstracción e innecesaria complejidad. (Hemos de tener en cuenta que P. Sraffa se refiere, en general, a trabajo «abstracto» —uniforme en calidad— cuando habla del trabajo directo, y a trabajo «fechado» cuando habla del trabajo indirecto. Cuando equipara los precios a «la cantidad de trabajo que puede ser comprado por el producto neto patrón» aquel tendrá necesariamente un carácter abstracto o fechado en el tiempo.)

      36. Un estudio del Instituto Sindical de Estudios, publicado en España en 1990, llega a la conclusión de que entre 1977 y 1988 se produjo un aumento de la dispersión salarial, con un incremento del índice de Gini de hasta un 22%.

      37. El Índice de Gini expresa las diferencias entre los grupos de ingreso. Su notación es R=Σ(p_i-q_i)/Σp_i, siendo p_i la participación de los perceptores i en el número total de perceptores y q_i la participación de las rentas i en el volumen total de la renta. Se entiende que cuando p_i=q_i, R=0 (mínima), y cuando q_i=0, R=1 (máxima). O lo que es lo mismo, la máxima desigualdad (R=1) se produce cuando el último estrato de renta acumula la totalidad de la renta, y la máxima igualdad (R=0) cuando todos los estratos de renta participan de forma equitativa en el reparto de la renta.

      Gráficamente esta relación se expresa mediante la llamada curva de Lorentz, con p en las abcisas y q en las ordenadas. Siendo p_i=q_i (R=0) la curva tendría forma de recta, que parte del origen de coordenadas y tiene un ángulo de 45⁰. En cambio, siendo R=1, la curva se ajustaría a los ejes de coordenadas. Cuando 0<R<1, la superficie entre la curva resultante de la distribución efectiva de la renta y la diagonal de equidistribución de la renta, dividida por la superficie entre la diagonal de equidistribución y los ejes, expresaría el índice R, como medida de concentración de la renta.

      El hecho de que un coeficiente de Gini sea inferior al de una distribución diferente de la renta (lo que supone que la curva de Lorentz de la primera distribución está más cerca de la diagonal de igualdad total: 45⁰, o índice 0) implica una distribución menos desigual siempre que ambas distribuciones se hayan calculado independientemente de los niveles medios de renta (un país más pobre, como España, tiene un nivel de desigualdad más bajo que Estados Unidos, que a su vez tiene un nivel medio de renta más alto). En definitiva, la medida de desigualdad que representa el índice de Gini es una medida de dispersión de rentas que obvia su valor absoluto.

      Asimismo puede suceder que los índices de Gini de dos distribuciones diferentes de renta no expresen debidamente las desigualdades de la renta, al no ponderar de la misma manera a los estratos inferiores de renta. Por ejemplo, dadas dos distribuciones de renta A y B, con curvas de Lorentz secantes (ya que en A los primeros estratos de renta participan de una porción de renta mayor que B) puede darse el caso de que A tenga un índice mayor (siendo más desigual, al estar más cerca de 1) sencillamente porque tiene una distribución relativa de renta más desigual que B (lo que implicaría que en términos globales los estratos altos de renta de A, a pesar de la mejor situación del estrato inferior, participan de una porción mayor de renta que en la distribución B). Según el índice de Gini A es más desigual que B, pero si adoptamos como medida de desigualdad la porción relativa de renta que corresponde a los estratos bajos de renta, A sería objetivamente menos desigual que B. En términos técnicos ello se expresa diciendo que las distribuciones A y B de renta no son comparables —ni siquiera cuando tienen un índice de Gini idéntico— si sus respectivas curvas de Lorentz se cortan.

      38. Un estudio de A. Giménez Montero, publicado en España por el Instituto de Estudios Fiscales, también de 1990, señala que durante los últimos años se ha producido un aumento continuo de la concentración de la renta, pasando el índice de Gini de las rentas declaradas en el IRPF desde el 0,333 en 1982 hasta un 0,406 en 1987 (0,301 y 0,361 respectivamente después del pago de impuestos).

      39. Lester C. Thurow, en su libro La sociedad de suma cero [The Zero-Sum Society, 1980] (Orbis, Barcelona, 188, pág. 55) afirma que entre 1972 y 1977 —a pesar del consabido margen de error fruto de inexactitudes estadísticas— no hubo cambios en la distribución del ingreso entre ricos y pobres en los Estados Unidos: «El 40% superior de la población recibió el 69,5% del ingreso total en 1972 y el 69,6% en 1977. El 40% inferior de la población recibió el 13,7% en 1972 y el 13,8% en 1977. Si bien los cambios no son tan grandes como para tener significación estadística, puede haber habido un desplazamiento muy pequeño en el ingreso hacia el 20% inferior y el cuarto quintil (percentiles sexagésimo a octogésimo)».

      En los años ochenta, sin embargo, a consecuencia de la «revolución conservadora» de Ronald Reagan, las cosas cambiaron para mal (es decir, en dirección opuesta a la redistribución de la renta, y por tanto, de oportunidades). Así es como en un artículo publicado en el diario EL PAÍS, de 23 de mayo de 1996, el mismo autor afirmaba que, en 1995, mientras que los salarios reales semanales de los trabajadores norteamericanos que no ocupaban puestos de dirección (alrededor del 80% de la mano de obra) eran un 19% más bajos que en 1972, la remuneración de los presidentes ejecutivos creció en más de un 30%. Estos resultados se produjeron en una economía cuyo PIB real per cápita aumentó un 45% en el mismo período.

      A la misma conclusión llega J. J. Fernández Cainzos, refiriéndose a un trabajo de J. Le Grand acerca de los cambios en las medidas de concentración de la renta en Gran Bretaña: «El trabajo de Le Grand sobre la Gran Bretaña en los primeros años ochenta demostró que el Estado del Bienestar daba lugar a una redistribución que era de hecho regresiva, y no progresiva, en la que los ricos obtenían un mayor beneficio que los pobres» (J. J. Fernández Cainzos, en la introducción de David Harris: La justificación del estado de bienestar [Justifying State Welfare, 1981]. Publicado por el Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1990. Pág. 23).       Este mismo autor destaca, en referencia al citado estudio, cómo son las medidas más orientadas a los más pobres las que tienen un mayor carácter progresivo, en oposición a ciertas políticas en especie (enseñanza superior, por ejemplo). Tales medidas las resume en una redistribución de la renta para los más pobres y en políticas en especie con fuerte impacto social (vivienda, por ejemplo). A este respecto, véase lo dicho en el apartado 2.4. de esta sección.

      40. Por otro lado, en la normativa anterior al llamado «Libro Blanco», de junio de 1990, sobre la reforma del IRPF, se favorecía la inversión en activos inmobiliarios sobre otras figuras de ahorro, como podía ser el ahorro financiero. Es decir, el trato de favor a la inversión en activos inmobiliarios (deducción de intereses de préstamos utilizados para la adquisición de viviendas, la deducción por la inversión inmobiliaria, la imputación de rentas inferiores a las del mercado, etc.) ha contribuido a reforzar la dirección del ahorro hacia la vivienda. Ello ha perjudicado especialmente al pequeño ahorrador de renta fija, castigado por la baja rentabilidad causada por el efecto combinado de la inflación y la tributación de los intereses en el IRPF. El favorecimiento de figuras tales como los «fondos de inversión» y los «planes de ahorro popular» tratarían de contrarrestar esta tendencia.

      41. Hay otro método más ajustado de cálculo del déficit, atendiendo a la liquidación del déficit de caja. Se obtiene por la diferencia entre los ingresos y los gastos líquidos efectuados durante el año presupuestario natural para operaciones presupuestarias y no presupuestarias, independientemente del momento en que devengan las operaciones tanto de ingresos como de gastos públicos. Establece, por tanto, la necesidad de endeudamiento neta de flujos monetarios, a un año dado. Si al concepto anterior, basado en flujos reales de ingresos y pagos líquidos, se le añaden flujos financieros de ingresos y pagos, obtendremos lo que se llama necesidad de endeudamiento, producto, por un lado, de la devolución de préstamos obtenidos en ejercicios anteriores y, por otro, del desequilibrio de sus propias operaciones reales.

      Este método ha sido usado, hasta 1994, en la contabilidad de la Seguridad Social. En el resto de partidas presupuestarias se utilizaba el método del devengo (en el que se registran los ingresos no cuando se efectúan —liquidación del déficit de caja—, sino cuando se establece el derecho a recibirlos; por tanto, se contabilizan los gastos en el momento en que se asume su obligación, no cuando se abonan —operaciones reales—). Este último método es el implantado por el Sistema Europeo de Contabilidad, de uso en la Unión Europea.

      42. Su referencia intelectual vendría ejemplificada por la célebre frase de J. B. Say, citada por David Ricardo: «El mejor de todos los planes de finanzas es gastar poco, y el mejor de todos los impuestos es el que asciende a menos dinero» (David Ricardo. Els principis d'economia política i tributació [Principles of Political Economy, 1817]. Edicions 62, Barcelona, 1984. Pág. 202).

      El mismo Ricardo abona la tesis clásica que afirma que la conversión de déficit en deuda pública (en lugar de enjugarlo con impuestos a corto plazo) supone, de facto, un aplazamiento de impuestos hacia el futuro. Ésta es la base de la llamada teoría de las expectativas racionales: los bonos adquiridos por el público, a un determinado interés y precio, se ajustan a las cantidades que, en cualquier caso, los ciudadanos habrán de pagar en forma de impuestos en un impreciso futuro.

      Sin embargo, otra posición (neoricardiana) aduce que quienes pagan impuestos y poseen bonos tienen diferentes intereses y expectativas: los primeros estarán encantados de que se aplacen los impuestos, dado el conocido supuesto de que cualquier individuo racional otorga un valor mayor a su renta presente antes que a su renta futura (de ahí la noción de Böhm-Bawerk de «descuento del tiempo», que sustenta el concepto neoclásico del interés), sobre todo si no les preocupa la carga financiera que habrán de soportar sus hijos. Los poseedores de bonos, en cambio, posiblemente saldrán perdiendo, pues previsiblemente la tasa de descuento del pago de impuestos futuros (al ser imprevisible) será más alta que la de los pagos futuros a los poseedores de bonos (que es previsible). En definitiva, según esta doctrina (neoricardiana) el ciudadano corriente saldrá beneficiado en relación al rentista. A este respecto, consúltese el artículo de James Tobin «Políticas, expectativas y estabilización», en Acumulación de activos y actividad económica [Asset Accumulation and Economic Activity. Reflections on Comtemporary Macroeconomic Theory, 1980] (Alianza, Madrid, 1986. Pp. 52-53).

      No obstante, los autores nos inclinamos por pensar que la deuda pública es un instrumento financiero que transfiere recursos (en forma de intereses al capital ocioso) a los rentistas y especuladores; o dicho de otra manera, que provoca un flujo de renta desde las rentas activas a las rentas pasivas, que en general suelen situarse en los altos estratos de la sociedad. Su caracter, pues, es netamente regresivo, por lo cual son espurias las reflexiones en torno a la financiación futura (mediante impuestos) de los intereses de la deuda.

      43. A este respecto, el profesor Enrique Fuentes Quintana afirma lo que sigue: «El peligro de que el pago por intereses de la deuda de un déficit público elevado y continuado termine por autoalimentar el déficit público es un peligro cierto que se registra en la Hacienda Pública de muchos países y entre ellos en la Hacienda Pública española.

      (...) Disminuir, por tanto, el déficit público constituye la única alternativa viable cuando éste se financia mediante emisiones de deuda pública para evitar que la carga por los servicios de deuda (intereses y amortización de la misma) den lugar a una autoperpetuación del déficit» (Hacienda Pública, Madrid, 1987. Pp. 341-343).

      44. Es necesario destacar que la información sobre ejecución a medio plazo es escasa. La documentación que acompaña los PGE es abundante en lo que se refiere a propósitos. De hecho, el Informe Económico-Financiero de los PGE se dedica casi exclusivamente a comparar los proyectos de un año y los que se formularon el año anterior. La ausencia de análisis sobre ejecución respondería, así, a una concepción del presupuesto entendido como documento meramente formal y declarativo.

      45. Hay incluso una visión de corte clásico que admite un cierto nivel de déficit siempre que sea destinado a financiar actividades productivas generadoras de riqueza, pero que lo abomina cuando se destina a financiar transferencias u otros objetivos macroeconómicos de no inmediata rentabilidad.

      46. Juan Francisco Martín Seco. «Sector público: ingresos, gastos y financiación», en Reflexiones sobre política económica, Editorial Popular, Madrid, 1990, pág. 170.

      47. Juan Francisco Martín Seco. Ibid., pág. 192.

      48. Por otro lado, según las estimaciones del Instituto de Estudios Fiscales, la ocultación de rentas del trabajo podría cifrarse en un 5%, y en un 3% en el caso de las pensiones. A pesar de todo, el IEF advierte de la escasa fiabilidad de estas estimaciones a causa de los defectos estructurales de la base estadística y de la inadecuación de la metodología de los sistemas de cálculo empleados para calcular el fraude (por otro lado, tampoco está clara la correspondencia entre los índices de fraude en la base imponible y los índices de fraude en la cuota). De ahí que el IEF haga la siguiente advertencia: «(...) Hay que destacar la acusada relatividad y escasa fiabilidad de los trabajos hasta ahora realizados en materia de cuantificación del fraude y las graves contradicciones existentes entre sus resultados, así como advertir de los riesgos de su utilización y difusión sin advertir seriamente de estas limitaciones, dado que, incluso con estas advertencias, la utilización desnuda de los datos puede apoyar posturas exculpatorias del fraude sobre bases cuyo acercamiento a la realidad ofrece serias dudas» (Instituto de Estudios Fiscales. Informe sobre el fraude en España. Madrid, julio de 1994. Pág. 39).

      49. María Isabel Escobedo e Ignacio Mauleón. «Demanda de dinero y economía sumergida», en la revista Hacienda Pública Española, número 119-3/1991. Edita Instituto de Estudios Fiscales.

      50. El informe sobre el fraude fiscal antes citado reconoce una larga serie de abusos y actitudes inquisitoriales o arbitrarias, que generan —innecesariamente— tensión e indefensión en el contribuyente, y apunta lo siguiente: «La Unidad considera que, con algunas reservas y matizaciones, estos y otros elementos están presentes en las relaciones ordinarias de la Administración Tributaria con los contribuyentes, configurando un estado de relación caracterizado por un cierto grado de tensión. Avanzar en este aspecto depende de un conjunto complejo de medidas cuya relación obligaría a entrar en cuestiones excesivamente detalladas para el alcance pretendido de este Informe. Por ello, se formula como recomendación general el estudio y análisis crítico permanente (...) del marco general de relación con los contribuyentes en todas las áreas funcionales de la organización, así como la adopción de medidas que incrementen la calidad del servicio público y eliminen tensiones innecesarias en la relación con los ciudadanos y el seguimiento, mediante técnicas de análisis social, del efecto de tales medidas» (IEF. Opus cit. Pág. 159).

      51. Ministerio de Economía y Hacienda. Informe sobre la reforma de la imposición personal sobre la renta y el patrimonio (Libro Blanco). Edita la Secretaría de Estado de Hacienda, Madrid, 1990, pág. 34.

      52. La noción utilitarista arranca de la noción benthamita de bienestar: «Mi noción de hombre es la de un ser que anhela la felicidad, tanto en el éxito como en el fracaso, y en todos sus actos continuará haciéndolo, mientras siga siendo hombre» (Jeremy Bentham. «La psicología del hombre económico». Opus cit., pág. 3). A su vez, la política y la ética de la utilidad se puede resumir en la siguiente expresión: «El legislador deberá dar preferencia a los intereses que promueven, en grado máximo, la felicidad para el mayor número de personas» («Filosofía de la ciencia económica». Ibid., pág. 172).

      Por utilidad se entiende «la propiedad, en cualquier objeto, por medio de la cual, tiende a producir beneficio, ventaja, placer, bien o felicidad (..), o (...) para impedir que le ocurran: el perjuicio, el dolor, el mal o la desdicha a la parte cuyos intereses se consideran; si esta parte es la comunidad en general, entonces la felicidad de la comunidad; si la de un individuo en particular, entonces la felicidad de ese individuo» (Ibid., pág. 179). A partir de aquí se colige que todo artículo que «puede ser de utilidad, es, desde este mismo punto de vista, que posee algún valor» («La verdadera alarma». Ibid., pág. 90).

      La conducta humana se ajusta a este esquema mediante el interés económico, de tal modo que «cuando para que un hombre disfrute de un bien o sea, de cierto placer o exención de alguna pena, le ha parecido que es necesario que haya ocurrido cierto suceso o estado de cosas, y para el objeto de ocasionar su realización ha ejecutado determinado acto, entonces entre los fenómenos psicológicos que, en el caso en cuestión han ocurrido y se han efectuado en su mente, se encuentran los siguientes, a saber: ha sentido tener un interés en la posesión de ese mismo bien (...) Ha sentido la necesidad de él (...) Y el deseo que él ha sentido de poseerlo ha obrado en su voluntad en forma de un motivo, por cuya acción y con su ayuda, se ha producido el acto ejecutado por él» («Psicología del hombre económico». Ibid., pág. 4).

      Un ejemplo claro de la visión filantrópica del «utilitarismo social» lo tenemos en J. Stuart Mill: «En un estado de progreso del espíritu humano se da un constante incremento de las influencias que tienden a generar en todo individuo un sentimiento de unidad con todo el resto, sentimiento que, cuando es perfecto, hará que nunca se piense en, ni se desee, ninguna condición que beneficie a un individuo particularmente, si en ella no están incluidos los beneficios de los demás» (J. S. Mill. El utilitarismo. Opus cit., pág. 85). Esta concepción «bienintencionada» del utilitarismo contrasta con la puramente crematística que posteriormente dio pie a la teoría del valor-utilidad.

      No obstante, no obviemos la referencia que hace J. S. Mill a la idea de que el bienestar de uno no tiene por qué oponerse al de los demás (en definitiva, rechaza el principio excluyente del «bienestar como suma cero»). A este respecto, John Gray, en su obra Liberalismo [Liberalism, 1986] (Alianza, Madrid, 1994. Pág. 84), afirma que «el argumento tradicional contra Mill es que, a menos que se suponga que la protección de la libertad y el fomento del bienestar general no son nunca fines contradictorios, (...) entonces el principio supremo de utilidad sancionará en ocasiones restricciones de la libertad que los liberales clásicos (...) no pueden sino considerar injustas». Es decir, John Gray afirma que la preeminencia que J. S. Mill otorga a la utilidad sobre la libertad supone que «en muchos casos es posible evitar el daño y fomentar el bienestar restringiendo la libertad e imponiendo cargas desiguales y no equitativas a diferentes grupos sociales» (Ibid., pág. 87). John Stuart Mill, así pues, sería un precedente del moderno concepto de equidad o justicia redistributiva (que interpretaba, en relación a los estándares actuales, de manera un tanto restrictiva, como hemos tenido ocasión de ver en el segundo capítulo de esta sección). Según John Gray, la preocupación de J. S. Mill de conciliar el bienestar general con el principio de libertad se saldó con un rotundo fracaso.

      53. «En el fatídico año de 1929 un informe del Comité sobre Cambios Económicos Recientes, bajo la presidencia de Hoover, formuló este confiado pronóstico: "económicamente tenemos un campo ilimitado por delante; hay nuevas necesidades que abrirán camino, incesantemente, a otras necesidades a medida que las primeras sean satisfechas... Parece que hemos tocado sólo el umbral de nuestras posibilidades» (Maurice Dobb. Estudios sobre el desarrollo del capitalismo [1945]. Siglo XXI, Madrid, 1979. Pág. 380). Asimismo, días antes del famoso crack de ese mismo año, Irving Fisher (padre de la doctrina monetarista) se atrevía a decir que «las cotizaciones bolsarias han alcanzado lo que parece un permanente alto nivel de estabilización» (por supuesto, acabó arruinado). (Citado por Juan Mascareñas Pérez-Iñigo: volumen primero de la colección «Conocer los mercados financieros». Edita La Gaceta de los Negocios, año 1995. Pág. 82).

      54. Fue Wilfredo Pareto quien dijo jocosamente: «¡Mostradme una utilidad o satisfacción que sea, por ejemplo, tres veces mayor que la otra!» (extraído de J. A. Schumpeter: Historia del Análisis Económico. Opus cit., pág. 1154). Asimismo, John Hicks hace la siguiente analogía: «No podemos tomar la temperatura cuando no debemos usar un solo termómetro sino un número inmenso de termómetros diferentes, que funcionan por principios diferentes, y sin ninguna correlación necesaria entre sus registros» (J. Hicks. «Fundamentos de la economía del bienestar». En Riqueza y bienestar [Wealth and Welfare, 1981]. Fondo de Cultura Económica, México, 1986. Pág. 79).

      55. Schumpeter, en su Historia del Análisis Económico (Opus cit., pág. 174) afirma lo siguiente: «Las hipótesis utilitaristas son realmente básicas para la parte de la teoría económica que se suele llamar teoría del bienestar, heredera de las teorías dieciochescas italianas de la felicità pubblica. Solemos adoptar esas hipótesis cuando discutimos problemas como el de los efectos de las "transferencias de riqueza de los relativamente ricos a los relativamente pobres". Y ésa es precisamente la razón por la cual las proposiciones de la economía del bienestar no convencen nunca a nadie que no esté ya convencido previamente y sin necesidad de argumentación alguna. Pues aunque sin duda hay un aspecto de esos problemas para el cual es adecuado el planteamiento utilitarista —siempre que lo consideremos metodológicamente admisible—, es evidente que ese aspecto no es el único: en realidad, cuando probamos que el transferir el dólar del rico a manos del pobre aumenta el bienestar en sentido utilitarista hemos probado muy poco».

      Si bien el escepticismo de Schumpeter no nos debe sorprender si tenemos en cuenta su actitud general ante la vida y su escasa sensibilidad ante los problemas cotidianos. He aquí un botón de muestra, extraído de una conferencia realizada en plena depresión americana de los años treinta: «Caballeros, ustedes están preocupados por la depresión. Pero no lo deberían estar. Puesto que para el capitalismo una depresión es una buena ducha fría».

      Robert L. Heilbroner, presente en la citada conferencia, no ocultaba su perplejidad ante ese —peculiar por inconsiderado— punto de vista. Extraído de The worldly philosophers, Simon&Schuster, New York, 1992. Pág. 291.

      56. Maurice Dobb, en su obra Economía del bienestar y economía del socialismo (Opus cit., pp. 146-148), hace referencia al intento por parte de Abram Bergson de rehabilitar el concepto de función de bienestar social mediante un procedimiento formal que permitiría exponer algo similar a una curva de indiferencia de la comunidad, o el conjunto de preferencias y disposiciones que dan lugar a formular un óptimo general de bienestar: es decir, la tangencia entre la curva de posibilidades de la producción y la curva de indiferencia de la comunidad (en términos más llanos diremos que la utilidad es una función de las cantidades de los diversos bienes). Ante esta tentativa, M. Dobb hace la siguiente reflexión: «La función de bienestar social (...) es un ejemplo elegante del tipo de formalismo, tan en boga hoy en día, que facilita en gran manera el análisis suponiendo que los problemas decisivos se resuelven por medio de algún procedimiento ingenioso (no revelado) sin proporcionar ningún medio real de obtener la solución» (Ibid., pág. 147).

      C. E. Ferguson y J. P. Gould (economistas de inspiración neoclásica), aun reconociendo la acientificidad del concepto «función de bienestar social» (Teoría microeconómica [Microeconomic Theory, 1975]. Fondo de Cultura Económica, México, 1988. Pág. 468), «a menos que la sociedad esté gobernada por un dictador, en cuyo caso la función de bienestar social será la función de preferencia individual del dictador», se aferran tozudamente, si no al concepto, sí a la idea que busca un punto de óptimo posible en aquella posición en que «una curva de indiferencia social es tangente a la frontera de posibilidades de utilidad» (es decir, donde, según esta interpretación, la producción, el intercambio y la distribución de factores generan el bienestar social —medido en términos de gasto— máximo posible). El problema reside en cómo establecer tales curvas de indiferencia social y, especialmente, la frontera de posibilidades de utilidad (ésta vendría dada por los infinitos puntos óptimos —donde no se puede aumentar el bienestar de A sin disminuir el de B—que trazan infinitas curvas de contrato* en función de las infinitas distribuciones de la renta entre A y B). Como es lógico, esta abstracta (y abstrusa) teoría tiene pocas posibilidades de concretarse en políticas reales, si no median otros instrumentos para conocer —estadísticamente o políticamente— las preferencias sociales (por ejemplo, a través de muestreos o plebiscitos).

      A este respecto, Tibor Scitovsky afirma lo siguiente: «El determinar la forma de la función de bienestar social implicaría un juicio de valor que probablemente tendría que ser hecho por el economista. En consecuencia, parece que la introducción de la función de bienestar social no ha resuelto realmente el problema del economista. Ciertamente, ha retirado de sus hombros la responsabilidad de atribuir ponderaciones a las satisfacciones o bienestar de las diferentes personas, pero le ha impuesto la nueva y muy parecida responsabilidad de atribuir ponderaciones a las opiniones y las preferencias de las diferentes personas» (Tibor Scitovsky. Ensayos sobre bienestar y crecimiento. Opus cit., pág. 168).

      En efecto, establecer una función de bienestar social equivale a establecer una función de preferencia social, que se traduce en escoger criterios de maximización de... ¿qué?. De hecho, existen múltiples objetivos a maximizar. Siendo W=función de bienestar social, C=consumo, L=trabajo y K=capital, tenemos: 1) W=f(C), 2) W=f(C,K), 3) W=f(C/L), etc. En (1) se considera que el bienestar es una función del consumo agregado; en (2) se añade el factor capital; y en (3) se subraya una función de consumo por trabajador (se podrían expresar más funciones de bienestar social: por ejemplo, una que tuviese como baremo un indicador determinado, como puede ser la maximización del crecimiento, o la equiparación a modelos externos de referencia, etc.) Por otro lado, una vez consensuada la función de bienestar, habría que escoger el horizonte temporal: ¿a corto plazo?, ¿a largo plazo?, ¿a un plazo ilimitado?. Y sobre todo, ¿qué se entiende por corto o largo plazo? (Véase H. Jones. Introducción a las teorías modernas del crecimiento económico [Modern Theories of Economic Growth, 1975]. Antoni Bosch, Barcelona, 1979. Pág. 267.) Como podemos observar, Tibor Scitovsky no anda muy desencaminado cuando afirma que plantear supuestas funciones de preferencia social equivale a postergar —y acentuar— los inevitables juicios de valor que acompañan en todo momento a las decisiones de política económica.

      57. Es tan acientífico absolutizar sobre las ganancias en bienestar social gracias a medidas redistributivas como sobre los supuestos beneficios de los mecanismos de mercado de cara a aumentar la satisfacción global, argumento éste expresado por el siguiente párrafo: «Si la organización pública de una sociedad es tal que se concede importancia primordial a sus miembros individuales, el bienestar social, o sea, el bienestar económico de la sociedad, se elevará al máximo cuando cada uno de las comunidades, cada empresa, cada industria y cada mercado de insumos, funcionen en condiciones de competencia perfecta» (C. E. Ferguson y J. P. Gould. Teoría microeconómica. Opus cit., pág. 461).

      Estos autores que —como vimos en la nota anterior— califican de dictatorial cualquier intento que, a partir de juicios o valores morales, pretenda elaborar una función de bienestar en atención a ciertas preferencias sociales (económicas o morales) de unos respecto a otros, demuestran una absoluta insensibilidad ante las distribuciones desiguales de recursos, por lo cual sacrifican ante el altar de la eficiencia (de la producción máxima, u óptima) la equidad y la igualdad de oportunidades.

      Estamos de acuerdo con Tibor Scitovsky (Opus cit., pág 170) cuando afirma que «en nuestra sociedad el economista tiene que elegir. Si desea mantener una objetividad estricta, se hace un técnico; si desea aconsejar sobre política económica, en la mayoría de los casos tiene que renunciar a su pretensión de tener la objetividad de un científico natural».

      58. John Bonner. Politics Economics and Welfare. Wheatsheaf Books, Manchester, 1986. Pág. 25.

      59. A. C. Pigou. The Economics of Welfare. McMillan, London, 1962. Pág. 12.

      60. A. C. Pigou. The Economics of Welfare (1920). Citado por Maurice Dobb en Economía del bienestar y economía del socialismo, opus cit., pág. 38.

      61. A. Sen ilustra el denominado «principio de Pareto» con un ejemplo caricaturesco: «Una economía puede ser óptima en este sentido [paretiano] aun cuando unos estén nadando en la abundancia y otros bordeen la indigencia, con tal de que no pueda mejorarse a los indigentes sin recortar los placeres de los ricos. Si evitar el incendio de Roma hubiese hecho que Nerón se sintiese peor, entonces dejarle incendiar Roma sería un óptimo de Pareto. En resumen, una sociedad o una economía puede ser óptima según Pareto y ser no obstante perfectamente indignante» (A. Sen. Elección colectiva y bienestar social. Opus cit., pág. 39).

      Según J. M. Buchanan y G. Tullock (El cálculo del consenso [The Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy, 1962]. Planeta-Agostini, Barcelona, 1993. Pág. 122) «el enfoque del economista político del bienestar indica que una elección específica es óptimo de Pareto sólo si todas las partes están de acuerdo». La «optimalidad» entendida de este modo se traduce en el cálculo —como el título de la obra indica— de un consenso. Una vez aceptado que el juego político dirime las consecuencias producidas por los costes externos (externalidades) de los actos de los individuos, los autores se afanan por destacar las bondades de un modelo de intercambio (o compra) de votos que se desarrolla desde los votantes con intensidad débil (menor interés en el proceso) hasta los votantes con intensidad fuerte (mayor interés). El pago de este intercambio de votos formaría parte de las compensaciones económicas (en forma de «soborno», según terminología de Scitovsky) desde los beneficiados por una actividad hasta los perjudicados o los indiferentes. Únicamente este modelo electoral garantizaría, según los autores, la «optimalidad paretiana»: «Hemos demostrado que sólo si se introducen pagos adicionales hay seguridad de que la toma de decisiones según la regla de la mayoría conducirá a posiciones en la frontera de optimalidad de Pareto» (Ibid., pág. 223).

      62. Es conveniente situar el pensamiento económico de W. Pareto en el contexto de su trabajo como sociólogo y politólogo. Es harto conocida la inclinación de W. Pareto por la derecha conservadora (hasta el punto de comprometerse políticamente con Benito Mussolini) y su desprecio por el talante democrático (es creador, junto con Caetano Mosca, de la llamada «teoría de las elites»). Es por ello que Herman Heller, sin ambages, lo denomina «padre del fascismo» (Teoría del Estado [Staatslehre, 1934]. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1992. Pág. 24).

      Ello no contradice su ardiente defensa de la libertad de mercado y de la «ley de suma cero» en Economía (el todo es igual a la suma de las partes), aunque no en Sociología (pues según él existen condiciones objetivas de desigualdad que explican el dominio de unas minorias —elites— sobre las mayorías). Su actitud antidemocrática en lo social y político se conjuga sin aparentes conflictos con un liberalismo recalcitrante en lo económico. Ello lo sitúa como un precedente de la nueva ola neoconservadora de la segunda mitad del siglo XX (M. Friedman, L. V. Mises y F. Hayek).

      J. A. Schumpeter, en su pequeña reseña biográfica dedicada a este autor (Diez grandes economistas de Marx a Keynes [Ten Great Economists from Marx to Keynes]. Alianza, Madrid, 1969) tiene, no obstante, una visión condescendiente con su trayectoria política. Refiriéndose a su apoyo explícito al fascista Benito Mussolini dice: «Pero Pareto no pasó de aquí: Se limitó a aprobar el éxito que en la restauración del orden tuvo Mussolini [como si Mussolini no hubiese sido parte importante del desorden al que se refiere Schumpeter], y éste [Mussolini] se honró a sí mismo al conferir el rango de senador a un hombre que continuó predicando la moderación y que se erigió permanentemente en defensor de la libertad de prensa y de la enseñanza. Hasta el final de sus días, Pareto se negó a abrazar aquel "ismo", del mismo modo que había rechazado todos los demás» (Ibid., pág. 168). Este tono parece más adecuado para una loa necrológica que para un análisis sincero de la evolución política del personaje historiografiado.

      63. «No debemos olvidar que el bienestar económico que disfruta alguien, en un período cualquiera, depende de la renta que consume, y no de la que percibe; y que cuanto más rica sea una persona menor será el porcentaje de su renta total que dedica al consumo, de modo que si suponemos que es veinte veces mayor que la de otra más pobre, su renta consumida podrá ser, por ejemplo, únicamente cinco veces mayor. Sin embargo, es evidente que toda transferencia de renta de un hombre relativamente rico a otro relativamente más pobre y de un temperamento similar, al permitirle satisfacer necesidades más intensas, incrementa la suma total de satisfacción» (A. C. Pigou: La economía del bienestar. Versión española: Editorial Aguilar, Madrid, 1946. Pág. 76).

      64. «Para que se eleve el nivel de la renta mínima o disminuya la desigualdad de las rentas, es imprescindible que la riqueza crezca más rápidamente que la población. Por consiguiente, vemos que el problema central para mejorar la condición de los pobres consiste, principalmente, en incrementar la producción de riqueza» (Wilfredo Pareto. Cours d'Économie Politique. II. Pág. 324. Citado por A. C. Pigou. La economía del bienestar. Opus cit., pág. 550).

      65. Nicholas Kaldor. «Las proposiciones de la economía del bienestar» [Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility, 1939], en Ensayos sobre el valor y la distribución [Essays in Value and Distribution, 1960]. Tecnos, Madrid, 1973. Véase también Maurice Dobb: Teorías del valor y de la distribución desde Adam Smith [Theories of Value and Distribution since Adam Smith, 1973] (Siglo XXI, México, 1980. Pág. 262) y Economía del bienestar y economía del socialismo, opus cit., pág. 111.

      66. Nicholas Kaldor pone como ejemplo de la política de compensaciones los efectos resultantes de la abolición de las Leyes del Trigo: «Siempre es posible para el Gobierno garantizar el mantenimiento de la distribución existente [el subrayado en nuestro] de la renta, pues puede "compensar" a los terratenientes [parte perjudicada] de cualquier pérdida de renta, con ayuda de los fondos obtenidos a través de un impuesto adicional sobre aquellas personas cuyos ingresos han aumentado. De esta forma, todos y cada uno de los miembros de la sociedad pueden continuar disfrutando de la misma capacidad de renta que antes, mientras que todos ellos aumentan su capacidad de consumo, pues todavía se mantiene el efecto de precios inferiores del trigo, causado por la supresión de los aranceles» (N. Kaldor. Opus cit.).

      Es decir, su principio de compensación parte de los aumentos de la productividad por motivos externos a la política económica impulsada por el Gobierno (como la evolución de los precios —por ejemplo, por la apertura de nuevos mercados—, o del cambio técnico), inscribiéndose en el objetivo optimizador paretiano, ajeno a consideraciones de equidad o justicia redistributiva. A este respecto, D. M. Winch (Economía analítica del bienestar [Analytical Welfare Economics, 1971]. Alianza, Madrid, 1975. Pág. 209) hace el siguiente comentario: «Cualquier intento de compensar la falta de equidad puede obstaculizar una eficiente reasignación de recursos. Si se desea compensar a aquellos que abandonan la agricultura [política habitual de la Unión Europea] por los costes que incurren al desplazarse, o por la pérdida permanente que puede suponer el que en otros sectores no haya puestos de trabajo disponibles que proporcionen la renta que se considere justa, pueden usarse distintos sistemas de compensación. Las subvenciones directas, que no estén supeditadas a la permanencia en la agricultura sería uno de los más eficientes. Las distorsiones provocadas por los subsidios o los precios de sostén en el nivel de precios, aunque puedan servir para lograr el efecto deseado en los niveles de utilidad, suponen una seria amenaza para la asignación eficiente de los recursos».

      John Hicks es otro de los referentes en la idea de la «compensación». En su artículo «Fundamentos de la economía del bienestar» [The Foundations of Welfare Economics, 1939] (en Riqueza y bienestar. Opus cit., pp. 75-93), publicado dos meses después de la aparición del citado artículo de N. Kaldor, reconoce que es labor del economista ponderar los costes y los beneficios de cualquier medida compensadora: «Dado que casi toda clase de compensación concebible (el reordenamiento de la tributación, por ejemplo) debe influir de algún modo en la producción, la tarea del economista del bienestar sólo se completará cuando haya observado los efectos totales de ambos lados de la reforma propuesta; no deberá elogiar la reforma mientras no haya considerado esos efectos totales y los haya juzgado buenos» (Ibid., pág. 92).

      67. Tibor Scitovsky. «Una nota sobre las proposiciones de bienestar en la teoría económica» [A Note on Welfare Propositions in Economics, 1941]. En Ensayos sobre bienestar y crecimiento [Papers on Welfare and Growth, 1964]. Tecnos, Madrid, 1970. Pp. 113-127. Véase también Maurice Dobb: Economía del bienestar y economía del socialismo. Ibid., pág. 111.

      68. John Bonner. Politics economics and welfare. Opus cit., pág. 32.

      69. Esta teoría se fundamenta en la comparación entre los índices de Laspeyres (L=Sp₁q₀/Sp₀q₀, que relaciona los precios con las cantidades del año base, q₀) y de Paasche (P=Sp₁q₁/Sp₀q₁, que relaciona los precios con las cantidades del año de referencia, q₁) y el llamado índice sobre el ingreso (E=Sp₁q₁/Sp₀q₀). Si E es mayor que P y que L, el nivel de vida mejorará en el año 1 respecto al año 0; si E es menor que P y que L, el nivel de vida baja al pasar del año 0 al año 1. Pero si L>E>P, o P>E>L, no se puede llegar a conclusión alguna. Es decir, para que se pueda llegar a una medida intertempo­ral de bienestar E no puede ser menor a L o a P (si se calculan conjuntamen­te).

      Tal como afirma M. Dobb (Economía del bienestar y economía del socialismo. Opus cit., pág. 134): «Para ser válido y excluir la posibilidad de autocontradicción, un aumento del ingreso social debe tomarse como que significa un aumento en el bienestar potencial desde el punto de partida de todas las distribuciones posibles (...) No es una cosa que sea capaz de ser demostrada por los datos de los números índice. El único caso en que podemos estar seguros, en una forma a priori, es cuando todos los cambios en el producto se hacen en la misma dirección: cuando hay sólo aumentos y no disminuciones. Pero esto es algo ya conocido ab initio: derivable del mero sentido común antes de iniciar el complejo debate y es de muy poca ayuda frente a los cambios generalmente más complicados que confrontan quienes conducen la política».

      70. Kenneth E. Boulding, en su artículo «La economía como una ciencia moral», presenta un enfoque alternativo sobre el concepto «preferencias reveladas»: «Es completamente cierto, como vimos antes, que los economistas despreciaron el problema de la malevolencia y la benevolencia. Sin embargo, nuestras actitudes hacia los demás pueden medirse por lo menos tan bien como el resto de las preferencias, sea por cierto principio de "preferencia revelada" o por interrogatorios directos. Le compete por completo a la economía desarrollar, por ejemplo, una conceptualización de la "tasa de benevolencia", que representa la cantidad de objetos cambiables, medida en dólares reales, que una persona estaría dispuesta a sacrificar para contemplar un incremento de un dólar real en el bienestar de otra. Si la tasa de benevolencia es cero, tenemos indiferencia o egoísmo puro; si es negativa, tenemos malevolencia, en cuyo caso los individuos requieren una compensación para contemplar sin pérdida el incremento de bienestar de un enemigo; o, a la inversa, estarían dispuestas a perjudicarse a sí mismas para perjudicar a los demás. La tasa de malevolencia sería, entonces, el monto en dólares reales en que uno estaría dispuesto a perjudicarse a sí mismo con el fin de perjudicar a otro en un dólar (...)

      Entre paréntesis, el concepto de una tasa de benevolencia es por lo menos una solución parcial al confuso problema de las comparaciones interpersonales de utilidad» (K. E. Boulding. «La economía como una ciencia moral» [«Economic as a Moral Science», American Economic Review, pp. 469-478, 1970], en P. Sweezy et al.: Crítica a la ciencia económica. Ediciones Periferia, Buenos Aires, 1982. Pág. 82).

      71. K. J. Arrow. Social Choice an Individual Values (New Haven and London. Yale University Press, Westford —Massachusetts—, 1963. Pp. 2-3). La «paradoja de la votación» de Arrow la podríamos ilustrar con un ejemplo harto conocido: dadas tres personas X, Y, y Z, y tres preferencias políticas I (izquierda), C (centro) y D (derecha), existirá un sistema de preferencias de pico único, con un sistema de ordenación predeterminado (izquierda-centro-derecha), cuando cada una de las personas X, Y, y Z esté dispuesta a optar por cada una de las tres opciones políticas I (izquierda), C (centro) y D (derecha) de forma secuencial y lógica. Por ejemplo, X preferiría en una primera opción I, en una segunda opción C, y sólo en una tercera D. En cambio, no sería lógico que prefiriera como primera opción I, como segunda D, y como tercera C. Si así fuese, X sería un extremista y la solución —aunque Y y Z actuaran de forma lógica (por ejemplo, si Y se decanta a la izquierda y Z al centro-derecha)—, sería indeterminada, pues el sistema, en este ejemplo, estaría bloqueado al no existir un juego claro de mayorías, sino un virtual empate.

      Ahora bien, aquí entramos en la ardua discusión acerca de si esta paradoja es constatable en la realidad: si fuera éste el caso podríamos decir que existe una parte significativa de la población que no tiene una orientación ideológica clara, sino que suele variar arbitrariamente —de forma no lógica— el sentido de su voto. Pero la experiencia indica que suele existir una cómoda mayoría escorada hacia el centro (centro-izquierda, o centro-derecha), y que las alternancias tienen un carácter moderado, en absoluto zigzagueante.

      72. A. C. Pigou. The Economics of Welfare. Opus cit., pág. 20.

      73. Milton y Rose Friedman. Capitalismo y libertad. Opus cit., pág. 205.

      74. M. y R. Friedman. Libertad de elegir [Free to Choose, 1980]. Orbis, Barcelona, 1983. Pág. 194.

      75. Max Weber. La ética protestante [Protestantische Ethik, 1905]. Sarpe, Madrid, 1984. Herbert Spencer representa un caso extremo, entre los liberales clásicos, de este sentimiento que atribuye a la indolencia del pobre su propia miseria: «(...) Cuando en una época como la nuestra [1884] se pintan las miserias de los pobres, el público se las representa como miserias a que se hallan sujetos los virtuosos pobres, en vez de representárselas como miserias sufridas por los culpables pobres, lo que sería más justo, en la mayor parte de los casos. Aquellas personas, cuyas penalidades se exponen en los folletos, sermones y discursos que resuenan en todo el país, nos son todas presentadas como personas muy dignas, víctimas de crueles injusticias; de ninguna se nos dice que experimente las consecuencias de sus propias faltas» (Herbert Spencer. El individuo contra el Estado [Man versus State, 1884]. Júcar, Madrid, 1977. Pág. 27). Esta filosofía social ha adquirido plena actualidad, en nuestros días, en aquel movimiento social que ha venido a bautizarse como «rebelión de los ricos».

      76. M. y R. Friedman. Libertad de elegir. Opus cit., pág. 42.

      77. «La igualdad de los preceptos legales generales y de las normas de conducta social es la única clase de igualdad que conduce a la libertad y que cabe implantar sin destruir la propia libertad. La libertad no solamente nada tiene que ver con cualquier clase de igualdad sino que incluso produce desigualdades en muchos respectos. Se trata de un resultado necesario que forma parte de la justificación de la libertad individual. Si el resultado de la libertad individual no demostrase que ciertas formas de vivir tienen más éxito que otras, muchas de las razones en favor de tal libertad se desvanece­rían» (F. A. Hayek. Los fundamentos de la libertad [The Constitution of Liberty, 1959]. Folio, Barcelona, 1996. Pág. 109).

      78. M. y R. Friedman. Libertad de elegir. Opus cit. Pág. 99.

      79. M. y R. Friedman. Ibid., pág. 199. Milton Friedman es uno de los referentes del neoconservadurismo y el neoliberalismo vigente en los Estados Unidos. Su reflexión sería expresiva de una actitud generalizada en dichos foros refractarios: «El conservadurismo burgués, aun cuando nace en plena expansión del sistema económico de la modernidad, reinaugurado en los hechos por las revoluciones liberales, siempre temió al desarrollo y a la expresión social de las ideas en torno a las que se formó el propio impulso revoluciona­rio. En sus distintas manifestaciones está presente el ensalzamiento del liberalismo económico y el miedo al racionalismo político (...) Autonomía privada y libre desarrollo del derecho de propiedad y contención del democratismo implícito en el iluminismo fueron siempre las pautas de ese crecimiento. O si se quiere, afirmación del desarrollo capitalista propiciado por la libertad y negación del igualitarismo presente en la participación democrática, cuya progresión quedó iluminada desde la revolución francesa» (Alberto Oliet Palá. «Neoconservadurismo», volumen 5 de la Historia de la teoría política. Alianza, Madrid, 1993. Pág. 483).

      Buena muestra de lo que decimos la volvemos a tener en Herbert Spencer, ejemplo clásico de «liberal» preocupado por las consecuencias políticas últimas de la democracia: «En el pasado la misión del liberalismo fue trazar límites al poder de los monarcas; en lo futuro, la misión del verdadero liberalismo será trazar límites al poder de los Parlamentos» (Opus cit., pág. 122).

      80. Suscribimos la interpretación de A. B. Atkinson sobre este particular: «La repercusión de factores aleatorios sobre la distribución permite que los individuos que comienzan con las mismas oportunidades terminen con rentas muy diferentes. Si nos ocupamos sólo de la igualdad de oportunida­des, sólo importa cómo comienzan, es decir, si la expectativa de éxito es igual para todos. Si nos preocupa la igualdad de los resultados, la actuación de la suerte [y no sólo eso] se convierte en un tema importante» (A. B. Atkinson. La economía de la desigualdad. Opus cit., pág. 15).

      81. Un destacado representante de la escuela austriaca del neoliberalis­mo, Ludwig Von Mises, expresa sin ambigüedades la supuesta identificación entre los principios de libertad y propiedad: «Los principios del liberalismo se condensan en una sencilla palabra: propiedad; es decir, control privado de los factores de producción (pues los bienes de consumo tienen, evidentemente, que ser siempre de condición privada). Todas las restantes exigencias liberales derivan de tal fundamental presupuesto» (Ludwig Von Mises. Sobre liberalismo y capitalismo [Liberalismus, 1962], volumen I. Folio, Barcelona, 1996. Pág. 37).

      Más adelante el mismo autor matiza esta afirmación diciendo que el ideario liberal no pretende defender privilegios o derechos adquiridos, sino meramente los fundamentos del progreso social: «El liberalismo en modo alguno propugna el mantenimiento de la propiedad para beneficiar a los hoy poseedores... Si el liberal llegara al convencimiento de que la supresión de la propiedad habría de redundar en beneficio del interés general, propugnaría indudablemente la adopción de las correspondientes medidas, sin tener en cuenta para nada el perjuicio inflingido a los actuales hacendados» (Ibid., pág. 46).

      Sin embargo, L. V. Mises considera que es precisamente la propiedad (o la ausencia de ella) el factor que espolea la iniciativa de las personas emprendedoras, es decir, es el más eficaz incentivo: «Suprimidos tales estímulos, se reduciría inevitablemente la riqueza total, de modo que, efectuada la tan ansiada redistribución igualitaria, serían aún más míseras esas personas a las que en la actualidad denominamos pobres» (Ibid., pág. 47).

      82. «El fin supremo y principal de los hombres al unirse en repúblicas y someterse a un gobierno es la preservación de sus propiedades, algo que en el estado de naturaleza es muy difícil de conseguir» (John Locke. Segundo ensayo sobre el gobierno civil [Two Treatises on Government, 1690]. Espasa Calpe, Madrid, 1991. Pág. 293). Un poco antes explica lo que entiende por el concepto «propiedad»: la vida, la libertad y la hacienda personal (Ibid., pág. 293).

      Sin embargo, tal como destaca K. I. Vaughn en su clásico estudio sobre Locke como economista, su talante de «liberal» está lleno de lagunas: «Aunque no hay nada en los principales escritos económicos o políticos de Locke que sea incompatible con una política de laissez faire, fue responsable de escribir algunos breves artículos sobre su posición política que revelan algo enteramente distinto. Por ejemplo, sólo tenemos que leer su versión de una reforma de las leyes de los pobres para ver una faceta suya que no es evidente en sus obras más complejas, pues arguye en pro de la restricción de la movilidad laboral, la conscripción involuntaria de los pobres y el trabajo obligatorio de los niños en los talleres del gobierno. Ni siquiera el argumento de que sus reformas pretendían hacer autosuficientes a los pobres justifica, desde la perspectiva liberal clásica, semejante control gubernamen­tal directo del comportamiento individual. Además, en sus recomendaciones sobre el comercio de telas de Irlanda, propone suplantar por la fuerza la industria algodonera irlandesa, que estaba compitiendo con Inglaterra, por una industria textil que no le hiciese tal competencia» (K. I. Vaughn. John Locke, economista y sociólogo [John Locke, Economist and Social Scientist, 1980]. Fondo de Cultura Económica, México, 1983. Pág. 151).

      Más adelante, la misma autora destaca la preocupación de Locke por «asegurar una apropiada balanza comercial», aun su insistencia en que la economía había de seguir el «curso natural de las cosas» (Ibid., pp. 152-254). Estas contradicciones ilustran las limitaciones de la noción de «libertad» a partir de una concepción tan temprana como la de Locke.

      Tampoco el «liberalismo» de A. Smith sale indemne ante un somero repaso de sus propuestas económicas: «Por ejemplo, en el capítulo que nos ocupa [libro IV, capítulo 2, de La Riqueza de las Naciones], dedicado a defender el libre comercio, justifica medidas proteccionistas en el caso de industrias nacientes y en represalia contra aranceles extranjeros. Defiende las Leyes de Navegación porque "la defensa es más importante que la opulencia", y considera la plena libertad de comercio como un sueño utópico, en el que no se puede creer demasiado en vista de los intereses creados de los manufactureros» (M. Blaug. La teoría económica actual [Economic Theory in Retrospect]. Editorial Luis Miracle, Barcelona, 1973. Pág. 91).

      83. Concretamente, Adam Smith afirma lo siguiente: «Según el sistema de la libertad natural, el soberano sólo tiene tres deberes que cumplir, tres deberes de sobresaliente importancia pero que están al alcance y comprensión de una inteligencia corriente. Primero, el deber de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes. Segundo, el deber de proteger, en cuanto sea posible, a cada miembro de la sociedad frente a la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma, o el deber de establecer una exacta administración de la justicia. Y tercero, el deber de edificar y mantener ciertas obras públicas y ciertas instituciones públicas que jamás será del interés de ningún individuo o pequeño número de individuos el edificar y mantener, puesto que el beneficio nunca podría reponer el coste que representarían para una persona o un reducido número de personas, aunque frecuentemente lo reponen con creces para una gran sociedad» (La riqueza de las naciones [An Inquiri into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776]. Alianza, Madrid, 1994. Pág. 660).

      Es increíble de qué manera se puede manipular —extemporáneamente, haciendo extrapolaciones desde el presente hacia el pasado— un pensamiento que en su época podría ser considerado avanzado: «Adam Smith y otros liberales clásicos dejaron sitio para diferentes actividades gubernamentales en la vida social y económica —en el caso de Smith, apoyo para la educación pública y la dotación de varios tipos de servicios públicos—, las cuales resultan difícilmente justificables bajo una interpretación estricta del laissez-faire» (John Gray. El liberalismo. Opus cit., pág. 116). No es éste el único ejemplo que se puede aportar sobre la continua tergiversación del pensamiento de Adam Smith (para comenzar, su profunda antipatía por la clase industrial y su sincera proximidad afectiva a la clase trabajadora, con el reconocimiento explícito de la inexistencia de posibilidades objetivas para que la segunda defienda sus intereses enfrente de la rapiña de la primera).

      No obstante, tal como afirma Augusto Venturi en Los fundamentos científicos de la Seguridad Social [I fondamenti scientifici della Sicurezza Sociale, 1954] (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1994. Pág. 104), el pensamiento de Adam Smith no llegaba tan lejos como para aceptar diversas propuestas que, entre 1786 y 1787, abogaron por la afiliación obligatoria de ciertos colectivos de trabajadores a seguros que cubrían diversas contingencias.

      84. George Turner, en Las torres del olvido [The Sea and Summer, 1987] (Ediciones B, Barcelona, 1989. Pp. 48-49) retrata cómo sería una sociedad capitalista tras el efecto invernadero y el colapso económico y financiero generado por las nuevas tecnologías. Aquí explicita meridianamente la función que tendrían las medidas subsidiadoras de sostenimiento de rentas, en una sociedad dual, segregada y excluyente: «Nuestro padre se lo explicaba a Mamá, con una voz monótona que vacilaba y se apagaba y callaba de vez en cuando. Le explicaba cómo el progreso, el mágico progreso, le había expelido de sus engranajes porque las nuevas técnicas eliminaban el elemento humano del diseño creativo. Dada una pauta base y la correspondiente especificación, los nuevos ordenadores ofrecían millones de alternativas para escupir en cuestión de minutos la forma óptima del nuevo componente de una máquina. Aquel día había sido "jubilado" un Departamento entero; en lugar de ochenta hombres y mujeres, dos pantallas de procesador se alzaban ante las mesas de trabajo vacías. En otras épocas la palabra "jubilación" tenía estrecha relación con las pensiones. Ahora no.

      Papá parecía incapaz de callar; hablaba y hablaba como si por primera vez viera cosas que en toda su vida habían existido. Se embrollaba sobre la manera en que, en todo el mundo, miles de hombres y mujeres eran arrojados cada hora del mercado de trabajo. Y este era un mercado de compradores. Nadie buscaba un empleo: el infalible Centro de Datos destinaba a los candidatos afortunados a las escasas plazas vacantes con desinteresada precisión. Eran poquísimos los que en todo el curso de su vida conseguían desempeñar dos empleos.

      El privilegiado diez por ciento (no necesariamente los mejores, sino aquellos cuyas capacidades coincidían con las necesidades del momento) eran supra. Para toda su vida, si su suerte no fallaba. Los no afortunados tenían el sub (Subsidio Estatal) como escueto recurso para seguir vivos... en las viviendas infra. Ningún gobierno del planeta proporcionaba algo mejor en aquellos días del colapso automatizado; muchos no proporcionaban nada».

      85. M. y R. Friedman. Capitalismo y libertad. Opus cit., pág. 110. En términos macroeconómicos ésto es lo mismo que decir que se produce un efecto desplazamiento del gasto privado en beneficio del gasto público, con una correlativa subida de los tipos de interés. El «efecto desplazamiento» relativiza el llamado «efecto multiplicador» keynesiano: un aumento del gasto público aumenta la renta y la inversión agregada, pero el aumento de los saldos reales en manos del público y la inflación inducen a las autoridades monetarias a un incremento de los tipos de interés, a una disminución en la liquidez del sistema, y a una restricción del crédito, lo que recorta la inversión y la renta agregada a un punto intermedio entre la renta original y la renta después del gasto público (tesis keynesiana). Sin embargo, los monetaristas clásicos se niegan a aceptar que exista un efecto multiplicador real, por pequeño que sea, considerando que en último término lo que sube es la inflación y los tipos de interés, no la renta. La diferencia entre el enfoque keynesiano y el clásico viene dada por tres factores: 1) la sensibilidad del aumento del tipo de interés al incremento de la demanda agregada, 2) consiguiente, por el valor del multiplicador del incremento del gasto (descontado el efecto desplazamiento producido por el incremento de los tipos de interés), y 3) por la pendiente de la curva de los saldos monetarios, que depende del valor del multiplicador del incremento del gasto.

      Por otro lado, a título de higiene intelectual, conviene recordar que el argumento de «renta que pasa de mano derecha a mano izquierda» proviene de Adam Smith (una vez más), cuando escribía «se ha dicho que el pago del interés de la deuda pública es como si la mano derecha le pagara a la mano izquierda» (Adam Smith. La riqueza de las naciones. Opus cit., pág. 790). Adam Smith utilizó este símil en un sentido positivo: un ingreso —el endeudamiento público— de un conjunto de habitantes que se transfiere a otros, sin que la nación salga con ello perjudicada (no obstante, podríamos decir que son las generaciones futuras —que han de pagar los intereses— las que a la postre serán perjudicadas). Asimilar este argumento —tal como hace Milton Friedman— al principio de demanda agregada y al del multiplicador keynesiano supone un flagrante mal uso del mismo.

      86. M. Dobb. Economía del bienestar y economía del socialismo. Opus cit., pág. 160.

      87. Interpretación de Carl Landauer. Citada por M. Dobb, ibid., pág. 161.

      88. Benjamin E. Lippincott se hace las siguientes preguntas: «¿Habrá lugar para la elección libre por parte de los consumidores? Segundo: ¿Pueden emplearse los recursos de modo que rindan al máximo? Es decir: ¿Pueden economizarse los recursos? En términos más técnicos: ¿Resulta posible una distribución racional de los recursos en una economía socialista?» (en Oskar Lange: Sobre la teoría económica del socialismo [On the Economic Theory of Socialism, 1939]. Ariel, Barcelona, 1981. Pp. 12-13).

      89. A. C. Pigou, en Socialismo y capitalismo comparados [Socialism versus Capitalism/The Keyne's "General Theory", 1964 and 1959] (Ariel, Barcelona, 1973. Pág. 99), describe sucintamente cómo podría funcionar este mecanismo de «tanteo»: «Inevitablemente [en el caso de una determinación centralizada de precios] habrá numerosas demandas insatisfechas que se manifestarán acaso en las colas correspondientes. La autoridad planificadora puede, empero, en principio, averiguar la existencia de éstas. Y entonces puede subir los precios de las cosas que sean escasas, y bajar en cambio los de otras. Por este procedimiento... la autoridad planificadora alcanzará en un momento u otro una situación sin escaseces ni excesos. Conseguido eso, la distribución de las varias clases de bienes de consumo... concordará con los deseos de los consumidores individuales». (Ciertamente, habrá conseguido ajustar la demanda a la oferta; lo verdaderamente difícil, sin embargo, es efectuar la operación inversa: ajustar la oferta a la demanda, la producción a las necesidades.)

      90. Oskar Lange. Sobre la teoría económica del socialismo. Opus cit., pág. 107.

      91. Maurice Dobb. Economía del bienestar y economía del socialismo. Opus cit., pág. 171.

      92. J. Hicks se opone a la visión de los bienes y servicios públicos como exentos de coste para el ciudadano: «Creo que el paso fundamental que ha llevado a Bowley a esta posición incómoda se encuentra en su supuesto de que, en virtud de que no se cobra por un bien, éste debería valuarse a cero en el ingreso social. Para ello no bastaría que no se cobre por el bien sino que también debería entregarse gratuitamente en cantidades ilimitadas; esta nueva condición es necesaria para que se pueda hablar de un "bien libre" en sentido económico. De otro modo su valor deberá calcularse, como ocurre generalmente con los bienes racionados» (J. Hicks. «Valuación del ingreso social, I». En Riqueza y bienestar. Opus cit., pág. 106).

      Aquí tenemos dos determinantes: 1) los bienes y servicios ofrecidos por el Estado nunca podrán ser ilimitados pues en general se aplica el llamado principio de exclusión (en una autopista pueden circular un número limitado de vehículos, pero no más; en un hospital caben un número limitado de camas, pero no más...); y 2) el coste de los servicios, aunque se iguale a cero para los individuos (haciendo abstracción de los impuestos que los financian), pues el acceso de los servicios en especie es en principio libre, forzosamente se ajusta a los recursos recaudados con dicho fin. O sea, en puridad, la noción coste cero es incorrecta cuando se aplica a los servicios públicos indivisi­bles.

      93. Maurice Dobb. Economía del bienestar y economía del socialismo. Opus cit., pág. 328.

      94. Juan Francisco Martín Seco. Opus Cit., pág. 197.

      95. Juan Francisco Martín Seco. Ibid., pág. 197.

      96. H. G. Johnson. «Some Micro-Economic Reflections on Income and Wealth Inequalities», en The Annals of the American Academy of Political and Social Science, número 409, pág. 53. Citado por A. Lindbeck: Desigualdad y política redistributiva [Inequality and Redistribution Policy Issues, 1975]. Orbis, Barcelona, 1985. Pág. 42.

      97. «Ocurre que, en las condiciones del actual sistema, el uso de las armas fiscales consideradas [impuesto progresivo sobre la renta e impuesto progresivo sobre la herencia] está limitado por el temor de que si se las emplea muy rigurosamente se obstaculice la acumulación de capital en el país para el mismo uso interno, ya que quedarían debilitadas la capacidad y la disposición de quienes ahora producen una cota muy amplia de esa acumulación. Se arguye frecuentemente que, como consecuencia de ello, la renta total se reduciría aún más, de modo que los pobres, en vez de salir beneficiados, acabarían perdiendo con aquellas medidas. Esta argumentación tiene alguna fuerza, pese a que sin duda es más popular entre los ricos que entre los pobres» (A. C. Pigou. Socialismo y capitalismo comparados. Opus cit., pág. 30).

      98. A. B. Atkinson. La economía de la desigualdad [The Economics of Inequality, 1975]. Crítica, Barcelona, 1981.

      99. Este autor justifica este instrumento redistributivo con la siguiente argumentación: «Las ventajas de este sistema están bien claras. Se enfrenta directamente con el problema de la pobreza. Ayuda al individuo en la forma que le es más útil, en metálico. Es el más general y podría sustituir a toda una serie de medidas que hay, en efecto, en la actualidad. Establece claramente lo que cuesta a la sociedad. Funciona fuera del mercado. Igual que cualquier otra medida encaminada a aliviar la pobreza, reduce el incentivo al trabajo de los que reciben la ayuda, pero no lo elimina por completo, como ocurriría con un sistema que suplementara todas las rentas para alcanzar un mínimo determinado. Cada dólar que se gana significa más dinero disponible para gastar». (M. Friedman. Capitalismo y libertad. Opus cit., pág. 244).

      Sin embargo, como vimos en el punto anterior, este subsidio iría acompañado por un impuesto lineal —que, como vimos en el capítulo segundo de esta sección, es fuertemente regresivo— y por la incompatibilidad de otro tipo de beneficios, especialmente en especie (salud, educación, etc.)

      100. Véase Ecoconcern: Propostes innovadores per repensar l'economia. Edita Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 1995. Pp. 69-105.

      101. Henry George. Progreso y pobreza [Progress and Poverty, 1879]. Ediciones CEDEL, Barcelona, 1978 (revisión y resumen efectuados por A. W. Madren). La propuesta de Henry George descansa sobre una única medida: apropiarse la renta de la tierra mediante un impuesto, lo que permitiría reducir —e incluso abolir— la imposición sobre las rentas productivas (sobre los empresarios y los trabajadores). Esta propuesta se fundamenta en unas bases muy simplistas: «A la luz de aquella verdad [dominar la tierra es dominar las fuentes del trabajo], todos los hechos sociales se agrupan en una relación ordenada y se ve que los más diversos fenómenos surgen de un gran principio. No es en las relaciones entre capital y trabajo, no es en la presión de la población contra las subsistencias, donde se ha de hallar una explicación del desigual desarrollo de nuestra civilización. La gran causa de la desigualdad en la distribución de la riqueza es la desigualdad en la propiedad de la tierra» (Ibid., pág. 139).

      Este análisis se inscribe en los análisis clásicos de carácter monocriterio que reducen la complejidad de la realidad a un único y decisivo factor, que explicaría todas las disfunciones o fallas de la misma. No obstante, a pesar de esta imperfección explicativa, permanece incólume su interés por la preservación de las rentas productivas, su preocupación por socializar las rentas no ganadas (renta de la tierra o rentas especulativas) y su opción por la simplificación impositiva.

      Por último, cabe reseñar que Henry George, muy probablemente, se inspiró en Quesnay (Tableau Économique [1759]. Fondo de Cultura Económica, México, 1980), en especial en su propuesta de gravar fundamentalmente las rentas, no los anticipos para la producción. En su extracto de las «Reales Máximas Económicas de M. de Sully», y en concreto en su nota 9, dice: «Así, el tributo sólo debe fijarse sobre la renta; es decir, sobre el producto neto anual de los bienes raíces, y no sobre los anticipos de los labradores, ni sobre la venta de las mercancías: pues en los últimos casos es destructivo [para el capital productivo]. Sobre los anticipos de los labradores no constituiría un impuesto, sino una expoliación que extinguiría la reproducción, deterioraría las tierras, arruinaría a los labradores, a los propietarios, y al Estado» (Ibid., pág. 50).

      102. Por ejemplo, las reformas fiscales efectuadas en USA, Australia y Reino Unido tienden a la integración de las plusvalías en un único impuesto sobre la renta, aunque con el riesgo de disminuir su progresividad con carácter general. De esta forma, se evitan las dificultades inherentes a la distinción entre aquello que, económica o jurídicamente, es o no plusvalía o un rendimiento corriente de capital o de otro factor productivo.

      103. Comisión Meade. The Structure and Reform of Direct Taxation. Allen&Unwin, 1978. Hay edición española, a cargo de E. Albi Ibáñez (traducción e introducción), publicada por el Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1980. Este informe es representativo de la opción que, a efectos de neutralidad fiscal, se inclina por gravar la renta gastada, eximiendo la ahorrada.

      104. No obstante, parece que los recientes escándalos sobre el sistema sanitario en el Reino Unido, últimamente replanteado, establece las limitaciones sobre este tipo de programas específicos con carácter restricti­vo; porque necesariamente, si se actúa contra las prestaciones sociales de una manera irreflexiva, ello ha de repercutir sobre la calidad del servicio.

      105. J. E. Meade. La economía justa. Opus cit., pág. 252. Sin embargo, M. Friedman objeta lo siguiente: «Los que creemos en la libertad tenemos que creer también en la libertad del individuo a cometer sus propios errores. Si un individuo con pleno conocimiento prefiere vivir al día, usar sus recursos para su disfrute actual, sabiendo que le espera una ancianidad en la penuria, ¿qué derecho tenemos de impedirle que lo haga? (...) La humildad es la virtud que distingue al que cree en la libertad, la arrogancia, al paternalista» (M. Friedman. Capitalismo y libertad, opus cit., pág. 238). Esta argumentación condenaría, por tanto, no sólo al pecador (imprevisor) sino también a su familia, y a toda la gente que dependa de él. Conocida es también la inclinación de Friedman hacia los subsidios en metálico que generan un efecto sustitución (posibilidad de gastar el dinero en aquello que le viene a uno en gana) y su rechazo hacia las prestaciones en especie que generan un efecto renta (ahorro líquido de dinero). Recuérdese las implicaciones que la inexistencia de una serie de servicios en especie (y su sustitución por rentas en metálico) supone por lo que se refiere al efecto favorable sobre las capas altas y el perjuicio hacia las capas bajas (capítulo segundo de esta sección).

      106. Anuario EL PAÍS 1993. Pág. 380.

      107. El factor «crecimiento» es clave para la comprensión del problema. Tal como afirma Claus Offe «el Estado del Bienestar en sí depende altamente de la prosperidad y la continua rentabilidad de la economía» (Claus Offe. Contradicciones del Estado del Bienestar [Contradictions of the Welfare State, 1988]. Alianza, Madrid, 1990. Pág. 139). Desde este punto de vista el Estado del Bienestar es tanto una carga como un dinamizador del crecimiento: por un lado detrae recursos del sistema en los momentos de auge; pero por otro los proporciona en los momentos de crisis. Así pues, su carácter de estabilizador (que pretende evitar las espirales de retroalimentación propias del sistema económico capitalista) sería esencial a este respecto (véase el punto 2.1. de esta sección).

      108. «Se sabe que John D. Rockefeller prácticamente no pagó impuesto sobre el patrimonio cuando falleció en 1960 ya que no sólo había establecido anteriormente trusts para sus hijos, sino que también había dividido el patrimonio final entre una fundación de beneficencia y su esposa. Como la deducción marital permite que la mitad de la propiedad del fallecido se transfiera al cónyuge superviviente libre de impuestos y como la transferencia a la fundación está exenta, no pagó impuestos. El establecimiento de una fundación de beneficencia, como la Fundación Rockefeller o la Fundación Ford, significa que la riqueza no pasa a los herederos, pero aún les puede permitir disfrutar de un considerable control sobre su empleo. El establecimiento de trusts que "saltan generaciones" es otra forma de reducir el tipo efectivo del impuesto. William Randolph Hearst pagó un importante impuesto sobre el patrimonio en 1957, pero se estima que la familia no tendrá que pagar más impuestos hasta el año 2050 por lo menos» (A. B. Atkinson. La economía de la desigualdad. Opus cit., pág. 216).

      109. Ramesh Mishra. The Welfare State in Crisis. Weatsheaf Books Ltd., Sussex, 1988. Pág. 62.

      110. James O'Connor, en The Fiscal Crisis of the State [1973] (traducido en español por Estado y capitalismo en la sociedad norteamericana. Ediciones Periferia, Buenos Aires, 1974), indica que las funciones básicas del Estado serían dos: acumulación (que beneficiaría al capital monopolista, fundamental­mente) y legitimación (frente a los estratos de población periféricos del sector competitivo, entiéndase «pequeña y mediana empresa»).

      111. Samuel Brittan. «¿Puede la democracia dirigir una economía?» En El fin de la era keynesiana [The End of the Keynesian Era, 1977] (obra coordinada por Robert Skidelsky). Laia, Barcelona, 1977. Pág. 79.

      112. He aquí lo que dice otro ilustre representante de la escuela neoliberal austriaca (el otro, ya citado, sería Ludwig Von Mises): «Bajo la predominante forma de democracia ilimitada, en la que el gobierno tiene el poder de otorgar beneficios especiales a determinados grupos, se ve forzado a comprar el indispensable apoyo electoral para obtener una mayoría. Incluso con la mayor voluntad del mundo, ningún gobierno puede resistirse a esta presión, a no ser que se establezca una barrera firme que no pueda sobrepasar­se» (F. A. Hayek. La desnacionalización del dinero [Detanionalisation of Money, 1978]. Folio, Barcelona, 1996. Pág. 123).

      113. R. Mishra. The Welfare State in Crisis. Opus cit., pág. 23. A este respecto, James O'Connor afirma lo siguiente: «Los programas de subvenciones sociales de distinta clase son financiados tomando fondos impositivos proveniente de los trabajadores mejor remunerados de los sectores monopólico y estatal y canalizándolos en forma directa o indirecta hacia el excedente de población [población desocupada], junto con los burócratas de los organismos estatales, los profesionales y otras personas que administran los programas de subvenciones sociales (...) En este sentido, el presupuesto estatal puede ser considerado como un complejo mecanismo que redistribuye el ingreso hacia arriba y hacia abajo dentro de la clase obrera, con el objeto de mantener la armonía industrial y socio-política, expandir la productividad y acelerar la acumulación y las ganancias del sector monopólico» (Estado y capitalismo en la sociedad norteamericana. Opus cit., pág. 221).

      114. Una convincente explicación de la falta de atención a los principios de economicidad y racionalidad económica supuestamente propia del sector público, podría venir dada por el hecho de que el Estado no efectúa transacciones y pagos con capital, sino con renta extraída del sistema: «El pago de sueldos a funcionarios se distingue cualitativamente del pago de sueldos en la industria privada porque en el primero de los casos no se alcanza un "precio de equilibrio" en una transacción de intercambio. El Estado no "compra" el trabajo realizado por sus funcionarios y empleados, tal como tampoco "vende" los productos de este trabajo. La masa de fondos de la cual se extraen los salarios no constituye capital [es decir, no sería un "fondo de salarios" como en el caso de las empresas privadas, que se anticipa a los trabajadores en concepto de remuneraciones] sino "renta", y sólo una consideración "externa" (...) produce una tendencia hacia la igualación en las tasas salariales públicas y privadas» (Claus Offe. Contradicciones en el Estado del Bienestar. Opus cit., pág. 52).

      115. R. Mishra. The welfare state in crisis. Opus cit., pág. 178.

      116. A. Lindbeck. Desigualdad y política redistributiva. Opus cit., pág. 51.

      117. A. Lindbeck. Ibid., pág. 102.

      118. El tratamiento de las minusvalías ha sido objeto de preocupación. Desde 1978 la compensación de las minusvalías netas realizadas en un ejercicio con otros componentes de la base imponible, generaba una reserva de minusvalías latentes que permitía a los detentadores de grandes patrimonios financieros acumular las bases imponibles totales, hasta la reforma de 1985. Ésta estableció, por tanto, la no compensación de minusvalías netas con otras fuentes de renta, excepto con las plusvalías que pudiesen registrarse en los futuros ejercicios. Desde entonces hasta ahora, las bases imponibles fueron positivas, a diferencia de ejercicios anteriores a la reforma de 1985, que eran sistemáticamente negativas.

      A riesgo de incurrir en un actualismo exagerado, es necesario recordar asimismo los cambios en materia de rebajas de las plusvalías (tipo fijo que baja del 35 al 20%, con un mínimo exento de 200.000 pts.), así como la supresión de horizontes temporales de exención de plusvalías, la reforma en materia de actualización de balances, impuestos de sucesiones y sociedades, reducción en módulos, etc., impulsadas por el gobierno del Partido Popular a partir de 1996, que no hacen más que abrir nuevos canales de privilegios fiscales y financieros a las rentas patrimoniales y de capital de los sectores más favorecidos.

      119. Otra forma de neutralidad, tan importante o más que la anterior, cuando se está construyendo un Mercado Único en Europa, es la geográfica. Ante la libre circulación de factores productivos, y en concreto de capital, los países de la CEE están utilizando la fiscalidad para competir por la captación de flujos financieros: «Con la libre circulación de los capitales, los paraísos fiscales serán muy apreciados (...) Cada país puede, si así lo desea, decidir ser un paraíso fiscal para los no residentes, desplazando en provecho propio los círculos de ahorro: ésta es la cláusula de "nación menos fiscalizada". No existiría más que una solución para este rompecabezas: el establecimiento de una misma retención en origen, en todos los países de la Comunidad, sobre la renta de los valores mobiliarios» (Alain Minc: La gran ilusión [La grande illusion, 1989], Planeta, Barcelona, 1989).

      120. Lo anterior hay que razonarlo. Y lo ilustraremos con dos consideraciones gráficas que sabemos discutibles (por su matiz psicologista de difícil demostración empírica) pero que consideramos que se ajustan al talante hispánico. La primera, la mentalidad gregaria y elitista imperante en los estratos altos de renta en España (no olvidemos la base cultural «hidalga» heredada en este país, que sostenía su sistema fiscal sobre los «pecheros» productivos, en beneficio de los «hijosdalgo» improductivos): si un contribuyente comprueba que está en lo alto de la escala impositiva actual, considerará que es —como se dice vulgarmente— el «pagano» de turno, y por tanto no se sentirá moralmente comprometido a detraer una proporción 4 ó 5 mayor de renta que un individuo situado en la parte media-baja de la escala impositiva; pero si, en cambio, dicho contribuyente está en la «banda superior» de una escala más simplificada (por ejemplo, de 7 tramos), dicho contribuyente considerará que «está donde le toca estar». En este caso el coste objetivo será el mismo, pero el coste subjetivo le será menos gravoso. Por supuesto, tal escala sería progresiva y supondría un gravamen mayor a medida que nos vamos aproximando al tope máximo, por lo cual los tramos medios estarían gravados de forma equitativa y justa. La diferencia con la escala —formalmente progresiva— actual —de 17 tramos— vendría dada por la progresivi­dad real, es decir, por lo efectivamente recaudado en los tramos altos de renta.

      En segundo lugar, está el tema de los márgenes de los tramos impositi­vos. Cada subida de un peldaño en la escala impositiva, y más cuando la base liquidable está muy próxima al margen inferior de un tramo impositivo, supone una desincentivación para «actuar honestamente» y un motivo más para defraudar. La reducción de tramos (y por tanto de márgenes) disminuye este efecto psicológico, amplificándolo en los márgenes que quedan (pues el salto es mayor). Ello se podría corregir con unos coeficientes correctores de dicha amplificación en las proximidades de los márgenes inferiores de cada tramo de renta (o banda, por su amplitud sería mayor), hasta llegar a la mitad de la banda, donde el efecto reductor de dicho coeficiente desaparecería. En cualquier caso, ello no disminuiría el efecto de progresividad distintivo de una simplificación en el número de tramos, pues dicho coeficiente corrector no vaciaría de contenido el significado de la escala impositiva, si se regula convenientemente.

      Este método de cálculo lo podríamos expresar de la siguiente manera: a) cuando la base imponible del contribuyente se sitúa entre la base del tramo y la mitad del tramo la cuota íntegra sería α=x+[(d-a)×γ], y el tipo aplicable γ={[(d-a)/(b-a)]×z+y'}/100; b) cuando la base imponible se sitúa entre la mitad del tramo y el final del tramo la cuota íntegra sería α'=x+[(d-a)×y], e y sería el tipo marginal del tramo (en tantos por uno). (a=base del tramo, b=mitad del tramo, c= final del tramo, d=base imponible del contribuyente, x=cuota base del tramo, y=tipo marginal del tramo, y'=tipo marginal del tramo anterior, z=(y-y'), α=cuota íntegra cuando a<d<b, α'=cuota íntegra cuando b<d<c, γ=tipo aplicable cuando a<d<b. A este respecto véase la figura 9 y el cuadro 2 de las conclusiones finales.)

      (Qué duda cabe que la mejor forma de progresión sería la continua, expresada por una fórmula, no por una escala impositiva. Dicha progresión podría expresarse con la fórmula y=ax^b, siendo y=cuota, x=renta, a=parámetro y b=progresión —progresividad— deseada. El tipo variaría infinitesimalmente, evitando saltos bruscos en las cuotas al variar la renta. Sin embargo, este modo de cálculo puede tener altos costes psicológicos.)

      121. Ver la tabla 27, sobre gastos fiscales iniciales, y compárese los referidos al Impuesto sobre Sociedades en relación a los del IRPF. Posterior­mente insistiremos en este tema cuando nos refiramos al ahorro.

      122. La imposición sobre patrimonios podría adquirir la figura de un gravamen sobre los individuos manos muertas, que retienen tierras, bienes inmuebles o capitales de forma improductiva, con unos fuertes costes de oportunidad* sobre su uso productivo potencial. El objetivo de este gravamen sería desincentivar su retención improductiva para que, a causa de su penalización impositiva, salga más a cuenta su explotación productiva o su enajenación (mediante venta o donación) a individuos que los hagan producir. A este respecto, véase las conclusiones finales.

      123. Antoni Castells. «Hacia una revisión del sistema de financiación autonómica», en Informe Pi Sunyer sobre Comunidades Autónomas 1990. Civitas, Barcelona, 1991, pág. 313.

      124. Para evitar por un lado la neutralización de su efecto progresivo y redistributivo, y por otro la desincentivación de la dispersión patrimonial (y por tanto, de la distribución de la renta), si queremos respetar el principio antes aludido que atiende a la capacidad de pago (a la riqueza) del donante, además de a la del perceptor, se pueden estudiar coeficientes (a partir de cierto nivel exento) por el tipo impositivo pagado por el donante, ponderados (mediante un recargo, en su caso) por un coeficiente dependiente del patrimonio previo del perceptor, que se aplicaría al caudal que éste ha de percibir (previo consentimiento). Por supuesto, el cálculo de la capacidad de pago del donante habría de ser previo a la percepción de la herencia, legado o donación, como condición para la transmisión de su patrimonio. (Aquí encontramos una vía de establecer la obligatoriedad de declarar todo el patrimonio, pues lo no declarado se entendería como no existente, y por tanto no apropiable legalmente por el perceptor.)

      125. Lógicamente habría de regularse, cuando lo que se transmite son bienes raíces de uso doméstico (como el domicilio habitual, por ejemplo), la capacidad de pago del usufructuario (la situación personal del beneficiario inmediato, si reside en la unidad familiar del donante), para ajustar de esta manera el tipo impositivo (o en su caso eximirlo).

      126. J. M. Keynes. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Opus cit., pág. 328.

      127. Henry George ilustra muy gráficamente las consecuencias sobre la distribución de la riqueza de las medidas que penalizan la posesión improductiva de patrimonios: «Los impuestos sobre el valor de la tierra no sólo no frenan la producción, como lo hacen la mayoría de los demás impuestos, sino que, al anular la renta especulativa, tienden a aumentar la producción. De qué modo la renta especulativa frena la producción, puede verse, no sólo en la tierra valiosa negada al uso, sino también en los paroxismos especulati­vos de crisis económica que, originados por el aumento especulativo del valor de la tierra, se propagan por todo el mundo civilizado, paralizando por todas partes la producción. La tributación que tomase la renta para usos públicos evitaría todo esto. Si la tierra tributase hasta casi su valor en renta, nadie podría permitirse tener tierra que no emplease; y por consiguiente, la tierra que no se usa se abriría de par en par a quien quisiera usarla» (Henry George. Progreso y pobreza. Opus cit., pág. 162).

      No todas las implicaciones de la especulación tienen por qué ser negativas. Es común distinguir entre la especulación en el espacio (comprar barato en una plaza para vender caro en otra) y la especulación en el tiempo (comprar barato en un momento y vender caro en otro momento, de mayor escasez). El primer tipo de especulación recibe el nombre específico de arbitraje, y tiene como consecuencia la nivelación de los precios de las distintas plazas; el segundo es el empleado por los almacenistas de productos agrícolas (grano, por ejemplo), y ayuda a equilibrar los precios en el tiempo, evitando carestías causadas por escaseces coyunturales. Cabe distinguir ambos fenómenos, saludables y necesarios en ciertos mercados, de la pura y simple expectación especulativa, que retiene tierras o capital para, al producir escaseces monopolísticas, incrementar artificialmente el precio, o de las expectativas autojustificativas, que al desencadenar fenómenos de retroalimen­tación (pánico o euforia financiera) amplifican las expectativas en un principio anticipadas, produciendo fenómenos cíclicos de «burbujas financie­ras». (Estos últimos serían los fenómenos que tanto Henry George como J. S. Mill identificaron como los verdaderos desencadenantes de los ciclos económicos.) Un último tipo de comportamiento especulativo es el de los llamados contratos de futuros, en los cuales el especulador se desvincula del almacenaje de un producto y el almacenista se desvincula de las variaciones de los precios, al contratar anticipadamente el precio y la fecha de entrega del producto. En definitiva, cabe distinguir dos motivos básicos que inducen a la especulación: el uso, en el caso de bienes tangibles, y la expectación, en el caso de los mercados de capitales y de dinero.

      128. J. E. Meade. La economía justa. Opus cit., pág. 268.

      129. Eduardo Bandrés Moliné. Los efectos de los gastos sociales sobre la distribución de la renta en España. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1990, pág. 18.

      130. Investigaciones realizadas en los Estados Unidos sugieren que el tratamiento estadístico de las economías domésticas reduce de manera significativa el grado de dispersión y desigualdad de rentas entre los individuos.

      131. A. B. Atkinson. La economía de la desigualdad. Opus cit. Pp. 63-64.

      132. Esta argumentación descansa sobre la convicción (que se inicia con los economistas clásicos) de que el ahorro se iguala a la inversión (como veremos un poco más adelante, unos argumentan que esta igualación se produciría ex ante y otros dicen que sería ex post). Efectivamente, David Ricardo afirma que «nadie acumula sino con el propósito de hacer productiva su inversión» (citado por Irma Adelman. Teorías del desarrollo económico. Fondo de Cultura Económica, México, 1965. Pág. 66). Joan Robinson alude a la conocida identidad (de Keynes) según la cual Y=I+C, Y=S+C, y por tanto I=S (siendo Y=renta global, I=inversión, C=consumo y S=ahorro): «Cuando la proposición se trata como una manifestación de un estado de equilibrio, significa que cualquiera que sea la tasa de inversión, el nivel y la distribución del ingreso deben ser de tal naturaleza que induzcan a las empresas y a las unidades familiares, entre sí, a desear ahorrar en igual proporción» (Joan Robinson. «Un modelo de acumulación», en J. A. Ocampo: Economía poskeynesiana. Opus cit., pág. 367).

      Pero estos no son los únicos argumentos expresados para fundamentar esta identidad entre ahorro e inversión. A continuación exponemos dos razonamientos de mayor peso científico.

      Michael Kalecki efectúa una demostración ingeniosa de esta identidad haciendo uso del modelo de acumulación ampliada marxista. Sean dos departamen­tos productivos, I como departamento que produce bienes de capital, y II como departamento que produce bienes de consumo: parte de los bienes de consumo producidos en el departamento II queda libre por el ahorro de los capitalistas que producen bienes de consumo, y este remanente es consumido por el departamento I, por lo que C_I=S_II (en otras palabras, lo que sobra del departamento II, de bienes de consumo, no consumido por sus capitalistas —pues los trabajadores no ahorran—, se vende a los trabajadores y capitalistas del departamento I, de bienes de capital). Ahora bien, si a ambos términos de esta ecuación se le añade el ahorro del departamento I, tenemos C_I+S_I=S_II+S_I, y como por definición C_I+S_I=I (pues el departamento I es el que produce los bienes de capital, es decir, de inversión), y S_II+S_I=S, así pues I=S. Según M. Kalecki, esta relación demostraría, en cierto modo, que la inversión se financia por sí misma (M. Kalecki. «El problema del financiamiento del desarrollo económico», en J. A. Ocampo. Ibid., pág. 516).

      También a partir de la conocida relación Harrod-Domar se puede obtener este mismo resultado: teniendo S=s×Y (1) (s es la propensión marginal al ahorro) y Gn=s/α (2) (Gn es el crecimiento natural de la economía al ritmo del crecimiento vegetativo de la población n, y α es el coeficiente capital-producto, que podemos representar como α=K/Y), y suponiendo que α=ΔK/ΔY (3), y por consiguiente ΔK=α×ΔY (4), aplicaremos la llamada relación Harrod-Domar transformando Gn en ΔY/Y, por lo cual ΔY/Y=s/α (5). Transformando, s=(ΔY/Y)×α (6), y como s=S/Y (expresión [1]), y α=ΔK/ΔY (expresión [3]), entonces (ΔY/Y)(ΔK/ΔY)=S/Y (7), que se transformará en ΔK/Y=S/Y (8). Suponiendo que el stock de capital no se deprecia, podemos identificar ΔK=I (9). Por lo tanto, I/Y=S/Y, o lo que es lo mismo, I=S (véase Hywell Jones. Introducción a las teorías modernas del crecimiento económico. Opus cit, pp. 56-60).

      Es evidente que en numerosas ocasiones se produce un desequilibrio entre la inversión y el ahorro. Mark Blaug lo ilustra, a partir de Wicksell, con el siguiente razonamiento: si hacemos que los superíndices e y d se refieran a la renta ganada y disponible respectivamente, y los subíndices t y t-1 a los períodos de tiempo considerados, tenemos Y^e_t=C_t+I_t (1) y S_t=Y^d_t-C_t=Y^e_t-1-C_t (2). O sea, (1) señala que la renta ganada hoy se gasta hoy y (2) que el ahorro actual es igual a la renta disponible actual menos el consumo actual o bien a la renta ganada el año anterior menos el consumo actual. A partir de (2) obtenemos Y^e_t-1=S_t+C_t (3), y restando (3) de (1) tenemos Y^e_t-Y^e_t-1=I_t-S_t (4), que nos indica que cuando I_t>S_t la renta aumenta, ocurriendo lo contrario (la renta disminuye) cuando I_t<S_t (M. Blaug. La teoría económica actual. Opus cit., pág. 825).

      Asimismo, parafraseando a Myrdal y Lindahl, este mismo autor distingue entre I y S planeado y realizado: «Así pues, un exceso del ahorro planeado sobre la inversión planeada implica o bien una deficiencia de la renta realizada, en comparación con la esperada, o bien, puesto que se supone que los planes de gastos en equipo de capital de los inversores se llevan a la práctica, un aumento inintencionado en los inventarios, o ambas cosas a la vez» (Ibid., pág. 826).

      Amit Bhaduri (Opus cit., pp. 47-48) abunda en la noción de inversión ex ante y ex post a la hora de resaltar el protagonismo de los inventarios en el equilibrio entre ambas variables (ahorro e inversión): «Así considerados, es decir, como definiciones contables o ex post, el ahorro y la inversión son siempre iguales entre sí. Ambas incluyen el cambio de inventarios no planeado. Sin embargo, esto no debe confundirse con la condición de equilibrio [inversión=ahorro]. En esta ecuación el ahorro y la inversión sólo son iguales (...) cuando el cambio de inventarios no planeado es cero. Dicho de otra manera, en equilibrio está excluida la presencia de cambio de inventarios no planeado. Esta es la diferencia entre igualdad ahorro-inversión ex ante y la igualdad ahorro-inversión ex post. Sólo la primera denota equilibrio macroeconómico. Las magnitudes ex ante o planeadas dejan fuera de toda posibilidad cambios de inventarios no planeados. En equilibrio los planes de venta coinciden exactamente con los planes de compra y no hay posibilidad de cambio de inventarios no planeados».

      133. Paul A. Samuelson-N. D. Nordhaus. Economía [Economics, 1992]. Mc Graw-Hill (14ª edición), Madrid, 1993. Pág. 352. Éste es el mismo argumento que emplea Böhm-Bawerk en su obra Capital e interés [Capital und capitalzins. 2º vol.: Positive theorie des kapitales, 1889] (Libertarian Press, New Holland —Illinois—, 1959. Pág. 81). El argumento del «rodeo productivo» lo expone de la siguiente manera: «Con gasto igual de las dos fuerzas productivas originarias, trabajo y fuerzas naturales con valor [económico], es posible, a través de bien elegidos métodos de rodeo capitalista, producir más o mejores bienes de los que hubieran sido posibles por el método directo no capitalista» (Ibid., pág. 82).

      El rodeo capitalista es consumidor de tiempo, y en general mientras más se alarga el proceso productivo, más eficiente es éste, hasta llegar a un punto límite, a partir del cual comienzan los rendimientos decrecientes del capital. La característica esencial de los procesos productivos avanzados es que el capital técnico (bienes intermedios) remonta en el tiempo (en el pasado y el futuro) durante largos períodos: «mientras más elevado es el grado [de capitalización], es más remoto, en promedio, [el número de años pasados] cuyo producto consume corrientemente; y asimismo serán más remotos los años futuros para los cuales hace provisión» (Ibid., pág. 88).

      Böhm-Bawerk fundamenta en su noción de «rodeo productivo» (diferimiento en el tiempo de la producción a través de sucesivas etapas de transformación del producto) toda su teoría del capital. Al efectuar tal operación, el capitalista ahorra una parte de su renta (y la detrae de su consumo personal): «Debe liberar una parte de las fuerzas productivas a su disposición desde el servicio del presente hasta su disposición al servicio del futuro —debe hacer un ahorro que él dedica a la producción futura» (Ibid., pág. 110). Cuando el capitalista invierte, aunque sea en activos financieros, o en bonos con interés, añade fondos nuevos al crédito productivo, que incrementa la demanda de bienes productivos y, finalmente, también su oferta.

      También el tiempo (en concreto, el descuento anticipado del valor de los bienes futuros en relación a los presentes) fundamenta su teoría del interés. En definitiva, este autor atribuye al «rodeo productivo» la justificación teórica de la «plusvalía» capitalista: dado el menor valor de los bienes futuros en relación a los presentes, el interés es el puente que salva el lapso entre la orilla del presente y la del futuro. Esta explicación valdría tanto para el beneficio capitalista, como para la renta del propietario, como para la plusvalía que detrae el empresario del trabajador, como para el interés en las operaciones financieras a plazo. En definitiva, según él, el interés no es el precio del «sacrificio», sino de la «espera» del capitalista (Ibid., pp. 299-302). (El problema reside en cómo valorar dicha espera. A este respecto, Böhm-Bawerk reconoce dos obstáculos: su minusvaloración por negligencia o por ignorancia.)

      134. La llamada ecuación de Harrod-Domar ilustra la importancia macroeconómica del ahorro. Teniendo: Gn=s/α (1), α=(K/Y) (2) y 1/α=Y/K (3), siendo Gn=tasa de crecimiento natural de la economía (al ritmo del avance técnico y del crecimiento vegetativo de la población, n), s=tasa de ahorro, y α=coeficiente capital-producto (K/Y), podremos observar la importancia clave de dos ítems a valorar: la tasa de ahorro de un país y la función de producción* escogida. Si por ejemplo se pretende una tasa de crecimiento «natural» (es decir, equilibrado y no coyuntural) del 5% del PIB, y la relación capital/producto (K/Y) equivale a 4 (es decir, se necesitan cuatro unidades de capital para conseguir una unidad de producto), entonces se necesitará una tasa de ahorro del 20% para alcanzar tal equilibrio básico.

En definitiva, mientras mayor sea la tasa de ahorro y menor el coeficiente capital/producto mayor será la tasa de crecimiento «natural» de la economía (el crecimiento natural sería igual a la tasa de ahorro multiplicada por la productividad del capital, que es la recíproca del coeficiente capital/produc­to).

      Huelga decir que el crecimiento «natural» no se suele corresponder con el «real», por varios motivos: 1) para que exista una correspondencia total se necesita un ajuste perfecto entre la tasa de crecimiento de la población y la de la capacidad técnica de la economía; y 2) asimismo entre la tasa de ahorro y el crecimiento poblacional. La tasa «natural» de crecimiento sin desequilibrios sería, entonces, «la tasa máxima de crecimiento permitida por el incremento de la población, la acumulación de capital y los adelantos tecnológicos» (M. Dobb: Teorías del valor y de la distribución desde Adam Smith. Opus cit., pág. 249). O tal como expresa Roy Harrod (Dinámica económica [Economic Dynamics, 1973]. Alianza, Madrid, 1979. Pág. 73) «hay dos determinantes del valor de Gn: la tasa de crecimiento de la población activa y la tasa de mejora de la tecnología disponible para la producción de bienes y servicios».

      Maurice Dobb se equivocaba al introducir en este capítulo la acumulación de los bienes de capital: «No se debe introducir en este punto la tasa de crecimiento del equipo de capital: esto sería tanto como poner la carreta delante de los bueyes» (Roy Harrod. Ibid., pág. 31). La concordancia entre crecimiento efectivo y crecimiento natural ha de ser la meta de toda política económica: «Es de esperar que las autoridades responsables de la política económica, en la medida en que ésta pretenda influir sobre el nivel corriente de la actividad de la economía, elijan como objetivo la consecución de la tasa natural de crecimiento. Permítase a la economía alcanzar el máximo crecimiento que su aumento de población y los descubrimientos de la ciencia aplicada le permitan» (Ibid., pág. 176).

      El mismo autor, en «An Essay in Dynamic Theory», publicado en The Economic Journal (1939), fundamenta la igualdad entre ΔY/Y, ΔL/L y ΔK/K en los siguientes dos razonamientos: 1) dada una relación trabajo-producto constante (L/Y), la tasa de crecimiento de la producción (ΔY/Y) no puede exceder permanentemente a la de la fuerza de trabajo (ΔL/L), que adoptaría el ritmo de una constante n; 2) asimismo, dada una propensión a la inversión s y una relación capital-producto (K/Y) constantes (el coeficiente α constante es uno de los supuestos de su modelo, a diferencia de Solow, como veremos un poco más adelante), el crecimiento del producto (ΔY/Y) ha de ser constante. En ello se fundamenta el crecimiento a la tasa natural (Gn) de la renta. (A este respecto, consúltese Hywell Jones: Introducción a las teorías modernas del crecimiento económico. Opus cit., pp. 56-60.)

      El diferencial entre la tasa «natural» y «garantizada» (Gn<Gw, o Gn>Gw) provocará inflación y el encarecimiento de la mano de obra, así como una intensificación de la mecanización (Gn<Gw), o bien estancamiento con desempleo (Gn>Gw) (La tasa de crecimiento «garantizada» expresa el valor de G compatible con el ahorro y la inversión «deseada» por la población. Este proceso tendría un efecto retroalimentador y acumulativo.) Si el coeficiente capital/producto α no está dado (es decir, si se acepta el principio del cambio técnico) la función de producción altamente mecanizada (con un elevado cambio técnico incorporado en K) sería un estabilizador que haría converger Gn y Gw, ejerciendo s el papel de comodín que incrementa o reduce los ritmos de inversión en atención a la evolución de Gn (es decir, cuando α es móvil puede mantenerse un ritmo de crecimiento ajustado a la tasa natural mediante evoluciones paralelas en la propensión al ahorro: Δs=Δα=Gn).

      Ésta fue la principal aportación de R. M. Solow en «A contribution to the Theory of Economic Growth» (1956), la cual acepta todos los supuestos de Harrod menos el de las proporciones fijas, y pretende construir una ecuación básica de crecimiento sostenido autorregulado. Su modelo descansa, pues, sobre tres supuestos: 1) una función de producción homogénea y lineal diferenciable, 2) la existencia de infinitas posibilidades de combinar capital y trabajo —es decir, una función de producción infinitamente flexible—, y 3) competencia perfecta en los mercados de trabajo y capital. (Véase Luigi Pasinetti. «La tasa de ganancia en una economía en crecimiento». En J. A. Ocampo: Economía poskeynesiana. Opus cit., pp. 292-317.)

      Resumiendo, la ecuación Harrod-Domar es un instrumento de planificación del crecimiento «deseado» en función de dos variables esenciales: la tasa de ahorro de la comunidad (s) y la función de producción (laboral o capital-intensiva). El mantenimiento de una tasa de ahorro proporcional al crecimiento de la población y al avance técnico sería garantía de estabilidad (tendencia de Gw a igualarse a Gn): «Pero en la ecuación S_o=Gn×Cr el coeficiente de ahorro es el sirviente, no el amo. Esta ecuación supone que la tasa de crecimiento "natural" viene determinada por el aumento de la población y el progreso tecnológico, y especifica qué coeficiente de ahorro se necesita como consecuencia» (Roy Harrod. Dinámica económica. Opus cit., pág. 38).

      No obstante, James Tobin hace referencia a una objeción, respecto al ahorro, común entre diversos estudiosos: según estos, «no existe ninguna razón para ahorrar en favor de las generaciones futuras [sacrificando consumo el día de hoy] cuando el progreso tecnológico de todas maneras hará que se encuentren en mejor posición» («Crecimiento económico como objetivo de la política gubernamental». En Política económica nacional. Opus cit., pág. 120). Según esta interpretación, el ahorro no es el resultado de un «esfuerzo» o «sacrificio» consciente, sino un mero subproducto de la productividad técnica del capital. Así, la segunda variable (progreso técnico) subsume a la primera (ahorro). (Consúltese asimismo nota 128 de la primera sección.)

      (Joan Robinson ideó un modelo de crecimiento equilibrado, descrito en La acumulación del capital, muy similar al de Harrod-Domar. Se distinguiría por la siguientes características: 1) progreso técnico neutral; 2) competencia perfecta; 3) acumulación al mismo ritmo que el crecimiento uniforme de la población ocupada; 4) tasa de beneficios constante; y 5) aumento salarial equivalente a la productividad del trabajo. En tal sistema la producción y la existencia de capital crecerían a una tasa proporcional y constante. Ésta sería la llamada edad de oro, que correspondería a lo que más arriba llamamos crecimiento natural —Gn— de Harrod.)

      Nicholas Kaldor y Luigi Pasinetti transformaron la relación de Harrod-Domar, recuperando el supuesto de Harrod de un coeficiente capital-producto α constante, y añadiendo asimismo el de una tasa de ahorro de los trabajadores s_t nula. Estos supuestos se alejan, como vemos, de los expresados por Solow, ajustados al paradigma neoclásico de la productividad marginal. Así pues, si expresamos la tasa de ahorro como la propensión marginal al ahorro de los capitalistas (s_c), la función s=α×Gn la podemos transformar en s_c=α×Gn, y por tanto s_c=(K/Y)×Gn. Desarrollando tendríamos: Y/K=Gn/s_c (1). Como s_t=0, tenemos que S=0×W+s_c×B (siendo S el ahorro total, W el volumen de salarios y B el volumen de beneficios). Por lo tanto, S=s_c×B (2). Y como s=S/Y, entonces s_c=S/Y (3). Utilizando la expresión (3) transformamos la expresión (1) en Y/K=[Gn/(S/Y)], y finalmente en Y/K=[(Gn×Y)/S] (4). Y como S=s_c×B (expresión [2]), entonces Y/K=[(Gn×Y)/(s_c×B)] (5). Finalmente, desarrollando, B/K=Gn/s_c (6).

      La expresión (6) (la llamada ecuación de Cambridge) nos indica que en una situación en la que el ahorro de los trabajadores es nulo (suposición de Kalecki) y de un coeficiente capital-producto fijo (suposición de Harrod), la inversión, dividida por el stock de capital, ha de igualarse a la tasa de crecimiento natural de la economía (Gn). Esta expresión se entiende mejor a partir del razonamiento de Joan Robinson («Solow on the State of Return», en Economic Journal, vol. 74, 1964. Pp. 410-417. Citado de G. C. Harcourt y N. F. Laing, coordinadores: Capital and Growth, Penguin Modern Economic Readings, Middlesex, 1971, pp. 168-169). En definitiva, cuando la porción del beneficio neto en manos de los capitalistas respecto al producto neto (que incluye salarios y beneficios), medida en términos de capacidad adquisitiva, así como la tasa de beneficio (B/K), son ambos constantes, el valor del capital crece a la tasa Gn: si K es el valor del capital e I la inversión neta de un año (siendo K un stock e I un flujo, como sabemos a partir de la nota 180 de la primera sección), entonces I/K=Gn (1). Cuando los salarios se consumen en su totalidad I=S=s_c×B (2). Si introducimos la ecuación (2) en (1) tenemos s_c×B/K=Gn (3), y reordenando B/K=Gn/s_c (4).

      Ello indicaría que es innecesario acudir a la productividad marginal (que iguala los precios a los costes marginales, en competencia perfecta, o estos últimos a los ingresos marginales, en competencia imperfecta) para determinar la tasa de ganancia «óptima». Aquí nuevamente el factor ahorro es la clave que equilibra el sistema: «Por lo tanto, a partir del supuesto de que la tasa natural viene determinada exógenamente [la tasa de crecimiento de la población n], la ecuación [las expresiones (6), de Kaldor-Pasinetti, y (4), de Joan Robinson] demuestra que la tasa de beneficio en una situación de crecimiento proporcional se "obtiene" a partir de la propensión al ahorro de la renta proveniente de los beneficios» (H. Jones. Opus cit., pág. 178).

      La expresión (6) se puede simplificar aún más si suponemos que s_c=1, por lo que en tal caso B/K=Gn. Ésta sería la tasa natural de ganancia (según Luigi Pasinetti), que maximizaría el crecimiento per capita y sería, por consiguien­te, la más eficiente. (Dicho sea de paso, una propensión marginal al ahorro igual a la unidad equivale a un consumo nulo de los capitalistas; ello sería imaginable únicamente en una sociedad sin capitalistas, es decir, con una apropiación social del capital, en la cual todas las ganancias se ahorrasen. En definitiva, en una economía socialista.)

      135. Hemos de entender el concepto «ahorro forzoso» desde una interpretación más restringida de la que lo liga a la exacción financiera (o amortización de débitos) del sector público, a través del uso    premeditado de la inflación.

      136. Ministerio de Economía y Hacienda. «Libro blanco». Opus cit., pág. 28.

      137. J. E. Meade. La economía justa. Opus cit., pág. 265.

      138. En el «Libro Blanco» de reforma tributaria aparecía una nueva figura de ahorro, inspirada en las normas de otros sistemas fiscales europeos, llamada Plan de ahorro familiar, como una fórmula de estímulo fiscal al ahorro familiar (junto con el establecimiento de un mínimo exento en los rendimientos de capital mobiliario). Esta fórmula, para la cual —en 1996— todavía no hay autorización reglamentaria, estaría exenta de impuestos y retenciones si los fondos depositados se sujetan a limitaciones cuantitativas (de inversión anual y de saldo máximo) y temporales (permanencia de cinco años). Consideramos que éste podría ser un instrumento adecuado —de eficacia todavía por demostrar— que se ajustaría a lo que estamos exponiendo aquí.

      139. Juan N. García Nieto. Concepto y alcance de la renta mínima y del salario ciudadano. Separata de la revista «Documentación social», correspon­diente al número 78 (enero-marzo de 1990), pág. 68.

      140. J. J. Fernández Caínzos. «Los componentes público y privado del Estado del Bienestar: una perspectiva constitucional». En Rodríguez Cabrero, G. (compilador): Estado, privatización y bienestar. Icaria (col. «Economía Crítica»), Barcelona, 1991, pág. 82.

      141. Enrique Fuentes Quintana. Hacienda Pública. Edición propia, Madrid, 1987. Pág. 288.

      142. Servio Tulio Cicerón, padre del llamado «derecho natural» expresa claramente el conflicto de las dos principales posiciones ante la tan manoseada igualdad de derechos y libertades fundamentales (entre ellas el derecho a voto). En La República, escrita en torno al año 54 antes de Cristo, su actitud era abierta y generosa: «Por consiguiente, dado que la ley es el vínculo de la sociedad civil, y siendo el derecho de la ley invariable, ¿en virtud de qué derecho puede mantenerse una sociedad de ciudadanos cuando la condición de estos ciudadanos no es igual? Pues si no nos parece bien igualarlos en riquezas, si no es posible la igualdad de las capacidades naturales de todos, al menos sí deben ser iguales los derechos de todos aquellos que son ciudadanos de una misma República. Porque ¿qué es una ciudad sino una sociedad de derecho?» ([De Re Publica, 54 b.C.]. Aguilar, Madrid, 1989. Pág. 33).

      Sin embargo, coincidiendo con su caída en desgracia política, su tono se vuelve sombrío, pesimista y hasta cínico: «Si el origen del Derecho se encontrara en los mandamientos populares, los decretos de los jefes o las sentencias de los jueces, el Derecho consistiría en cometer robos y adulterios, o en falsificar testamentos siempre que estos fueran ratificados por los votos o las decisiones de la masa. Si los juicios y mandamientos de los tontos pueden hacer que la naturaleza de las cosas se transforme de acuerdo con sus votos, entonces ¿por qué no deciden que lo malo y lo pernicioso se tenga por bueno y saludable?» (Las leyes [De Legibus, 44 b.C.]. Alianza, Madrid, 1989. Pág. 185). Esta ambivalencia continúa siendo moneda corriente hoy día.

      Más adelante insiste en la idea del carácter perverso de las decisiones populares; para él, el tribunado de la plebe hace creer al pueblo que es soberano, sin serlo realmente: «Pero el orden más alto [gracias al Tribunado] se ve libre de envidia y la plebe deja de emprender luchas peligrosas para hacer reconocer sus derechos. Por lo tanto, o bien hacía falta evitar la expulsión de los reyes [los Tarquinios], o bien hacía falta dar a la plebe una libertad verdadera y no ficticia; y, sin embargo, se le dio la libertad en tal forma que gracias a una serie de instituciones excelentes fue llevada a conformarse con la autoridad de los primeros ciudadanos» (Ibid., pp. 237-238). ¿No expresa ello también una realidad plenamente vigente?

      143. Citadas por Emilio Albi: «La nueva gestión pública y su evalua­ción», en ECONOMISTAS, número 52 (extraordinario), diciembre 91-enero 92, Madrid, pág. 186.

      144. Ministerio de Economía y Hacienda. Opus cit.

      145. Ministerio de Economía y Hacienda. Ibid., pág. 163.

      146. La paridad de poder de compra (o paridad de poder adquisitivo: PPA) es proporcional al cociente entre los niveles de precios del país propio y los del de referencia (en este caso, la media comunitaria), ponderado por la tasa de cambio entre países: PPC=t_c×(P_n/P_e) (siendo P_n los precios del país propio, P_e los del país extranjero y t_c la tasa de cambio entre ambos países). Según la teoría clásica de Paridad de Poder Adquisitivo cuando P_n y P_e varían relativamente, t_c variará correlativamente de forma que el índice global se mantenga constante (es decir, los movimientos del tipo de cambio se deberían fundamentalmente a las divergencias en las tasas respectivas de inflación). Así pues, la paridad de poder de compra pondera las diferencias de valor de las monedas, expresadas en tasas de cambio, con la paridad de precios en términos del PIB.

      147. Francesc Barradas i Enric Monfort. «El nou impost sobre la renda de les persones físiques». Nota d'Economia, número 46, mayo de 1993, pág. 91.

      148. Está claro que la incidencia del multiplicador variará en función de la influencia que ejerza sobre otras variables de tipo monetario o financiero: «Debe añadirse que la precondición para que la intervención gubernamental (...) se vea coronada por el éxito es que el sistema bancario pueda satisfacer el incremento de la demanda de créditos sin aumentar excesivamente el tipo de interés. Si el tipo de interés se incrementa hasta el punto de reducir la inversión privada en una cantidad igual al préstamo obtenido por el gobierno, entonces, obviamente, no se habrá creado poder adquisitivo. Sólo se habrá producido un desplazamiento en su estructura» (M. Kalecki. Estudios sobre la teoría de los ciclos económicos [Studies in the Theory of Business Cycles, 1933-1939]. Ariel, Barcelona, 1970. Pág. 70).

      149. Gregorio Rodríguez Cabrero. «Entre la protección social y el bienestar social», en Reflexiones sobre política económica. Editorial Popular, Madrid, 1990., pág. 229.

      100. No obstante, somos conscientes de que tras esta bienintencionada pretensión se pueden esconder interpretaciones idealistas y/o refractarias, de tinte espiritualista. Un ejemplo de la citada actitud sería éste: «Durante el movimiento anticolonial dirigido por Gandhi, el símbolo de la lucha era la rueca de hilar a mano, un sencillo instrumento de la tecnología adecuada que concedía a todo indio cierta medida de control sobre su propia supervivencia económica incluso en las aldeas más pobres o remotas. La economía de Gandhi favorece el campo frente a la ciudad, la agricultura frente a la industria, las técnicas en pequeña escala frente a la alta tecnología. Sólo este conjunto general de prioridades económicas puede dar lugar a un desarrollo satisfactorio para el Tercer Mundo» (J. Rifkin. Entropía. Opus cit., pág. 241).

      101. J. Portela y C. Vázquez Arango. «La economía irregular en la economía española». En Informe Social de 1982, de la Associació Cristiana de Dirigents. Barcelona, 1982. Pág. 41.

      102. Definición de la OIT, citada por R. M. Castro y F. Castells en La economía sumergida en los sectores textil y piel. Editado por la Federación estatal textil-piel de UGT, Madrid, 1987. Pág. 11.

      103. Andrea Saba, en su obra La industria subterránea [L'industria sommersa. Il nuovo modello di suiluppo, 1980] (editada por la Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 1981), expresa su convencimiento de que: 1) la economía sumergida es la respuesta italiana a la crisis, que dota de más viabilidad y flexibilidad a la pequeña y mediana empresa frente a los esfuerzos (estériles) por parte del Estado por promover el desarrollo económico en áreas (deprimidas y marginales), sectores (maduros y laboral-intensivos) y coyunturas (recesivas) alejados de supuestos estándares elaborados ad hoc (y gravemente influenciados por intereses políticos y económicos ilegítimos); 2) puede articular y vertebrar importantes redes o tejidos empresariales (de empresas productivas, comercializadoras y productoras de bienes intermedios), de tal modo que cree economías de escala suficientes para hacer competitivos sectores de otro modo irremediablemente condenados al fracaso; 3) puede generar un importante valor añadido, a través de la «artesanalización» de determinadas actividades laboral-intensivas, y no está reñida con la innovación tecnológica; y 4) es un importante remedio contra el paro estructural (de hecho, la caída de la tasa de actividad viene acompañada de un importante desarrollo de la economía sumergida).

      Su visión, lejos de ser liberal, se autoproclama «socialista autogestionaria». Considera que la economía sumergida otorga un mayor impulso a la autoorganización del proletariado y a la democracia industrial, siempre que se inscriba en contextos productivos avanzados, no subdesarrollados. Propone vías de emersión e integración que contemplen ciertas ventajas fiscales, unas agencias de trabajo específicas, un mercado de capitales a su medida, y una difusión de tecnologías intermedias acordes con las especiales características de estos sectores en vías de maduración (y por tanto, según él, frágiles y vulnerables).

      104. Peter Gutmann. Taxing and Spending, vol. 2, número 2. New York, abril 1979. Citado por Andrea Saba. Ibid., pp. 93-98.

      105. Joaquín Trigo, en Economía y empresa en España (Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 1994. Pág. 171) atribuye a la presión fiscal una serie de males que, a la postre, lastra a la empresa española y «explica» la sumersión y la evasión fiscal: «La elevada presión fiscal individual de las personas sujetas a tributación resalta la existencia de bolsas de fraude cuantiosas que en algunos casos responden a la imposibilidad de mantener una actividad que cubra costes si debe hacer frente a las cargas mencionadas, pero que en muchos otros es simplemente evasión fiscal». Su eliminación, según él, requiriría cinco requisitos: 1) la reducción de los costes laborales de trabajar en plena legalidad (y por tanto de las cotizaciones sociales); 2) previsibilidad de la situación para eliminar incertidumbres que inducen a la ocultación fiscal; 3) presión sobre las irregularidades; 3) proporcionalidad entre exacciones fiscales y beneficios sociales; y 5) medidas positivas de afloración del fraude. Más adelante añade otro requisito: reducción del coste de gestión e información de las operaciones administrativas que, en puridad, correspondería a la Administración, no a las empresas.

      Con anterioridad se había referido a dos preocupaciones que estudiaremos un poco después: 1) la presión de costes de los asalariados (añadida a la de otros costes empresariales, como los financieros o energéticos), y 2) los costes de entrada y salida del mercado de trabajo. En conjunto constituye una interpretación «canónica» de las preocupaciones liberales en torno al factor «costes laborales».

      106. El Instituto de Estudios Fiscales, en su Informe sobre el fraude en España (Madrid, 1994, pp. 142-143), añade dos interpretaciones más, que implicitamente compartirían la asunción «liberal» del fenómeno: «En términos generales, y desde la óptica de un análisis económico de las causas de la economía sumergida, el fenómeno puede interpretarse como una conducta de carácter defensivo y agresivo de los agentes económicos.

      En el caso de las conductas defensivas (...) el objetivo último del empresario lo constituye la reducción de sus costes empresariales (...)

      Dentro de este grupo, suelen también incluirse aquellos nuevos empresarios que, ante los costes previos que supone regularizar el inicio de una actividad, deciden iniciarla en lo "irregular", a la espera de que la marcha futura del negocio les permita emerger.

      (...) De concurrir estos últimos factores [escasa cultura empresarial, aversión al riesgo, expectativas de superbeneficios], la decisión de sumergirse podría responder a una conducta de carácter agresivo de los agentes económicos y estar guiada por el objetivo de sobreacumulación o enriquecimiento rápido y no tanto por un problema de no poder competir en el mercado en condiciones de regularidad. En otras palabras, no se trataría ya de una actividad coyunturalmente defensiva (...) sino de un fenómeno de características más estructurales, claramente reprobable y regresivo, social y económicamente.

      En el caso español, según estudios comparados en la materia, se podría apuntar la presencia de este último tipo de motivaciones como un componente importante en la dinámica expansiva de la economía sumergida, por contraste con otras experiencias (en algunas regiones italianas), donde el carácter defensivo, en términos económicos, ha predominado, teniendo como consecuencia, "a posteriori", la emersión en condiciones competitivas de amplios sectores de la industria manufacturera y de servicios».

      107. Maurice Dobb demuestra cómo la simbiosis entre la industria doméstica (subcontratada) y la gran industria tiene precedentes remotos: «La industria doméstica de este período [siglo XVII] (...) presentó una diferencia esencial respecto del gremio artesanal, su antecesor: en la mayoría de los casos había pasado a quedar subordinada al control del capital, perdiendo el artesano productor la mayor parte de su independencia económica de tiempos anteriores.

      (...) Producción doméstica y manufactura se entrelazan íntimamente, las más de las veces, en diferentes etapas de la misma industria y hasta, en ocasiones, con la producción fabril» (M. Dobb. Estudios sobre el desarrollo del capitalismo. Opus cit., pp. 176-177).

      108. En Alemania Federal el conjunto de trabajadores irregulares, en relación a la población activa, representaría de un 8 a un 12%; de un 13 a un 14% en Suecia; de un 35 a un 50% en Italia; de un 3 a un 5% en Francia; unos 25 millones en los USA. Fuente: Ricard Baget. «El trabajo negro y su contexto hoy». En Informe social de 1982. Opus cit. Pág. 38.

      109. J. Portela y C. Vázquez Arango. «La economía irregular en la economía española». En Informe social de 1982. Opus cit. Pág. 44. Las cifras globales más fiables de las que disponemos las facilita el C.I.S., en su encuesta sobre «Condiciones de vida y trabajo en España» (véase fuentes). Ésta sitúa el índice de irregularidad, que establece la relación entre los ocupados analizados (10,3 millones) y los irregulares (2,3 millones) en un 22%. Según este mismo estudio las ramas de actividad que se desviarían sensiblemente por arriba del promedio de irregularidad serían: servicios domésticos (60,4% por encima), confección (42,9% por encima), industria del calzado (37,8%), cuero (32%), servicios personales (34,5%) y agricultura, ganadería, caza y pesca (30,9%). Es de suponer que las cifras reales sean incluso superiores.

      110. Faustino Miguélez Lobo. «Ahora que el paro baja, ¿se han acabado los problemas?», en Revista de Treball Social, número 117. Col×legi Oficial de Diplomats en Treball Sociali Assistents Socials de Catalunya, Barcelona, marzo de 1990. Pág. 173.

      111. Mal, este último, que la Ley 2/1991 de 7 de enero, sobre Derechos de Información de los Representantes de los Trabajadores en materia de contratación, pretende atajar.

      112. Robert Boyer. La flexibilidad del trabajo en Europa. Editado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Citado por Rafael Ortiz i Cervelló: «La flexibilidad laboral y las relaciones empresa-trabajador», en Món laboral, número 6 (dedicado a la flexibilidad laboral). Edita el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, segundo semestre de 1988. Pág. 5.

      113. Albert Recio Andreu. Capitalismo y formas de contratación laboral. Colección «Tesis Doctorales». Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1988. Pág. 227.

      114. «La presunción de que el riesgo forma parte de la actividad normal del patrón, hace muy difícil determinar cuándo y hasta qué punto están obligados moralmente a hacer participar a sus obreros y empleados de todas las ventajas que produzca cualquier mejoría de las condiciones económicas, que, después de todo, pueden durar sólo poco tiempo, y cuando y hasta qué punto pueden exigir de ellos que admitan una rebaja de salarios para hacer frente a un empeoramiento de dichas condiciones que, también, puede ser sólo temporal» (Alfred Marshall. «La teoría del valor de Mill», en Obras escogidas. Opus cit., pág. 21).

      El mismo autor, poco después, concluye que, a la vista del sacrificio marginal de la reducción de los salarios superior al sacrificio marginal de su aumento en una misma cantidad, «las fluctuaciones de los salarios deben, por lo tanto, ser menores en proporción a las de las ganancias de los patronos, considerados como un todo», y «tampoco es equitativo que los obreros participen en la mala o buena suerte de la empresa que los emplea, a menos que se haya llegado a un acuerdo especial para ello» (Ibid., pág. 24).

      Estas reflexiones se inscriben en la filosofía social de Alfred Marshall, que, reconociendo el papel social de los sindicatos, aboga por una concordia general garantizada por la «caballerosidad económica», en la cual el Estado cumpliría un papel restringido. Dicho sea de paso, dicha «caballerosidad» no vendría dada por obligación o compulsión, sino por la voluntariedad de las partes, noción que participa del concepto negativo de la justicia distributiva (véase la tercera sección).

      115. Definición expresada por Abel Matutes en una ponencia presentada en las XXI Jornadas de Estudio de Aedipe. Citado por Josep M. Renter i de Cabo. «L'empresa avui», en Món laboral, número 6. Pág. 17.

      116. Josep M. Renter i de Cabo. Ibid. Pág. 20.

      117. La teoría marginalista de la ocupación, según J. M. Keynes, tiene dos postulados básicos: 1) el salario es igual al producto marginal del trabajo; y 2) la utilidad del trabajo, cuando se usa un determinado volumen de trabajo, se iguala a la desutilidad marginal de dicho volumen de ocupación (dicho de otro modo, la curva de indiferencia entre trabajo y ocio se iguala a la recta de balance que señala el coste de oportunidad del ocio respecto al trabajo). El postulado (1) nos daría la curva de demanda de ocupación y el postulado (2) su curva de oferta. El volumen de ocupación se fijaría en la intersección de ambas curvas. En definitiva, la teoría neoclásica, en condiciones competitivas, considera que no es posible una desocupación «no friccional» siempre que la oferta de trabajo ajuste su remuneración a la productividad marginal, en cuyo caso la demanda de trabajo se igualará a la oferta de trabajo. Según esta interpretación, en estas condiciones no hay lugar para fenómenos de desocupación estructural.

      118. Luis Vicente Barceló y José María García Álvarez. «Análisis de bienestar de las distorsiones del mercado de trabajo», en Papeles de economía española, número 26 (dedicado a empleo y paro). Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social, Madrid, 1986. Pág. 244.

      119. Álvaro Espina. «La flexibilidad en el mercado de trabajo», en Dirección y progreso, número 76, julio y agosto de 1984, pp. 7-14. Citado por Lluís Fina, en Reparto de Trabajo y crisis social. Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 1986. Pág. 254.

      120. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Mercado de Trabajo en España durante 1987, Madrid, 1989. Pág. 47.

      121. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ibid. Pp. 278-281.

      122. Werner Wobbe. «Tecnología, trabajo y empleo: nuevos desarrollos en el cambio de las estructuras sociales», en Formación Profesional, número 1/1987. Edita CEDEFOP. Pág. 3.

      123. Hans-Rolf Vetter. «Nuevas tecnologías, modernización, transformación de las formas de vida». En Revista de estudios de juventud, número 21, marzo de 1986. Edita el «Instituto de la Juventud», Ministerio de Cultura. Pág. 14.

      124. J. Hicks, en «El tiempo en la economía» (Dinero, interés y salarios [Money, Interest and Wages, 1982]. Fondo de Cultura Económica, México, 1989. Pág. 275) distingue entre inventos autónomos e inducidos. Un invento inducido sería un cambio de técnica que se hace a resultas de un cambio de precios (o, en general, de las escaseces); un invento autónomo es un cambio técnico que trata de superar las rigideces, las escaseces y los estrangulamientos económicos, elevar la rentabilidad e inducir la expansión. Como tal progreso técnico externo al sistema económico y generador de renovadas oportunidades de inversión cabe situarlo en el tiempo; es decir, no es posible inscribirlo en un modelo estático, sino dinámico de la economía.

      125. Durand (1978). Citado por Juan José Castillo: «Las nuevas formas de organización del trabajo», en R.E.I.S. (Revista Española de Investigaciones Sociológicas), número 26, abril-junio de 1984. Edita C.I.S. (Centro de Investigaciones Sociológicas). Pág. 204.

      126. Jean M. Guiot. Organizaciones sociales y comportamientos [Organisations sociales et comportements, 1980]. Barcelona, Herder, 1985. Pág. 46.

      127. Salvando las distancias, podemos equiparar el cálculo residual agregado del «efecto tecnológico» con el cálculo residual del «fondo de comercio» en una empresa, que expresaría (en el momento de la adquisión de una empresa por un tercero) el exceso de coste sobre el valor justo de mercado del inmovilizado tangible neto adquirido en una transacción contabilizada como compra (tras una investigación cuidadosa del valor de dicho activo), y por tanto una serie de activos intangibles (cartera de clientes, prestigio, tecnología, organización, etc.), que tienen incluso carácter amortizable.

      128. Un ejemplo: «Los coeficientes standard capital/producto, conocidos como la función Cobb-Douglas, presuponen, en su utilización tradicional, que el output se elevará un 1 por 100 por cada incremento de capital en un 3 por 100, permaneciendo constante la fuerza de trabajo. Entre 1909 y 1949, el capital por hora y hombre empleado en el sector privado no agrícola de la economía norteamericana se elevó un 31,5 por 100... Por lo mismo, el aumento del output debería haber sido del 10 por 100, aproximadamente. En resumen, se produjo un aumento en la productividad del 90 por 100 que no se explica por el incremento de capital por trabajador. La explicación... el cambio tecnológico» (D. Bell. El advenimiento de la sociedad postindustrial. Alianza, Madrid, 1976. Citado por José Antonio Garmendia et al.: Sociología industrial y de la empresa, Madrid, Aguilar, 1988. Pág. 159).

      La función de producción Cobb-Douglas se expresa como Y=N^1-γ×K^γ (1), siendo Y el nivel de producción, N la cantidad de trabajo, K el capital, y γ una constante que señala la participación del capital en la renta total (cuando los pagos de los factores se igualan a su productividad marginal). Otra expresión sería K=(γ×Y)/cu (2), siendo cu el coste de uso* al aumentar en una unidad suplementaria el capital, estando expresado por el tipo de interés corriente (el incremento del capital equivaldría a lo que cuesta su financiación, ya sea con recursos ajenos o propios, en forma de coste de oportunidad* del rendimiento de dichos fondos propios al tipo de interés corriente), así como por el grado de depreciación del capital fijo.

      La función (1) indica que un nivel Y de producción varía directamente en función de la aplicación de mayores cantidades de factor capital y trabajo, de modo que la producción crece proporcionalmente al uso de dichos factores de producción. La función (2) dice que el stock de capital deseado varía directamente en función del producto (ponderado por la participación del capital en Y) e inversamente en función del costo de uso del capital, expresado en forma de tasa de interés corriente. Sin embargo, tanto una como otra pecan de una grave carencia: la imposibilidad de expresar el efecto de la tecnología en la productividad marginal del capital.

      Para evidenciar el protagonismo de la tecnología hemos de emplear la siguiente fórmula: P.M.K.=(γ/α)­×100 (3), siendo γ la participación del capital en la renta total y α el coeficiente capital/producto, que a su vez se expresa de la siguiente manera: α=K/Y (4). Si γ=0,3 (30% de la renta total) y α es, como indica la cita previa, igual a 3, entonces la P.M.K. (Productividad Marginal del Capital) sería de un 10% anual, que expresaría el valor añadido que la tecnología incorporada en K (ponderado por la participación γ de K en la producción total Y, siendo 1-γ la participación de la fuerza de trabajo) aporta a la producción: es decir, el efecto tecnológico.

      Huelga decir que el valor de P.M.K. varía inversamente a α: mientras menor sea α mayor será el efecto tecnológico, lo que equivale a decir que mientras mayor capacidad tecnológica esté incorporada en K menos cantidad de capital físico será necesaria para obtener una unidad de producto Y, y por lo tanto mayor será la productividad marginal del capital. Sin embargo, parece que éste es un detalle que a Roy Harrod —que emplea el coeficiente capital/producto como una variable clave en su célebre modelo, como inmediatamente explicaremos— se le escapa. Éste considera que un aumento del coeficiente capital/producto equivale a una mejora en el progreso tecnológico, cuando de hecho —como acabamos de ver— sucede lo contrario. Expresémoslo con sus propias palabras: «Un progreso tecnológico que ahorre mano de obra lleva consigo una C_r [coeficiente deseado de capital/producto] creciente (lo cual implica una G_n [crecimiento natural] decreciente), y ocurre lo mismo cuando hay tendencia a un paquete de bienes y servicios que requieren más capital, dada la tecnología vigente, como consecuencia de un incremento de la renta» (R. Harrod. Dinámica económica. Opus cit., pág. 179).

      El efecto tecnológico viene dado por dos estrategias de capitalización: 1) la primera aumenta el producto por una inyección masiva de capital con bajo contenido tecnológico; 2) la segunda aumenta el producto con, incluso, una reducción de capital, que incorpora mayor productividad por su mayor eficiencia técnica. Ilustramos esta distinción con la siguiente cita de Maurice Dobb: «Aunque pudiera parecer elemental distinguir entre la inversión y el objeto de la inversión, la discusión de este tipo de temas se ha oscurecido a menudo porque no se ha sabido separar los efectos del perfeccionamiento técnico como tal, de los producidos por la simple acumulación de capital ["ensanchamiento" del capital], a saber: el efecto de un cambio en el conocimiento técnico, en condiciones de relativa constancia de la masa de capital, y el de una acumulación de capital, dado un cierto estado de la técnica. Ciertamente, raras veces o nunca será posible separar en la práctica los dos tipos de cambio. Pero si no se establece la distinción a los fines del análisis, puede evidentemente caerse en una grave confusión teórica» (Maurice Dobb. Estudio sobre el desarrollo del capitalismo. Opus cit., pág. 338).

      Roy Harrod, como hemos visto, asume la interpretación (1) [ensanchamiento del capital] que, por supuesto, tiene un efecto desfavorable sobre la productividad y el crecimiento, y obvia la interpretación (2), que es la empleada por Robert Solow y por nosotros mismos.

      R. M. Solow, En su libro La teoría del crecimiento [Growth Theory: An Exposition, 1970] (basado en las conferencias Radcliffe, dictadas en la Universidad de Warwick, en 1969, y editado por el Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1976), recupera el coeficiente standard capital/producto (α) y lo incorpora a la llamada condición Harrod-Domar: s=n×α (5), siendo s la tasa de ahorro, n el crecimiento de la ocupación —por causas demográficas— y α la relación capital/producto. Según la condición Harrod-Domar, el crecimiento estable requiere una tasa de ahorro (s) igual a la relación de inversión a producto (n×α), y ésta ha de ser compatible con un crecimiento equilibrado del capital, del trabajo y del producto (ΔK/K=ΔY/Y=n): «En el estado estable, la ocupación, el producto y el acervo de capital crecen todos a una misma tasa, porque todos ellos guardan una relación constante entre sí (...) En este relato, la tasa de crecimiento de la población es la tasa "natural" de crecimiento de la economía» (R. M. Solow. Ibid., pág. 31).

      R. M. Solow intenta demostrar cómo va cambiando el carácter del equilibrio en las condiciones de crecimiento y plena ocupación, y cómo repercuten aquí otros supuestos como tecnología, obsolescencia, ahorro y activos monetarios. Por lo que respecta al primer supuesto, el cambio tecnológico, dice lo siguiente: «Se sigue que siempre que sea constante la razón capital/producto, también tendrá que ser constante la razón capital/trabajo. La introducción del progreso tecnológico cambiaría esta situación: tanto el capital como el producto podrían crecer a lo largo del tiempo a un ritmo más acelerado que la ocupación. La innovación continua podría evitar los efectos del rendimiento decreciente que de otra suerte podría hacer que se detuviese el proceso» (Ibid., pág. 41).

      Ello se expresa con la siguiente fórmula: CT=Y-(N^1-γ×K^γ) (6), a partir de su artículo «Technical Change and the Aggregate Production Function», en The Review of Economics and Statistics, 1957. CT (efecto cambio tecnológico) sería el residuo entre la renta y la inversión. Su plasmación estadística la tenemos de nuevo en la tabla 3. En ella podemos observar que mientras el producto crece en el período de referencia (1970-1993) un 68% en cifras constantes, y la población ocupada se reduce en un 2,7%, la inversión en capital fijo se incrementa en un 62%. Por lo tanto, se produce un incremento de la productividad del trabajo de un 70%, y un incremento de la productividad del capital de un 6%, lo que es lo mismo que decir que el coeficiente trabajo/producto disminuye y el coeficiente capital/producto se mantiene prácticamente constante.

      En otros términos, el capital crece en relación al trabajo, y el producto crece correlativamente en relación al capital: el producto, con una ocupación dada, crece a una tasa dada por el incremento neto de capital. La eficiencia global (efecto cambio tecnológico) viene dada por el residuo entre el producto (que crece un 68%) y la inversión ponderada (con un incremento del 29%): en total, un 39%. Es lógico suponer que si no se produce una cualificación de la mano de obra equivalente a la tecnología incorporada en el nuevo capital fijo, éste ha de protagonizar en su mayor parte el efecto «cambio tecnológico», tal como supone Robert Solow en la cita anterior.

      Sin embargo, tal como afirma P. F. Drucker, la teoría económica todavía no ha introducido el cambio tecnológico como una variable interna al sistema económico: «(...) No hay en la teoría económica contemporánea lugar para la tecnología, para la innovación, para el cambio en su conjunto. Como sus predecesores, los neoclásicos, los economistas postulan una economía invariable, una economía en equilibrio. La tecnología, la innovación y el cambio son externos» (Las nuevas realidades [The New Realities in Government and in Society, in Economy and Economics and in World View, 1989]. EDHASA, Barcelona, 1989. Pág. 239). Expresiones como las de la destrucción creadora schumpeteriana no dejan de tener un carácter cualitativo, y recordemos que el efecto tecnológico tiene para Solow un carácter residual. Sin embargo, no se ha integrado en el sistema la tecnología como un factor más, al modo del trabajo y del capital, de manera que pudiese ser incorporado en un modelo de desarrollo —es decir, dinámico— como el de Sraffa (Producción de mercancías por medio de mercancías [Production of Commodities by means of Commodities, 1960]. Oikos-Tau, Barcelona, 1983).

      129. A David Ricardo, en la historia del pensamiento económico, se le conoce como un gran anticipador. En el campo que nos ocupa en este momento se adelantó a su tiempo al insistir en la componente «tecnología» como factor de desarrollo económico (y de ventajas comparativas*), así como de ahorro de mano de obra: «En la distribución de los empleos de capital entre todos los países, el de las naciones más pobres será empleado de forma natural en los fines que utilicen en el país una gran cantidad de trabajo, porque en estos países se puede obtener con mucha facilidad los alimentos y los productos de primera necesidad para una población creciente. En los países ricos, por el contrario, los alimentos son caros; el capital fluirá de forma natural —cuando el comercio sea libre— a los empleos donde será necesario mantener la menor cantidad posible de trabajo del país, como en la industria del transporte, el comercio exterior con países lejanos, y las industrias que requieren maquinaria costosa; en las industrias, en definitiva, donde los beneficios sean proporcionales al capital empleado, y no a la cantidad de trabajo» (David Ricardo. Els principis d'economia política i tributació [Principles of Political Economy and Taxation, 1817]. Edicions 62, Barcelona, 1984. Pág. 185).

      Por ello es escéptico sobre la posibilidad del paro estructural. El empleo de tecnología ahorra trabajo, pero también aumenta la capacidad de ahorro, y por tanto de capital: «Con cada aumento de capital (...) daría trabajo a más trabajadores y, por tanto, una parte de los que se habían quedado sin él (...) sería contratada a continuación; y si el aumento de producción debido a la utilización de la máquina fuera tan grande que proporcionase, en forma de producto neto, una cantidad de alimentos y productos de primera necesidad igual que la que había antes en forma de producto bruto, existirían las mismas posibilidades de dar trabajo a toda la población y, en consecuencia, no tendría por qué existir ningún exceso» (Ibid., pág. 317).

      (La primacía dada por Ricardo a la tecnología dentro de la teoría del capital ha hecho pensar a algunos autores que es posible distinguir dos corrientes económicas clásicas: ricardiana y walrasiana. La primera se centraría en el análisis del mundo de la producción —y de las posibilidades técnicas—, y la segunda en el de la demanda y de la utilidad subjetiva.)

      Sin embargo, John Stuart Mill no está de acuerdo con este argumento tan optimista: «Los que afirman que el empleo de maquinaria no puede nunca perjudicar a la clase trabajadora se fundan en que el abaratamiento de la producción crea un aumento tal en la demanda de la mercancía, que hace posible, en poco tiempo, que un mayor número de personas encuentre empleo en producirla. No me parece que este argumento tenga el peso que generalmente se le asigna.

      (...) Es cierto que los consumidores disponen ahora de medios adicionales para comprar otras cosas, pero no crearán esas otras cosas a menos que exista capital para producirlas, y la mejora no ha liberado ningún capital, sino que ha absorbido alguno de otros empleos. El supuesto aumento de la producción y del empleo de trabajadores en otros sectores, no tendrá, pues, lugar; y el aumento en la demanda de algunas mercancías por parte de algunos consumidores estará contrapesado por el cese de la demanda por parte de otros, a saber, los trabajadores que fueron sustituidos por la mejora y que en adelante tendrán que mantenerse, si se mantienen, compartiendo, bien sea por la competencia, bien por la caridad, aquello que era antes consumido por otras gentes» (J. S. Mill. Principios de economía política. Opus cit., pp. 106-107).

      Sin embargo, este autor reconoce que el carácter gradual en la introducción de los avances tecnológicos y del capital en las empresas mitiga y, en buena parte, contrarresta el efecto anteriormente explicado.

      130. José Botella Espejo. ¿Hacia dónde va el trabajo? Las exigencias para una acción sindical innovadora. Primer Congreso del sindicato CC.OO. del Baix Llobregat, septiembre de 1987. Pág. 5. Asimismo, como señala J. N. García Nieto, en el Sillycon Valley de California, el parque tecnológico más grande del mundo, un tanto por ciento muy elevado de la población que vive y trabaja allí, contrariamente a lo que se suele afirmar, está ocupado en labores de limpieza, vigilancia, preparación de comidas rápidas, y otros trabajos repetitivos que a duras penas requiren cualificación. Tal como dice: «dentro de cincuenta años todos conserjes y, además, eventuales...» (en La crisis actual: análisis desde una perspectiva de futuro, Fundación Santamaría, Madrid, 1988. Pág. 19). En definitiva, contra la opinión de la «ideología tecnocrática», que ha profetizado el fin de la fatiga, el conflicto y la alienación a resultas del cambio tecnológico, cabría preguntar a sus defensores a quién o quiénes beneficiará realmente estas «idílicas» perspectivas.

      131. Por ejemplo, en «Ocupación y trabajo», en Microelectrónica y sociedad, Alhambra, Madrid, 1982 (pp. 275-279); también en «La crisis de la civilización industrial», en Jornades «atur i ocupació juvenil», Barcelona, 1985; finalmente, en La revolución industrial y el socialismo del futuro, publicado por Fundació Utopia d'Estudis Socials del Baix Llobregat, Cornellà de Llobregat, 1991.

      132. Charles Handy. El futuro del trabajo humano [The Future of Work, 1984]. Barcelona, Ariel, 1986. Pp. 244-246.

      133. Tres ejemplos: por lo que se refiere a la primera visión de futuro véase José Botella Espejo (opus cit.); respecto a la segunda consúltese Adam Schaff (opus cit.); la tercera «fórmula» la ejemplificaría R. Collins (La sociedad credencialista [The Credential Society: Historical Sociology of Education and Stratification, 1979], Akal Universitaria, Madrid, 1989). Este último es un firme defensor de transformar el modelo educativo en un sentido no «credencialista» (el actual fragmenta el mercado de trabajo en función del valor que se da a las credenciales regladas o académicas, o incluso informales), es decir, más abierto y competitivo, que tenga más en cuenta el trabajo y los conocimientos efectivamente aportados (en definitiva, la experiencia previa).

      134. José Manzanares Núñez: «Un reto social y sindical», en Trabajo y nuevas tecnologías. Fundesco, Madrid, 1989. Pág. 15.

      135. Movibaix. «Societat i valors», en Azimut (coordenada 1), Coordenades per al futur. Pág. 9.

      136. K. Kumar. «Industrialismo y postindustrialismo», en Revista de trabajo, número 54-55 (1976). Citado por Salvador Carrasco: «La polémica sobre la transición al post-industrialismo y la evolución de la empresa y del trabajo», en R.T.S. (Revista de Trabajo Social) número 108, diciembre de 1987. Pág. 118.

      137. K. Kumar. Ibid. Pág. 118.

      138. Una interpretación muy difundida afirma que la información ha pasado a tener un carácter tangible, y se ha incorporado como un factor más (añadido a los de Naturaleza, capital y trabajo) al moderno mundo industrial: «La economía se está rápidamente volviendo menos material-intensiva. Alrededor del 60 por ciento de los costes del producto industrial representativo de los años veinte, el automóvil, eran materiales y energía. Las materias primas y los costes energéticos del producto industrial representativo de los años ochenta, el microchip semiconductor, son menos del 2 por ciento. El alambre de cobre, que supone alrededor del ochenta por ciento en materiales y energía, está viéndose rápidamente reemplazado en los cables telefónicos por fibra óptica, que supone un 10 por ciento en materiales y energía. Japón ha incrementado su producción industrial, entre 1965 y 1985, en dos veces y media; apenas ha incrementado el conjunto de su consumo de materias primas y de energía. Sus productos manufacturados suponían en 1985 menos de la mitad, como mucho, de las materias primas y de la energía que llevaban consigo veinte años antes. La "energía" más nueva de todas —la información— no requiere en absoluto materiales o energía. Es totalmente "intensiva en conocimiento"» (P. F. Drucker. Las nuevas realidades. Opus cit., pág. 182).

      Pero no todos los pensadores valoran del mismo modo la significación de la «información» en el mundo moderno. Neil Postman (Tecnópolis [Technopoly, 1992]. Círculo de Lectores, Barcelona, 1994. Pp. 85-95) considera que en los tiempos que corren se ha producido una inflación de información, de forma tal que «la información se ha convertido en una forma de basura, apenas útil para proporcionar una orientación coherente para la solución de incluso los problemas triviales» (Ibid., pág. 95). Hasta tal punto llega la distancia entre el acopio y el tratamiento de la información y las necesidades humanas, que la mera «cuantificación» en sí ha sido elevada al rango de ciencia, al margen de su significación real: «El científico utiliza las matemáticas para ayudarse en su investigación y describir la estructura de la Naturaleza. En el mejor de los casos, los sociólogos (por poner un ejemplo) utilizan la cuantificación meramente para dar alguna precisión a sus ideas. Pero no hay nada especialmente científico en eso. Personas de todo tipo cuentan cosas para conseguir mayor precisión sin proclamar que son científicos... La información generada por el contar puede ser algunas veces valiosa para ayudar a que una persona capte una idea, o, incluso, más que eso, para apoyar una idea. Pero la mera actividad de contar no equivale a una ciencia» (Ibid., pp. 192-193).

      Ludwig von Bertalanffy (Teoría general de los sistemas. Opus cit., pág. 104) extiende este razonamiento al campo de las ciencias experimentales, al afirmar: «No hay que dejar sin mencionar un peligro de adelantos recientes. La ciencia del pasado (y en parte la actual) estaba dominada por un empirismo unilateral. Sólo se consideraba "científico" en biología (y psicología) el acopio de datos y experimentos; la "teoría" era equiparada a "especulación" o "filosofía", olvidando que el mero acopio de datos, por incesante que sea, no constituye una "ciencia"».

      139. Ángel Castiñeira. «Les arrels de l'Estat del Benestar», en Món Laboral, número 6, segundo semestre de 1988. Pág. 46. Hermann Heller posterga los grandes principios para centrarse en la solución de los problemas inmediatos, concretos, de su propio país: «Un socialismo que no construye de abajo arriba y de dentro afuera; que no se sienta sobre un suelo, un pueblo y un Estado concretos; un socialismo que se agota en una lucha de clases abstracta, carece de sentido» (Hermann Heller. «Socialismo y nación» [1925], en Escritos políticos [Ausgewählte Schriften]. Alianza, Madrid, 1985. Pág. 201).

      Su socialismo posibilista lo traduce en su visión de «democracia social», alternativa a la «democracia liberal» burguesa: «Mientras que para la democracia liberal el sujeto económico queda abstraído de toda organización, la democracia social, orientada hacia la realidad, concede la mayor importancia a la organización equitativa de las relaciones socioeconómicas» («Las ideas socialistas» [1930]. En Escritos políticos. Ibid., pág. 304). También: «La igualdad formal de la democracia política, aplicada a situaciones jurídicas desiguales, produce un Derecho material desigual, contra el cual declara su hostilidad la democracia social» (Ibid., pág. 322).

      140. Ángel Castiñeira. Ibid. Pp. 43-47. Un botón de muestra: «El estudio longitudinal de los datos de encuesta indica que los ciudadanos españoles creen, mayoritariamente, que el Estado es el responsable de su bienestar y que tiene la obligación de ayudarles a resolver todos sus problemas. Ideológicamente justifican sus obligaciones tributarias adhiriéndose a una concepción utilitarista de la fiscalidad: los impuestos son la contraprestación necesaria para recibir servicios públicos; quedando en franca minoría quienes se adhieren a la opción solidaria según la cual los impuestos son un medio para redistribuir la riqueza» (Instituto de Estudios Fiscales. Informe sobre el fraude en España. Opus cit., pág. 61).

      141. Esta teoría tiene su origen en el trabajo de P. B. Doeringer y M. J. Piore Internal Labor Markets and Manpower Analysis (D. C. Heath, Lexington —Massachusetts—, 1971). Su esquema estaba basado en dos sectores: el primario y el secundario (el segundo no incluiría el tercer sector que según nuestra interpretación incorpora a los «nuevos pobres», pero tendría un carácter precario e inestable). (Citado por A. B. Atkinson: La economía de la desigualdad [The Economics of Inequality, 1975]. Crítica, Barcelona, 1981. Pág. 155).

      142. Por contra, el Grupo de Lisboa (que recoge a un amplio espectro de investigadores sociales a escala mundial) replica que «los principales vehículos de la "fabricación" del mundo global son las personas, sus sistemas de valores, sus objetivos y los medios de los cuales disponen para obtener sus metas» (Grupo de Lisboa. Limites à la compétitivité. Les Éditions du Bóreal, Québec —Canadá—, 1995. Pág. 51).

      143. Éste es el caso de la hostelería: los servicios turísticos y de restauración «exportan» bienes al extranjero (intangibles), pero están protegidos por el monopolio de la exclusividad (beneficio del sol o del arte), por tácitas barreras a la competencia de otros países (culturales, infraestructurales, ambientales, etc.), así como por el hábito o la costumbre.

      144. La visión más tradicional del concepto «deslocalización» la describe muy bien la siguiente cita: «En un número cada vez mayor de países "subdesarrollados", las empresas multinacionales hacen trabajar al personal, frecuentemente mediante empresas autóctonas, conjugando una productividad relativamente alta con unos bajos niveles salariales debido al desempleo. El alto nivel de productividad se consigue sobre todo con el empleo de un moderno material de producción, pero también por la forma de contratación de la mano de obra, ya que se puede elegir entre una masa de población sin trabajo los elementos más "eficaces". Los trabajos de subcontratación se efectúan a muy bajo precio, principalmente en Asia, gracias a la explotación forzada del trabajo de mujeres y niños.

      La mercancía obtenida de esta forma entra en los mercados mundiales a unos precios relativamente elevados, mediante las redes comerciales de las firmas multinacionales, principalmente en los países "desarrollados", pero también entre las clientelas ricas de los "subdesarrollados" (...) La importancia de la plusvalía que se puede deducir de una mano de obra de alta productividad y de bajos salarios, determina los considerables márgenes de beneficio que se reparten en proporciones variables las grandes firmas multinacionales (...) y los capitales autóctonos y el sector capitalista estatal. Sus intereses están cada vez más asociados» (Yves Lacoste. Los países subdesarrollados [Les pays sous-développés, 1991]. Oikos-Tau, Barcelona, 1991. Pág. 84). El mismo autor afirma más adelante que se está produciendo una nueva forma de deslocalización, que exporta al llamado «Tercer Mundo» las industrias más contaminantes y peligrosas.

      145. Un ejemplo del escepticismo hacia esta visión viene dado por el siguiente párrafo: «Sin embargo, ¿cómo es posible poner en paralelo la competitividad de países donde se gana 1000 $ US por año por 2.200 horas de trabajo y de aquellos otros donde se recibe 30.000 $ US por 1.600 horas de trabajo? Es pura demagogia pretender que la competitividad de estos últimos aumentará de forma significativa si se comprime un poco los costos de la mano de obra (...) Esta nivelación por lo bajo tiene algo de sorprendente en la boca de los partidarios de la libertad absoluta de los mercados» (Grupo de Lisboa. Limites à la compétitivité. Opus cit. Pág. 167).

      146. «Un país en el que la productividad en las industrias que producen artículos comerciales sube más rápidamente que en el resto del mundo, tiende a lograr una ventaja competitiva que puede estar menos que compensada por una relativa elevación de su nivel de salarios monetarios. Una nación que tenga unos capitalistas excepcionalmente activos y unos sindicatos pacíficos logra ventajas competitivas sobre los demás, mientras que un país con capitalistas perezosos y con sindicatos fuertes las pierde. Es bien sabido que el país que sufre el déficit más grave es el que tiene la tasa de inflación más rápida» (Joan Robinson y John Eatwell. Introducción a la economía moderna [An Introduction to Modern Economics, 1973]. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1982. Pág. 292).

      147. Ministerio de Industria y Energía. España en Europa: un futuro industrial. Madrid, 1987. Pág. 83.

      148. Esta visión se ajusta a la noción clásica del fondo de salarios* (apuntada por J. S. Mill —de la que posteriormente se retractaría— y defendida por A. C. Pigou), es decir, al convencimiento de que el empresario «anticipa» un fondo para subvenir a los gastos en empleo, lo que induce a pensar que cuando el capitalista gana más en forma de beneficios dedicará un fondo mayor a contratar trabajo: «El argumento consiste sencillamente en que una reducción en los salarios nominales estimulará, ceteris paribus, la demanda al hacer bajar el precio de los productos acabados, y aumentará, por tanto, la producción y la ocupación hasta el punto en que la baja que los obreros han convenido aceptar en sus salarios nominales quede compensada precisamente por el descenso de la eficiencia marginal del trabajo a medida que se aumente la producción» (es decir, hasta que la ineficiencia consecuente a la productividad marginal decreciente y a la disminución de las expectativas, compense el ahorro en costes laborales. J. M. Keynes. Teoría general sobre la ocupación, el interés y el dinero. Fondo de Cultura Económica, México, 1995. Pág. 227).

      El argumento que Keynes refuta en este párrafo no es completamente válido, por las siguientes razones:

      1) El consumo se reduce colateralmente a la bajada de salarios, lo que inicia un círculo vicioso en forma de multiplicador* negativo. Ello perjudica a las expectativas de los empresarios (J. M. Keynes. Ibid., pág. 230).

      2) Inmediatamente después de la reducción salarial hace aparición una caída de los precios, a causa de la brecha del consumo a la que hicimos referencia en el párrafo anterior (y del principio que iguala los precios a los costes marginales en una situación de competencia perfecta): «Como los empresarios no usan en seguida los medios que han retraído a los trabajadores para comprar bienes de consumo o de inversión, los ingresos de la industria se reducen en una cantidad igual. Lo que los empresarios ganan por medio de la reducción de los salarios, lo pierden pronto a través del descenso de los precios» (M. Kalecki. Estudios sobre la teoría de los ciclos económicos [Studies in the Theory of Business Cycles, 1939]. Ariel, Barcelona, 1970. Pág. 60).

      A este razonamiento, A. C. Pigou alega que el argumento de J. M. Keynes es válido únicamente si se tienen en cuenta las expectativas de los agentes económicos: «Si se reduce el tipo de salarios monetarios y esto hace que el público crea que se reducirá aún más, entonces tanto los compradores de bienes como los de trabajo se abstendrán de adquirir bienes o servicios que no sean muy urgentes, con la esperanza de obtenerlos para más adelante en condiciones más ventajosas. Por consiguiente, se mostrarán más dispuestos que antes a conservar su dinero en lugar de gastarlo... Y si esto es cierto, entonces no podemos tener la certeza de que una política de reducción de salarios monetarios, en un momento en que el volumen de ocupación muestra una tendencia a disminuir, vaya a ser más eficaz para amortiguar la depresión que la política contraria. Como observa Keynes, aquella causará sin duda una cierta inestabilidad de los precios, mientras que no necesariamente garantizará la estabilidad del nivel de ocupación. Por consiguiente, la afirmación de que un tipo de salarios monetarios menor está asociado con un mayor volumen de ocupación no es inconsistente con la opinión de Keynes, que afirma que en el mundo real el volumen de ocupación sería probablemente menor» (A. C. Pigou. «La "teoría general" de Keynes». En Socialismo y capitalismo comparados/La «teoría general» de Keynes [Socialism versus Capitalism-Keyne's "General Theory", 1964 and 1959]. Alianza, Barcelona, 1973. Pp. 177-178).

      Hemos de tener en cuenta que estos argumentos se fundamentan en un escenario de mercado no intervenido, en el que «los trabajadores gastan lo que ganan y los capitalistas ganan lo que gastan» (M. Kalecki). En una situación intervenida (con regulaciones y variados mecanismos —públicos— de sostenimiento de rentas) estas objeciones pueden perder gran parte de su fuerza.

      149. J. Hicks afirma en «La inflación y la estructura salarial» (J. Hicks. Dinero, interés y salarios. Opus cit., pág. 191) que por lo general los trabajadores, en sus reclamaciones de aumentos salariales, suelen seguir la estela de la productividad; sin embargo, es la existencia de una inflación subyacente «externa a la empresa» lo que les induce a la defensa de su poder adquisitivo: «Las elevaciones de los salarios reales derivan en su mayor parte de los incrementos de productividad (dentro o fuera del país), sin que la política salarial desempeñe, en realidad, más que un papel pasivo en el proceso. La motivación del costo de la vida cobra importancia, en relación con las reclamaciones salariales, cuando los factores externos tienden a producir una elevación del costo de la vida en relación con los salarios o, lo que es lo mismo, una baja de los salarios reales. En tales circunstancias la motivación del costo de la vida pasa al primer plano y se convierte, en el patrón laboral, en una fuerza independiente impulsora de la inflación».

      Según J. Hicks, cuando el aumento de la productividad se detiene (y por tanto también el aumento de los salarios reales), el aumento del coste de la vida (la inflación) es un síntoma de que algo más fundamental anda mal: en definitiva, de que el proceso económico está en proceso de contracción.

      K. K. F. Zawadzki va más allá al afirmar: «Asimismo, no puede decirse que todo incremento salarial que exceda el aumento de la productividad es necesariamente inflacionista en el sentido de acentuar la violencia del proceso. Sólo aquellos incrementos que eleven los salarios más de lo que se habrían elevado sobre la base del principio de reajuste del coste de la vida, aceptado en ausencia de un aumento de la productividad, son genuinamente inflacionistas en este sentido, y aun así, sólo en la medida en que rebasan el reajuste del coste de la vida» (en La economía en los procesos inflacionarios [The Economics of Inflationary Processes, 1959]. Labor, Barcelona, 1974. Pág. 217).

      No podemos obviar otro importante determinante en el análisis de la inflación de costos: ésta es muy regresiva para la mano de obra. La inflación que erosiona el poder de compra de los salarios supone una distribución directa de renta a favor de las rentas del capital: «Una redistribución inflacionaria del ingreso que logra reducir el salario real constituye uno de los sistemas impositivos más regresivos que puede enfrentar la clase trabajadora. Incluso más regresivo que un impuesto directo sobre los salarios. Sin regulación alguna de mercados el aumento de inversión se financia con el ahorro adicional generado por el aumento de las ganancias. Pero el consumo adicional por parte de los capitalistas a medida que aumentan las ganancias se apoya también en la redistribución inflacionaria en contra de los trabajadores. En suma, el financiamiento de la inversión adicional y del consumo adicional por parte de los capitalistas recae en los trabajadores» (Amit Bhaduri. Macroeconomía. La dinámica de la producción de mercancías [Macroeconomics. The Dynamics of Commodity Production, 1986]. Fondo de Cultura Económica, México, 1990. Pág. 224).

      150. Así lo expresa Roy Harrod: «Si, en su promedio global, la producción de bienes y servicios está sujeta a rendimientos a escala crecientes [monopolios], las medidas monetarias y fiscales montadas para reducir la demanda elevarán los costes. En este sector, los precios pedidos dependen de los costes, de modo que una reducción de la demanda agregada es probable que obligue a los oferentes de bienes y servicios a elevar los precios. Por el contrario, las medidas monetarias y fiscales expansionistas les permitirían reducir los precios (...) Pero si los salarios empujan, un alza de la demanda puede permitir a las empresas absorber, por la reducción de los costes unitarios, una parte mayor del alza de los salarios de lo que en otro caso habrían podido absorber. Un aumento de la demanda, en ese caso, reduciría la tasa de inflación de los precios. Si en tales circunstancias las autoridades utilizan medidas monetarias y fiscales para reducir la demanda agregada, el indeseable efecto será un aumento de la inflación de precios» (R. Harrod. Dinámica económica. Opus cit., pág. 105).

      151. Tal como anticipó Keynes, más allá de presiones de costes provenientes de los salarios, cabe hablar de una «rigidez a la baja» de los salarios, fruto de los acuerdos contractuales entre empresarios y trabajadores para evitar altas tasas de rotación laboral, que disminuyen la motivación laboral e incrementan los costes provenientes del aprendizaje y la ineficiencia de nuevas promociones laborales: «Entre los diversos aspectos de un mercado laboral de carrera antes descritos, sólo la rigidez del nivel salarial hacia abajo indica un sesgo inflacionario de los salarios. En virtud de que una reducción salarial es un resultado cualitativamente diferente y anormal, puede tener efectos en las tasas de renuncia a largo plazo suficientemente adversas para que se torne inconveniente para los empleadores» (A. M. Okun. «Precios fijos y precios flexibles» [Inflation: its Mechanics and Welfare Costs. Brooking Papers on Economic Activities, number 2, pp. 358-383, 1975]. En Economía poskeynesiana —selección de J. A. Ocampo—. Opus cit., pág. 168).

      152. Según un estudio de José Ramón Lorente, publicado en 1987 por el Ministerio de Economía y Hacienda, mientras la productividad observada del trabajo entre 1974 y 1985 aumentó un 48,5%, la productividad con ocupación máxima (es decir, sin disminución de la mano de obra) habría crecido menos de la mitad: un 20,4%.

      153. J. B. Donges. La industria española en la transición. Orbis, Barcelona, 1985. Pág. 159.

      154. En La larga noche neoliberal. Edita Icaria-Instituto Sindical de Estudios, Madrid, 1993. Pág. 206.

      155. A partir de los datos de la Central de Balances del Banco de España, queda claro que la apelación a la financiación a corto plazo con coste está asumiendo un protagonismo que no le habría de corresponder: en 1982 representaba un 18,4% respecto al total de recursos permanentes (que incluye recursos propios, recursos a medio y largo plazo con costes estables y provisiones); este porcentaje fue disminuyendo con la recuperación económica, hasta llegar a 1988, cuando se produce un mínimo coyuntural, un 12,4%. A partir de aquí vuelve a subir hasta llegar al 20% de 1991 y al 22,2% de 1993 (según la C.B.B.E. de 1994). A lo largo de este punto iremos comprobando que este proceso dibuja grandes sombras sobre la situación financiera de la empresa en el futuro inmediato.

      156. Leopold A. Bernstein, en Análisis de estados financieros (Opus cit., pp. 614-615) esgrime los siguientes riesgos derivados de altos efectos-apalancamiento: 1) cuanto mayor es la proporción de deuda en la estructura de capital total de una empresa, más altos son los gastos fijos y compromisos de pago derivados, y mayor es la posibilidad de que se encadenen una serie de hechos que impidan pagar los intereses y el principal a su vencimiento; 2) un exceso de deuda puede limitar la iniciativa y flexibilidad de la dirección para emprender acciones rentables; 3) el apalancamiento magnifica los errores gerenciales; y 4) asimismo puede incrementar el riesgo por factores imponderables o causas externas (precio de las materias primas u obsolescencia tecnológica).

      Como sus principales ventajas señala las siguientes: 1) como el coste de la deuda es fijo, siempre que sea inferior al rendimiento de los fondos proporcionados por esta deuda, este exceso de rendimiento se acumula en beneficio de los fondos propios; y 2) los intereses financieros se consideran un gasto, y en consecuencia son deducibles fiscalmente.

      157. Según la tabla 10, sólo durante los años 1988 y 1989 (hasta las cifras disponibles de 1993) las empresas españolas gozaban de niveles de apalancamiento, amplificación y sensibilidad tolerables. Joaquín Trigo (Economía y empresa en España. Opus cit., pág. 241) llega a las mismas conclusiones que nosotros al considerar que «la rentabilidad real del conjunto de empresas sólo fue positiva en los ejercicios 1987-89».

      158. «El empresario se encuentra siempre ante el dilema de emplear capitales ajenos, que aumentan la rentabilidad de los capitales propios (...) pero disminuyen su estabilidad y autonomía, o emplear capitales propios, que tienen el efecto contrario.

      Naturalmente, entre los dos supuestos extremos citados, se pueden dar multitud de situaciones y será misión del empresario lograr un equilibrio entre estos tipos de medios financieros, tal que proporcione una seguridad y estabilidad suficientes a la empresa como para permitirle un desarrollo armónico y equilibrado, al mismo tiempo que le asegure la obtención de una rentabilidad adecuada de los recursos propios» (J. A. Fernández, I. Navarro. Cómo interpretar un balance. Ediciones Deusto, Bilbao, 1989. Pág. 108).

      Adrian Wood, en «El margen de ganancia a largo plazo» [A Theory of Profits, chapter 3, pp. 61-92, 1975] (J. A. Ocampo: Economía poskeynesiana, Opus cit., pág. 192) se atreve a afinar respecto al punto donde se situaría el margen óptimo de riesgo para una frontera de oportunidad (a largo plazo) determinada: «El deseo de maximizar el crecimiento frente a la competencia de otras empresas (o sea el deseo de mantener el margen de ganancia [dada la voluntad de hegemonía en el mercado] al menor nivel posible) impulsa a la empresa a adquirir sólo la cantidad mínima necesaria de activos financieros y utilizar la cantidad máxima posible de financiamiento externo [con un alto efecto de apalancamiento*]».

      Ello supone que si se ha de maximizar la tasa de crecimiento, el margen de ganancia ha de satisfacer las siguientes dos ecuaciones: π=μ(g,k) (1) y π=[(1+f-x)/r]×gk (2). Siendo π el margen de ganancia (P/V, siendo P los beneficios y V las ventas totales), g el incremento proporcional del valor de las ventas (ΔV), k el coeficiente de inversión (I/ΔV, con I como gasto en inversión), f el porcentaje de financiación interna, x el porcentaje de financiación externa y r el porcentaje de beneficios retenidos (que alimentan los recursos propios).

      Esta fórmula nos indica que, cuando se conoce el valor del coeficiente de inversión aplicado k (es decir, cuando se necesita una cantidad fija de inversión para obtener un resultado predeterminado de aumento de la capacidad productiva), el margen de ganancia π es el resultado de dos presiones opuestas, surgidas del deseo de los empresarios de incrementar su hegemonía en el mercado (aumentando sus ventas y ampliando la demanda):

      a) La competencia de otras empresas, que obliga a decrementos de precios, así como a aumentos de costes, y determina un margen de ganancia bajo: expresión (1).

      b) La necesidad de una financiación externa, que incrementa la capacidad productiva para atender al imperativo a), y que obliga a altas tasas de ganancia: expresión (2).

      Así pues, el margen de ganancia escogido en última instancia es el que logre un equilibrio entre ambas presiones, de modo que π iguale la tasa de crecimiento de la demanda máxima alcanzable con la tasa de endeudamiento externo financieramente viable.

      En último término π es la variable independiente que permite unos u otros niveles de endeudamiento y de crecimiento de la capacidad productiva.

      159. Las condiciones contractuales que se pactan entre los cedentes y los adquirentes de tecnología no incorporada son muy ilustrativas del carácter del sistema receptor: limitan el mercado, desestimulan la inversión y aumentan los costes unitarios. El trato desigual en el intercambio de información técnica elimina cualquier estímulo a mejorar la tecnología cedida y a utilizar la transferencia como una medida de refuerzo o complemento de las iniciativas de investigación o desarrollo propias. Las cláusulas más comunes son: limitaciones a la exportación y al intercambio de información técnica, obligación de ceder gratuitamente al oferente las mejoras sobre el diseño original, con derecho por parte de esta última parte para poder venderlas o alquilarlas libremente, etc.

      160. María Paloma Sánchez. La demanda de tecnología en España en la década de los 90. Edita el Ministerio de Economía y Hacienda (Secretaría de Estado de Economía), Madrid, 1993. Pág.238.

      161. J. B. Donges. Opus cit. Pág. 52.

      162. P. F. Drucker, en su obra Las nuevas realidades (Opus cit., pág. 221), considera a Toyota una empresa «eficiente», al tener unos costes laborales que se sitúan en torno al 18% de la producción total, mientras que considera a la empresa Ford, con un 25%, una empresa atrasada.

      163. Según este informe (C. Martín: «Impacto del Mercado Único en los sectores industriales», 1991; citado por el Instituto Sindical de Estudios: «La industria española: un problema estructural», en Evolución Social en España, 1993, pág. 413) entre 1985 y 1990 se triplicó el déficit en tasa de cobertura de los sectores con demanda fuerte, al tiempo que se perdieron 10,5 puntos en el grado de abastecimiento del mercado nacional, 10,7 puntos en el de demanda media, y sólo 5,6 en el de demanda débil. Esta pérdida generalizada de cobertura global de los mercados, concentrada además en actividades de mayor crecimiento de la demanda, indica un notable deterioro en la evolución de la competitividad industrial.

      164. Commission des Communautés Éuropéennes. L'impact sectoriel du marché intérieur sur l'industrie: les enjeux por les États membres. Número especial de la revista Europe Sociale, 1990. Pág. 223.

      165. Arturo González Romero. «Las PYMES y la política industrial en España». En CEOE: Cumbre de la industria española, Madrid, 1990. Pág. 328.

      166. A este respecto, P. F. Drucker se hace la siguiente pregunta: «Esos empleados que trabajan indirectamente [él lo llama costo invisible de la burocracia] para el gobierno son totalmente improductivos. ¿Acaso alguno de ellos cree por ejemplo, que los contadores que calculan los impuestos contribuyen a la riqueza nacional o a la productividad, agregan algo de bienestar social, ya sea material, físico o espiritual? Sin embargo en todo país desarrollado el gobierno exige que se destine una parte cada vez más grande de nuestro recurso más escaso: personas educadas, diligentes, capaces, a propósitos esencialmente estériles» (P. F. Drucker. La innovación y el empresario innovador. Opus cit., pág. 300).

      167. Joachim Jens Hesse. «La modernización administrativa y la reforma del sector público en Alemania», en Modernización de la Administración Pública, revista Política y Sociedad, número 13, año 1993. Pág. 81.

      168. Alfredo Pastor. «Sueño y realidad en la economía española», en España 1992. Un balance, revista Economistas, año 1993. Pág. 83.

      169. G. W. Jones. «La modernización administrativa en el Reino Unido», en Modernización de la Administración Pública, revista Política y Sociedad, número 13, año 1993. Pág. 48.

      170. Carlos Solchaga, en el Libro Blanco de la Reindustrialización, editado por el Ministerio de Industria y Energía en 1983. Pág. 10.

      171. Julio Segura. «La competitividad industrial de la economía española», en Europa y la competitividad de la economía española, Ariel, 1992. Pág. 69.

      172. Las consecuencias de la aplicación en España de las medidas de reestructuración industrial entre 1980 y 1986 son decepcionantes. Se enterró más de un billón de pesetas en «reconvertir» sectores clave (siderurgia integral, aceros especiales, construcción naval, electrodomésticos de línea blanca, textil, fertilizantes, etc.), a lo que hemos de añadir una serie de medidas de apoyo (Fondo de Promoción de Empleo, Zonas de Urgente Reindustrialización) con la finalidad de recolocar los excedentes laborales y restituir el tejido industrial perdido por estas acciones, con la consecuencia de obtener resultados espectaculares en los ratios de costes (financieros y de personal, sobre todo). No obstante, este «éxito» es engañoso: se produce a costa de unos pobres resultados en las políticas compensadoras en materia de empleo y de promoción territorial, de una pérdida neta de tejido productivo y de un aumento artificial (es decir, producto de la reducción de mano de obra, más que de la introducción de capital técnico) de la productividad, lo cual queda en evidencia cuando vuelve a producirse condiciones cíclicas coyunturales similares a las que dieron origen a aquellas medidas. Los resultados llevan, entonces, a valorar como poco rentable el esfuerzo social y económico que produjo este ajuste, más considerando lo lejos que España se encuentra de los principales países europeos por lo que se refiere a competitividad, PIB industrial per capita, tecnología y valor añadido.

      173. Julio César Naffa. «Transformaciones del proceso de trabajo y de la relación salarial en el marco de un nuevo paradigma productivo. Sus repercusiones sobre la acción sindical», en ¿Modelo japonés?, revista Sociología del Trabajo, número 18, 1993. Pág. 87.

      174. Julio César Naffa. Ibid. Pág. 87.

      175. Rafael Fernández de Frutos. «La negociación colectiva en España: su estructura y evolución», en CEOE: La negociación colectiva en España y en Europa, 1989. Pág. 43.

      176. «Los casos de Hong Kong, Singapur y Taiwan, son célebres por las exportaciones, no ya de "artículos de pacotilla", sino de objetos de gran valor (aparatos fotográficos de grandes marcas alemanas), cuya puesta a punto exige unas unidades particularmente municiosas. Pero el fenómeno tiende a afectar cada vez a más países del Tercer Mundo: por ejemplo, ahora Paquistán importa algodones de alta calidad para fabricar tejidos destinados a la confección de camisas de lujo, que serán vendidas en Europa o Estados Unidos por las marcas más acreditadas» (Yves Lacoste. Los países subdesarrollados. Opus cit., pág. 83).

      177. Ante esta situación de «ventajas comparativas», a causa del dumping social aplicado por los países industriales emergentes, caben dos posturas: una política cerril y proteccionista, de defensa de los intereses de los trabajadores de los países más desarrollados; o una política abierta y generosa, de defensa de los legítimos intereses de los países del llamado Tercer Mundo. La posición correcta, como es lógico, estaría a medio camino entre esas dos políticas: «En el comercio con los países en desarrollo, al igual que en caso de las medidas de defensa comercial anteriormente tratadas [antidumping y antisubvenciones], es de fundamental importancia definir los puntos de equilibrio entre cada uno de los ámbitos de la política exterior europea. Las esferas institucional o comercial deben conjugarse con la exigencia de contribuir al desarrollo de las naciones más pobres, sin dejar de tener en consideración las conexiones de dichas políticas externas con las políticas interiores de la Unión Europea, particularmente en los temas de mayor sensibilidad para el tejido social y productivo de los Estados miembros. Se trata de puntos de permanente conflicto, por lo que su análisis merece una atención constante por parte de las instituciones implicadas en su gestión» (J. A. Nieto Solís. Fundamentos y políticas de la Unión Europea. Siglo XXI, Madrid, 1995. Pág. 147).

      178. A este respecto, un informe del Banco de España afirma: «El esquema europeo exigiría, o bien una elevada integración de los mercados de trabajo —que no se va a producir—, o bien una gran flexibilidad de cada uno de ellos a nivel nacional; los de la mayoría de los países europeos adolecen más bien de excesiva rigidez, por lo que dotarlos de mayor flexibilidad es una tarea prioritaria para la preparación de la Unión Monetaria Europea» (Banco de España. La Unión Monetaria Europea, 1977. Pág. 34).

      179. Esta constatación no desmerece el hecho de que, tal como indica E. J. Misham «la pobreza (...) es un término relativo: incluso si los pobres participaran de la creciente riqueza "real" en la misma proporción que el resto de la comunidad, seguirían calificados como pobres» (E. J. Misham. Falacias económicas populares [Twenty-one Popular Economic Fallacies, 1969]. Orbis, Barcelona, 1985. Pág. 220). La explicación se fundamenta en el mismo principio que impide desenganchar el «último vagón» de un tren, si este tren tiene más de un vagón.

      180. P. A. Baran y P. M. Sweezy, en su obra El capital monopolista (Siglo XXI, Madrid, 1986) sostienen la tesis de que el capital de los grandes monopolios, y el retorno de los capitales invertidos en el exterior de los países exportadores de capital, al no encontrar fácil acomodo en el interior de las sociedades avanzadas, es dilapidado y malgastado en diversas ocupaciones de una nula rentabilidad social: campañas de ventas, gastos públicos innecesarios o redundantes, militarismo e imperialismo...

      Mark Blaug, en La teoría económica actual [Economic Theory in Retrospect] (Editorial Luís Miracle, Barcelona, 1973. Pág. 234), contrariamente, afirma que «existe siempre un volumen de inversión bastante elevado como para crear una demanda que absorba el producto adicional de la inversión de un período anterior». Esta idea la fundamenta con la condición Harrod-Domar.

      Efectivamente, puesto que el equilibrio general requiere que el ahorro planeado iguale a la inversión planeada (y que la demanda iguale al ingreso: ley de Say), tenemos (S/Y)=(I/Y)=(ΔK/Y) (1), siendo S=ahorro planeado, I=inversión planeada, Y=ingreso y ΔK=incremento del capital productivo. Si multiplicamos (1) por (ΔY/ΔY) tendremos (S/Y)=(ΔK/Y)×(ΔY/ΔY), es decir, (S/Y)=(ΔY/Y)×(ΔK/ΔY) (2), lo que equivale a la expresión s=Gn×α (3), la condición Harrod-Domar que vimos en la nota 128 (aquí Gn=n), siendo s=tasa de ahorro respecto al ingreso, Gn=tasa de crecimiento económico al ritmo del incremento vegetativo y de las posibilidades tecnológicas y α=coeficiente capital/producto.

      Sin embargo, esta demostración peca de tres objeciones: 1) se supone que S=I, lo que no es siempre el caso; 2) se supone un coeficiente capital/producto rígido, pues K tendría que incrementarse al mismo ritmo que Y, si se pretende absorber el incremento de la producción y del ingreso: «Hasta aquí el razonamiento presupone que toda inversión es inducida por el crecimiento del producto; tan pronto como el ingreso aumenta, el "acelerador" K [nuestra α] muestra cómo la inversión tiene que subir para acomodarse a la mayor cantidad de producto» (Ibid., pág. 234); y 3) se supone que αrelaciona un stock (K) con un flujo (Y), cuando en realidad, a largo plazo, ambas variables son flujos: «Así pues, el período medio ponderado de producción de toda la economía es igual al valor del fondo de maquinaria, dividido por la renta nacional [recordemos que la «renta», por definición, es un flujo, frente al «fondo de capital», que es un stock]; en pocas palabras, ¡la razón capital-producto!» (Ibid., pág. 693). (A partir de esta presunción hace la analogía de un depósito —stock de capital— a través del cual circula, con un ritmo dado por la capacidad del depósito, un flujo de renta anual destinada a la inversión: es decir, identifica la relación capital-producto con el tiempo medio de «espera» necesario para aumentar la corriente de producto cuando se invierte más capital, a partir de la noción de «rodeo productivo» de Böhm-Bawerk.)

      En definitiva, el citado autor pretende que, dadas unas ciertas condiciones (igualdad entre inversión y ahorro, constancia de la relación capital-producto en el tiempo, y «rodeo productivo» del capital), no son previsibles estrangulamientos productivos (una disminución de la eficiencia marginal del capital) a consecuencia de un aumento de la eficiencia productiva, lo cual se inscribe en la noción clásica del «vaciamiento de los mercados» (la demanda se iguala a la oferta en base al juego de los precios relativos).

      Kennet Boulding, en su obra Análisis Económico (Opus cit., pp. 996-998) contempla de manera más realista el protagonismo de la inversión al negar, por un lado, que ésta iguale el incremento necesario para mantener el pleno empleo, y al considerar que de hecho no existe el «exceso de inversión» al que se refieren Baran y Sweezy. Si bien comparte la idea de que la tasa garantizada de crecimiento viene dada por unos ritmos de inversión ajustados al límite de capacidad requerido para mantener el pleno empleo, considera por otra parte que este hecho se produce muy raramente. Más bien, el crecimiento de la capacidad de producción del sistema va por un lado y el crecimiento de la población activa va por otro. Por ello, cuando la inversión trata de seguir la senda del crecimiento de pleno empleo suele topar con una curva de desarrollo económico dada por la capacidad potencial de crecimiento económico a corto plazo; en ese momento (en el cual se produce una situación de pleno empleo con agotamiento de la capacidad productiva del sistema, el clásico «cuello de botella»), si la población activa sigue un ritmo ascendente, deja de mantenerse la producción de pleno empleo y el multiplicador de la inversión pasa a tener signo negativo (no existe capacidad productiva ociosa, por lo que los precios han de dispararse, lo que reajusta la demanda a la baja y da inicio a una etapa de contracción de la inversión, con carácter de bola de nieve), hasta llegar a un nuevo punto de inflexión en el que existe un gran stock de recursos productivos ociosos. Esta situación renueva las expectativas de crecimiento y, así sucesivamente, se desencadena un cuadro de crisis cíclicas con un crecimiento tendencial neto positivo a largo plazo.

      Aquí nos encontramos en un escenario malthusiano: la capacidad de crecimiento de la producción es limitada a corto plazo, mientras que la capacidad de crecimiento de la población activa (no exclusivamente crecimiento vegetativo, pues puede adquirir la forma de la incorporación de nuevos sectores sociales al mercado de trabajo: amas de casa, inmigrantes, jóvenes, etc.) puede no serlo en absoluto. Supuestamente este hecho podría desencadenar crisis cíclicas recurrentes.

      181. Alain Touraine. La sociedad postindustrial [La société post-industrielle, 1969]. Ariel, Barcelona, 1971. Pág. 10.

      182. «... Nuestro patrón de decoro en materia de gastos, como en los demás aspectos donde interviene la emulación, lo establece el uso de quienes se encuentran inmediatamente por encima de nosotros en cuanto reputación» (Thorstein Veblen. Teoría de la clase ociosa [Theory of the Leisure Class, 1899]. Orbis, Barcelona, 1988. Pág. 103).

      183. El poder tecnoestructural no es un estamento cerrado, sino que se va nutriendo de la incorporación de todos aquellos individuos que pueden disfrutar de canales de enculturación* y de las oportunidades para su promoción: «La Nueva Clase no es un coto cerrado. En tanto que virtualmente nadie se separa de ella, cada año se le unen millones. El requisito más importante que se exige, sin lugar a dudas, es la educación. Todo sujeto cuya posición adolescente sea tal que hayan sido invertidos en su preparación suficiente tiempo y dinero, y que disfrute, al menos, de las dotes necesarias para marchar a lo largo de la rutina académica formal, puede ser uno de sus miembros. Existe una jerarquía dentro de la clase. El hijo del obrero de fábrica que llega a ser un ingeniero eléctrico se encuentra en el escalón más bajo; su hijo, que realiza estudios superiores y llega a ser un físico universitario, se encamina hacia eslabones más elevados, pero en cualquiera de los casos, la llave mágica es la oportunidad de adquirir educación» (J. K. Galbraith. La sociedad opulenta [The Affluent Society, 1958]. Opus cit., pág. 287).

      184. «El sujeto alienado es devorado por su existencia alienada. Hay una sola dimensión que está por todas partes y en todas las formas. Los logros del progreso desafían tanto la denuncia como la justificación ideológica: ante su tribunal, la "falsa conciencia" de su racionalidad se convierte en la verdadera conciencia» (Herbert Marcuse. El hombre unidimensional [One-dimensional Man, 1954]. Planeta, Barcelona, 1993. Pág. 41).

      185. Una de las consecuencias más señeras de la despersonalización y la enajenación contemporánea es la degradación del uso del ocio y el menoscabo de la comunicación interpersonal: «Las consecuencias de la enajenación son por cierto enormes. Cuando la organización y la finalidad del rol principal que uno asume en la vida —es decir, el trabajo— se controlan y motivan externamente, tanto el rol asumido como la vida misma tienden a transformarse en algo sin sentido. El desarrollo del carácter y la autoexpresión son distorsionados y desplazados por el entorno laboral y alcanzan sólo una realización mezquina a través de actividades realizadas en el tiempo libre. La consecuencia es el cinismo —hacia uno mismo, hacia los otros y hacia la sociedad» (R. C. Edwards, A. McEwan et al. «Un enfoque crítico de la enseñanza actual de la economía» [A Radical Approach to Economics: Basis for a New Curriculum. American Economic Review, pp. 352-363, 1970]. En P. Sweezy et al.: Crítica a la ciencia económica. Ediciones Periferia, Buenos Aires, 1972. Pág. 143).

      186. W. Leontief. Análisis económico input-output [Input-Output Economics, 1966]. Orbis, Barcelona, 1988.

      187. El segundo informe del Club de Roma (M. Mesarovic y E. Pestel. La Humanidad en la encrucijada. Opus cit., pág. 187) no hace incompatible el llamado «crecimiento cero» con lo que ellos llaman «crecimiento orgánico», que compatibilizaría el crecimiento positivo del mundo pobre con el crecimiento negativo (en el uso de los recursos) del mundo rico. Los autores consideran que el balance de ambos resultados sería una cifra positiva. Nosotros pensamos que un crecimiento planificado a escala mundial (por ejemplo, en el uso de ciertos recursos naturales, tal como estipuló la Conferencia de Río, de junio de 1992) podría garantizar un crecimiento coordinado del uso de los recursos que permitiese un balance cero a escala global.

      Por otro lado, Alfred Sauvy rechaza este concepto porque estima que iría en detrimento del progreso técnico: «Como nuestra tecnología está en movimiento, la idea de estacionariedad está desprovista de significación, a menos de condenar (...) toda innovación, lo cual (...) sería renunciar a un arma esencial. Al vehículo que debe cambiar de camino, no se le suprime el motor» (Alfred Sauvy. Croissance zéro? Opus cit., pág. 262). Creemos innecesario rechazar este argumento: se descalifica por sí solo.

      188. No nos resistimos a citar este famoso pasaje de J. S. Mill, que a diferencia de otros economistas clásicos no evidenciaba ningún desagrado hacia el llamado estado estacionario*: «Confieso que no me agrada el ideal de vida que defienden aquellos que creen que el estado normal de los seres humanos es una lucha incesante por avanzar; y que el pisotear, empujar, dar codazos y pisarle los talones al que va delante, que son características del tipo actual de vida social, constituyen el género de vida más deseable para la especie humana; para mí no son otra cosa que síntomas desagradables de una de las fases del progreso industrial (...) Pero la mejor situación para la naturaleza humana es aquella en la cual, mientras nadie es pobre, nadie desea tampoco ser más rico ni tiene ningún motivo para temer ser rechazado por los esfuerzos de otros que quieren adelantarse» (J. S. Mill. Principios de economía política. Opus cit., pág. 641). Este economista, anticipador en tantos aspectos (feminismo, moderna noción de igualdad de oportunidades...) también lo fue en lo que se refiere al ideal de poner límites a la propiedad, para preservar el patrimonio natural, paisajístico y ambiental: a este respecto abogó abiertamente por la regulación del uso que se hace de los recursos naturales (Ibid., pág. 683).

      189. «Por tanto, cuando decimos que el placer constituye un fin, no nos referimos a los placeres de los corruptos ni a los que se encuentran en la disipación —como creen algunos que ignoran o discrepan o interpretan capciosamente lo que decimos—, sino al hecho de que no haya dolor en el cuerpo ni perturbación en el espíritu» (Epicuro. «Carta a Meneceo», en Sobre la felicitat [300 a.C.]. Edicions 62, Barcelona, 1995. Pág. 15).

      190. «Ves, pues, qué mala y funesta servidumbre tendrá que sufrir aquel a quien poseerán alternativamente los placeres y los dolores, los dominios más caprichosos y arrebatados. Hay que encontrar, por tanto, una salida hacia la libertad. Esta libertad no la da más que la indiferencia por la fortuna; entonces nacerá ese inestimable bien, la calma del espíritu [ataraxia] puesto en seguro y la elevación» (Séneca. Sobre la felicidad [De vita beata, 58]. Alianza, Madrid, 1997. Pág. 51).

      191. «Porque lo que lleva a una vida feliz no son los banquetes y saraos continuos, ni las delicias de chicos y mujeres, ni las de los pescados y todas las otras cosas que ofrece una mesa refinada, sino el razonamiento sobrio, que analiza las causas de cada elección y de cada rechazo y erradica las opiniones, que son la causa de la perturbación más grande que se impone al espíritu» (Epicuro. Opus cit., pp. 15-16).

      192. «Se ultraja a sí misma [el alma del hombre], cuando es vencida por el placer o el dolor» (Marco Aurelio. Meditaciones [Ta eis beautón]. Alianza, Madrid, 1996. Pág. 34). «Pues, por lo que se refiere al placer, aun cuando se difunda por todas partes en torno nuestro y se insinúe por todas las vías, y halague el ánimo con sus caricias y acumule unas tras otras para seducirnos total o parcialmente, ¿qué mortal a quien quede algún vestigio de ser hombre querría sentir su cosquilleo día y noche y abandonar el alma para consagrarse al cuerpo?» (Séneca. Opus cit., pág. 52).

      193. La coincidencia de ambas doctrinas en sus puntos más esenciales la reconoce tácitamente Séneca cuando afirma: «Yo mismo soy de la opinión (lo diré a pesar de nuestros partidarios) de que los preceptos de Epicuro son venerables, rectos y, si los miramos más de cerca, tristes: pues reduce el placer a algo escaso y mezquino, y la ley que nosotros asignamos a la virtud, él la asigna al placer: le ordena obedecer a la naturaleza; pero es poco para la sensualidad lo que para la naturaleza es bastante (...) Por esto no diré, como la mayoría de los nuestros, que la escuela de Epicuro es maestra de infamias, sino que digo: tiene mala reputación, tiene mala fama, y no la merece» (Ibid., pp. 69-70).

      194. «Para usar un ejemplo... la mera supresión de todo tipo de anuncios y de todos los medios adoctrinadores de información y diversión sumergiría al individuo en un vacío traumático en el que tendría la oportunidad de sorprenderse y de pensar, de conocerse a sí mismo (o más bien a la negación de sí mismo) y a su sociedad. Privado de sus falsos padres, guías, amigos y representantes, tendría que aprender su vocabulario otra vez. Pero las palabras y frases que formaría podrían resultar muy diferentes, y lo mismo sucedería con sus aspiraciones y temores» (H. Marcuse. El hombre unidimensional. Opus cit., pág. 274).

      195. «La gente no necesita coches inmensos; necesita respeto. No necesita armarios atestados de ropa; necesita sentirse atractiva y requiere excitación, variedad y belleza. La gente no necesita entretenimientos electrónicos; necesita hacer con sus vidas algo que valga la pena. Estos son sólo algunos ejemplos. La gente necesita identidad, comunidad, retos, reconocimiento, amor, alegría. Intentar rellenar estos huecos con objetos materiales es desatar un apetito insaciable de falsas soluciones para problemas reales que nunca se satisfacen. El vacío psicológico resultante es una de las principales fuerzas que se encuentran detrás del deseo de crecimiento material. Una sociedad que puede admitir y articular sus necesidades inmateriales y hallar formas inmateriales de satisfacerlas, requeriría un nivel mucho menor de insumos globales materiales y energéticos y sería capaz de proveer niveles mucho mayores de satisfacción humana» (D. H. y D. L. Meadows y J. Randers. Más allá de los límites del crecimiento [Beyond the Limits, 1991]. EL PAÍS-Aguilar, Madrid, 1993. Pág. 256).

      196. Sebastián Dormido («La sociedad tecnológica», sección tercera de Sociedad y nuevas tecnologías. Trotta, Madrid, 1990. Pp. 129-136) va un poco más allá y transforma el concepto «tecnologías intermedias» en el de «tecnología adecuada», es decir, la que «crea un proceso de autorreforzamiento interno de la propia comunidad», soportando «el crecimiento de las actividades locales y el desarrollo de las capacidades endógenas tal como lo decide la sociedad en la que se va a incardinar».

      La evaluación del carácter adecuado (o no) de la tecnología vendrá dada por la elección política entre soluciones alternativas: maximizar la renta nacional (tecnologías eficientes en productividad) o la creación de puestos de trabajo (tecnologías intensivas en mano de obra). De todos modos, según el autor, en los países menos desarrollados, no cabe adoptar una postura imitativa de las políticas tecnológicas más avanzadas: es necesario respetar su tradición cultural, los valores imperantes y sus carencias (educacionales, de capacitación, infraestructurales) intrínsecas. Como máxima prioridad estaría desarrollar los recursos humanos del país.

      197. No basta con aceptar la necesidad de este transvase de capital desde el Norte hasta el Sur; hemos de decidir también en qué invertimos este capital. Nosotros consideramos un grave error emplear un flujo escaso de capital en proyectos capital-intensivos, del modo como aboga Samir Amin: «Los países que se han industrializado tardíamente respecto a otros han tenido, efectivamente, ritmos más rápidos de crecimiento, tanto en la productividad como en el empleo cada vez que han dado prioridad en su desarrollo a las industrias más avanzadas apelando a las técnicas más avanzadas. Por regla general, en una economía subdesarrollada no es posible realizar opciones diferentes de las que se realizarían en un país ya bien industrializado; hay que elegir la técnica más eficaz, la que maximice el excedente con los niveles de remuneración de los factores efectivamente practicados» (Samir Amin. El desarrollo desigual [Le développement inégal, 1973]. Fontanella, Barcelona, 1975. Pág. 222). Más adelante aduce que la introducción en la periferia de ramas ligeras, junto con la priorización de las actividades terciarias y exportadoras, perpetúa la integración asimétrica de los países subdesarrollados en el mercado mundial (Ibid., pág. 279).

      Pero la experiencia ha demostrado que las consecuencias fácticas de la introducción de industrias capital-intensivas en el Tercer Mundo son: 1) la pervivencia de un alto desempleo; 2) la acumulación de un éxodo rural y la eliminación de industrias artesanales laboral-intensivas; 3) un desajuste entre lo que el mercado produce y lo que puede consumir efectivamente; 4) una subutilización crónica de tales invenciones; y 5) una ineficiencia y derroche al producir con mayores costes productos más económicos en el mercado mundial (Yves Lacoste. Los países subdesarrollados Opus cit., pág. 113).

      Por último, cabe señalar otro peligro de la financiación Norte-Sur: su carácter condicionado. A este respecto, el Banco Mundial, en su informe «Las perspectivas económicas mundiales y los países en desarrollo» (véase Colom, O. y Espejo, J. L.: «L'altra cara de la "cooperació internacional per al desenvolupament"», en Arguments i Propostes número 2, 1993) advertía que un 53% de la ayuda al desarrollo estaba condicionada. El coste directo de esta ayuda (es decir, el coste de la compra de mercancías a través de ayudas condicionadas, a precios superiores a los de mercado) no bajaría del 15% de la ayuda, a lo que se ha de añadir otra serie de costes indirectos. Por lo que se refiere a los capitales facilitados por entidades privadas, no es desdeñable el añadido de las primas de riesgo* sobre el coste habitual de dichos capitales.

      198. El desarrollo de los países actualmente atrasados no tiene por qué imitar las pautas de desarrollo occidentales (el planeta no soportaría unos ritmos de crecimiento mundiales equivalentes a los de los países más industrializados). Si en lugar de emplear el concepto P.I.B. per capita

empleamos el llamado Índice de Desarrollo Humano (I.D.H.), ideado por las Naciones Unidas para medir los niveles de bienestar efectivos (éste engloba tres indicadores: longevidad, alfabetización y renta per capita ajustada al poder de compra de cada país), nos acercaremos a una unidad de medida más «sostenible» de los progresos del desarrollo del mal llamado Tercer Mundo.

      Este ajuste permite valorar que, en términos de desarrollo humano y de calidad de vida, Malasia es un país con un índice de desarrollo (en unidades I.D.H.) sólo un 18% más bajo que Suecia, mientras que utilizando el P.I.B. per capita sería un 90% inferior. Es decir, en este caso, un ingreso de 1.000$ per capita utilizado adecuadamente en educación y en salud, ubicaría a este país en los primeros puestos del índice I.D.H., al lado de países con ingresos de 20.000$ por persona. Lo dicho no pretende justificar las disparidades de riqueza, sino relativizarlas en atención al objetivo último de comparar niveles de calidad de vida, que por lo dicho no son equiparables a niveles de consumo.

      W. W. Rostow, en Las etapas del crecimiento económico [The Stages of Economic Growth. A Non-communist Manifesto, 1960] (editado por el Ministerio de trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1993), es un ejemplo del paradigma de desarrollo «cuantitativista» que tiene como modelo a los países hoy en día más rapaces en materia de extracción, derroche y dilapidación de recursos (los «países más desarrollados» según la jerga al uso). Este modelo consta de cinco fases de desarrollo desde la etapa preindustrial hasta la plenamente desarrollada: 1) sociedad tradicional, 2) condiciones previas para el despegue, 3) el despegue, 4) la marcha hacia la madurez; y 5) la era del consumo de masas.

      Según este autor, la condición básica para el despegue de una sociedad atrasada es la posesión de capital dirigido a los sectores de mayor productividad: «¿Qué podemos decir, pues, en general, de la oferta de fondos durante el período de despegue? En primer lugar, parece necesario, como condición previa, que el excedente que le queda a la comunidad una vez alcanzado el nivel de consumo de masas no pase a manos de quienes lo esterilizarían atesorándolo, gastándolo en bienes de lujo o realizando inversiones de escasa productividad. En segundo lugar, parece necesario, como condición previa, que se creen instituciones que suministren un capital circulante barato y adecuado. En tercer lugar, parece necesario, como condición previa, que uno o más sectores de la comunidad crezcan rápidamente, provocando un proceso más general de industrialización, y que los empresarios de esos sectores reinviertan una proporción significativa de sus beneficios en nuevas inversiones productivas; una de las versiones posibles y repetidas del proceso de reinversión es la inversión de los ingresos procedentes de un sector de exportación que esté experimentando un rápido crecimiento» (Ibid., pág. 105).

      No seríamos justos si no admitiésemos que este mismo autor no pretendió de ningún modo generalizar su modelo de desarrollo (Ibid., pág. 53). A pesar de todo, queda clara la visión unidimensional del concepto «desarrollo», que identifica con el crecimiento masivo de los medios de producción y está alejado del concepto «tecnologías intermedias» (más propio de países con escaso capital físico y abundantes recursos humanos) y de «calidad de vida» en el sentido cualitativo (educación, trabajo y salud), no cuantitativo (consumo de masas, derroche) del término. No obstante, este mismo autor reconoce que el concepto tradicional (Robert Solow) de crecimiento no engloba la riqueza y complejidad de los recursos humanos. De aquí que contraponga un supuesto enfoque «orgánico» de crecimiento a uno «neo-newtoniano» clásico (Ibid., pág. 316).

      199. El primer informe del Club de Roma (D. H. y D. L. Meadows, et al. Los límites del crecimiento [The Limits to Growth, 1972]. Fondo de Cultura Económica, México, 1972. Pág. 219) engloba dentro de las actividades de carácter cualitativo susceptibles de crecimiento ilimitado las siguientes: la educación, el arte, la música, la religión, la investigación científica básica, los deportes y las interacciones sociales.

      200. He aquí un ejemplo de esta interpretación: Fritz Machlup define el desarrollo como «los cambios en la utilización de los recursos productivos cuyo resultado es un crecimiento continuo y virtualmente ilimitado del ingreso nacional por habitante en una sociedad cuya población aumenta o permanece estable» (J. Attali y M. Guillaume. El antieconómico. Opus cit., pág. 138).

      201. J. M. Keynes. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Fondo de Cultura Económica, México, 1995. Pág. 333.

      202. Robert Lekachman. «Utilidad actual de Keynes» [Encounter, Desember 1963, pp. 34-43], en Crítica a la economía clásica, Ariel, Madrid, 1972. Pág. 214.

      203. J. M. Keynes. Opus cit. Pág. 334.

      204. Mark Blaug, en La teoría económica actual (Opus cit., pp. 716-717) remarca las dos facetas del interés: su significación real y su significación monetaria. La primera (significado real) lo identifica con el rendimiento puro del capital, con la recompensa por abstenerse del consumo corriente (la espera), o como un precio relativo; la segunda (significado monetario) lo identifica con el precio del dinero (precio absoluto) o con la recompensa por renunciar a la liquidez (noción de Keynes). En definitiva, la concepción monetarista (interés como recompensa por renunciar al atesoramiento) implica que la cantidad de dinero inyectada por las autoridades monetarias o la preferencia por atesorar (o ambas circunstancias simultáneamente) determinan el precio (absoluto) del dinero, siendo un factor activo (o causa) en el mercado monetario que influye decisivamente en el circuito económico (representado en el modelo IS-LM).

      Nuestra interpretación, en cambio, se inclina por el concepto de interés influido por el cambio técnico, el rendimiento del capital y los cambios en la preferencia temporal por el consumo o la inversión (dentro de los mercados de bienes), lo que afecta a las decisiones de ahorro, a la inversión, a los precios relativos y, por supuesto, a la tasa de interés (interés como «efecto» de los cambios en la eficiencia productiva). A este respecto, hacemos nuestra la concepción clásica del interés, expresada por David Hume: «Un beneficio escaso en el comercio induce a los comerciantes a aceptar con menos repugnancia un interés módico, cuando dejando los negocios quieren gozar de la comodidad y del reposo.

      Después de esto, es inútil preguntar cuál de estas dos cosas, interés módico o módico provecho, es la causa o el efecto. Tanto uno como otro son producto de la extensión del comercio y se sostienen mutuamente (...) Un comercio extenso, produciendo grandes capitales, disminuye igualmente el interés y el beneficio, correspondiéndose siempre la disminución de uno con la rebaja proporcionada del otro (...) El interés es el verdadero barómetro del Estado y que su modicidad es la señal infalible de la situación floreciente de un pueblo» (David Hume. Ensayos políticos. Opus cit. Pp. 96-97). También: «La mayor o menor cantidad de dinero en un Estado no tiene influencia alguna sobre el interés. Por el contrario, es evidente que la mayor o menor cantidad de mano de obra y de mercancías debe ejercer un gran influjo porque realmente estas cosas son las que buscamos cuando tomamos dinero a interés» (Ibid., pág. 99).

      205. Ante la confianza hacia los precios como mecanismo autorregulador en materia de deseconomías, E. J. Misham objeta lo siguiente: «Una de las pretendidas virtudes del sistema de precios, en comparación con el sistema de decisiones basadas en los votos de la mayoría, es la de que un sistema de precios que funcione adecuadamente es sensible a los gustos de la minoría. Incluso en el contexto en que normalmente se entiende esta generalización, su veracidad depende ampliamente de la organización del mercado y de la tecnología existente. Sin embargo, una vez que se ha alcanzado aquella fase del desarrollo económico a partir de la cual la generación de deseconomías externas entre en competencia con la generación del producto nacional, los deseos de las minorías —e, incluso, de las mayorías— son ignorados cada vez más por el sistema de precios de la empresa privada. Entonces, tan sólo el poder político puede remediar esta injusticia social mediante la intervención del gobierno, directa e indirecta, y/o a través de una legislación que establezca derechos a la apacibilidad [compromisos entre las partes]» (E. J. Misham. Los costes del desarrollo económico. Opus cit., pág. 77, n).

      206. La fórmula del crecimiento explosivo no autorregulado mediante un mecanismo de retroalimenta­ción negativa es asimilable al principio del interés compuesto, y tiene un carácter exponencial. El Club de Roma define así el principio de retroalimentación positiva: «La teoría de la modelación dinámica indica que cualquier cantidad que crezca exponencialmente tiene de alguna manera relación con un circuito positivo de retroalimenta­ción; algunas veces se le llama "círculo vicioso" (...) En un circuito positivo de retroalimentación se cierra una cadena de relaciones causa-efecto, de manera que el aumento de cualquiera de esos elementos iniciará una secuencia de cambios que resultará en un aumento todavía mayor del elemento que originalmente sufrió el cambio» (D. H. y D. L. Meadows, et al. Los límites del crecimiento. Opus cit. Pág. 50).

      También: «Más capital crea más producto, alguna fracción variable del producto es inversión, y más inversión significa más capital. El nuevo y mayor monto de capital acumulado genera todavía más producto, y así progresivamente» (Ibid., pág. 61).

      (...) «Los efectos de los rezagos [retardos] en el sistema dinámico sólo son graves cuando el sistema mismo está sufriendo cambios acelerados. Tal vez podamos aclarar esta afirmación con un ejemplo muy sencillo. Cuando manejamos un automóvil existe un rezago muy pequeño, pero inevitable, entre nuestra percepción del camino y nuestra reacción a él (...) Hemos aprendido a adaptarnos a sus rezagos. Sabemos que, a causa de ellos, resulta peligroso manejar a determinada velocidad (...)

      Exactamente lo mismo sucede con los rezagos que aparecen en los circuitos de retroalimentación del sistema mundial, que no representaría problema alguno si el sistema creciera con lentitud o no creciera en lo absoluto (...) Bajo condiciones de rápido crecimiento aplicamos al sistema nuevas políticas y acciones mucho antes de que hayamos podido evaluar de manera adecuada los resultados de cambios anteriores. La situación es todavía peor cuando el crecimiento es exponencial y el sistema está cambiando con creciente rapidez» (Ibid., pág. 180).

      En último término, el freno al crecimiento exponencial que está experimentando el mundo moderno es catastrófico: «En cualquier sistema finito debe haber frenos que actúen para detener el crecimiento exponencial. Estos frenos son los circuitos negativos de retroalimentación. Estos últimos se fortalecen a medida que el crecimiento se acerca a los límites últimos, o capacidad última de sostenimiento, del medio ambiente del sistema. Por último, los circuitos negativos equilibran o dominan a los positivos, poniendo fin al crecimiento. En el sistema mundial los circuitos negativos de retroalimentación implican procesos como la contaminación ambiental, el agotamiento de los recursos no renovables y el hambre» (Ibid., pág. 196).

      Cabe decir que en Economía el papel de la retroalimentación negativa (termostato) lo ejercería el mecanismo de los precios relativos y el Estado. Ya hemos visto que la efectividad real de tales estabilizadores es imperfecta.

      207. «La razón a la supuesta negativa a la segunda pregunta [¿debemos esperar hasta que los avisos de peligro sean inminentes y entonces actuar?] es la presencia de demoras en el sistema mundial que requieren acciones de naturaleza "anticipatoria" más que de "retroalimentación", es decir, las acciones deben tomarse incluso antes de que los síntomas sean completamente obvios, pues de lo contrario será demasiado tarde» (M. Mesarovic y E. Pestel. La Humanidad en la encrucijada. Opus cit., pág. 103).

      208. Ministerio de Industria y Energía. España en Europa: un futuro industrial. Opus cit. Pág. 113.

      209. El darwinismo social estipula que las leyes de la sociedad se han de ajustar a las leyes de la Naturaleza, que anteponen la adaptación de los más aptos: «El mandamiento "comerás el pan con el sudor de tu frente" es sencillamente el enunciado cristiano de una ley universal de la naturaleza, ley a que debe su estado actual de progreso la humanidad y por la cual cada criatura incapaz de bastarse a sí mismo debe perecer» (Herbert Spencer. El individuo contra el Estado [Man versus State, 1884]. Júcar, Madrid, 1977. Pág. 28). «Si los beneficios recibidos por cada individuo fuesen proporcionales a su inferioridad, si, por consiguiente, se favoreciese la propagación de los individuos inferiores y se entorpeciera la de los mejor dotados, la especie degeneraría progresivamente, y desaparecería bien pronto ante la especie que compitiese y la que luchase con ella» (Ibid., pág. 78). «La pobreza de los incapaces, la angustia de los imprudentes, la miseria de los holgazanes, ese soterramiento de los débiles por los fuertes obedece a los decretos de una benevolencia [providencia] inmensa y preciosa» (Ibid., pág. 81). Para mitigar este sufrimiento, Spencer ve lícita una simpatía espontánea que ligue a los hombres, aun sus consecuencias funestas para la «marcha natural de las cosas». Lógicamente, esta «simpatía» tendría carácter individual, voluntario y espontáneo.

      210. «En lo que concierne a la inteligencia humana, no se ha considerado bastante que la invención mecánica ha constituido su primer paso esencial, que aún hoy día nuestra vida social gravita en torno a la fabricación y utilización de instrumentos artificiales, que los inventos que jalonan el camino del progreso han trazado así su dirección. Nos cuesta trabajo darnos cuenta de ello, porque las modificaciones de la humanidad se retrasan, de ordinario, con respecto a las transformaciones de los utensilios. Nuestros hábitos individuales e, incluso, sociales sobreviven mucho tiempo a las circunstancias para las cuales se produjeron, de modo que los profundos efectos de un invento se dejan sentir cuando ya hemos perdido de vista su novedad» (Henri Bergson. La evolución creadora. Opus cit., pág. 130).

 

VOLVER