José Luís Espejo - La Transformación Social - 10

La Transformación Social - 10

La Transformación Social es una obra conjunta de Òscar Colom y de quien escribe (José Luis Espejo). Fue realizada entre los años 1993 y 1998 (aproximadamente). Es fruto del esfuerzo por encontrar un mínimo común denominador. Nunca fue publicada, pero sus conceptos básicos inspiran mi obra FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA FACTORIAL y mi libro ALTO RIESGO, LOS COSTES DEL PROGRESO. Y asimismo, el ideal de vida que Òscar no ha dejado de llevar a la práctica, como empresario, como ciudadano, y como persona comprometida con el mundo.


5. Las propuestas del mercado de las ideas

         En los ámbitos intelectuales de finales de siglo domina la idea de que la llamada «teoría del bienestar» es un vástago del cuerpo teórico liberal que arrancó de Adam Smith, pasó por los utilitaristas (J. Bentham, J. Mill) y desembocó en el movimiento filantrópico y humanista decimonónico (abolicionismo, sufragismo, cartismo, mejora de las condiciones laborales, supresión del trabajo infantil, etc.), adquiriendo en su desarrollo expresiones diversas: ya sean clericales (movimientos socialcristianos), ya cooperativistas y mutuales (owenismo, colonias obreras de carácter patriarcal, mutuas y montepíos), ya institucionalizadas (seguro social en la Alemania de la década de 1880) (52).

         Sin embargo, esta interpretación omite otra idea, compartida por amplios sectores de la intelectualidad, según la cual el advenimiento y progresivo desarrollo de la Teoría del Bienestar debería atribuirse a imperativos (conquistas sociales) resultantes del juego dialéctico entre las clases sociales. Si los principios de la «ley de Say» y de la «mano invisible» smithiana constituyen —según las teorías neoliberales nuevamente en auge— la garantía del crecimiento continuo y de la estabilidad permanente, la evidencia histórica apunta hacia otra dirección: repetidos períodos de crisis, lucha fatricida (entre las propias burguesías de los distintos Estados nacionales) por el reparto y la conquista de los mercados, malestar obrero, y distanciamiento entre el «corpus teórico» y los hechos reales (crisis de superproducción, capital monopolista y economías de gran escala, desempleo y subempleo permanente, falseamiento de las condiciones de competencia perfecta, especulación financiera alejada de la economía real, crisis bancarias, debilidad del modelo de patrón oro convertible...)

          Cuando sobrevino la gran crisis de los años treinta hasta los representantes más conspicuos del liberalismo se vieron sorprendidos por su magnitud y sus consecuencias, comprobándose que las recetas clásicas eran impotentes para restablecer el equilibrio (53). Durante los años treinta se aplicaron diferentes medidas «atípicas» para combatir los efectos de la crisis, todas ellas muy alejadas del paradigma liberal: A. Hitler construía autopistas y armamento, F. D. Rooselvet impulsaba su famoso New Deal y establecía las primeras políticas de orden social, y en Suecia E. R. Lindahl, G. Myrdal y B. Ohlin se adelantaban a Keynes en la postulación de medidas de incentivación del gasto público para reanimar la demanda agregada. J. M. Keynes enmarcó y sistematizó todos esos precedentes en una teoría coherente y homogénea. (En el plano político, las teorías socialistas «revisionistas» establecieron un sustrato adecuado de ideas para la aplicación consensuada de tales medidas: E. Bernstein, H. Heller...)

         Así pues, el camino de ideas y de experiencias que ha conducido a la teoría política del bienestar es largo y tortuoso, y a duras penas se puede afirmar que la doctrina liberal clásica fuera su único origen. A continuación expondremos las que, a nuestro entender, constituyen las fuentes, las ideas, o las bases teóricas, que dieron inicio a la llamada «Economía del Bienestar».

5.1. Las bases teóricas de la «Economía del Bienestar»

         Fue W. S. Jevons quien, a partir de los precedentes benthamitas y utilitaristas, desenredó la madeja de la paradoja del valor expuesta originariamente por Aristóteles (introductor de los conceptos «valor de uso» y «valor de cambio») y enmarañada por los fisiócratas y por Adam Smith (según quienes productos —como el agua— de gran valor de uso, tienen no obstante poco valor de cambio, mientras que otros productos —como los diamantes— con poco o nulo valor de uso, tendrían mucho valor de cambio). Hasta Jevons dicha paradoja se había resuelto a partir del argumento de la relativa abundancia o escasez de los recursos o de los bienes, y de la necesidad de aplicar más o menos trabajo para su obtención. Con los neoclásicos (1870-1930) se introdujeron, sin embargo, nuevas propuestas (que Schumpeter denominaría psicologistas) que apelaban a la fuente de placer o bienestar (en definitiva, de utilidad) de los pruductos, y a su capacidad para saciar (en una escala continua, en función del grado de satisfacción previa) las necesidades humanas.

         La utilidad de los productos como fuente de bienestar daba pie a un aparato teórico nuevo que, en base a —a veces forzadas— formalizaciones matemáticas y geométricas, unificaba valor y precio en un solo hecho económico, y encontraba en el equilibrio —a corto plazo— de los mercados el índice de medida de los precios y de las magnitudes económicas (el precio sería fruto del equilibrio de la oferta y la demanda de los individuos o de los mercados, indistintamente, en condiciones de competencia perfecta). Con independencia de las dificultades de todo orden que caracterizan a estos presupuestos (que resaltarían J. Robinson, R. Hilferding o E. H. Chamberlin, sobre el capital monopolista o la competencia imperfecta; o bien K. Marx y N. D. Kondratieff, sobre las inestabilidades cíclicas; o J. M. Keynes, sobre el equilibrio sin pleno empleo...) surgía una importante objeción que atenazaba los fundamentos teóricos de esta teoría: la imposibilidad de cuantificar cardinalmente los grados de satisfacción intra o interpersonales. Como veremos inmediatamente, éste es un obstáculo decisivo a la hora de hacer comparaciones interpersonales de bienestar.

         Como es evidente, el concepto «utilidad», así como el de «bienestar», son relativos, y dependen de lo que en el capítulo segundo de esta sección denominamos «nivel de utilidad de la última unidad de renta» de cada individuo (es decir, de la pendiente de su curva de utilidad, en función de sus disponibilidades de renta o riqueza, y de su grado de satisfacción personal). Es tan difícil establecer los grados de utilidad o sacrificio en el orden fiscal como el nivel de utilidad o desutilidad en el trabajo (en aplicación de la teoría neoclásica, que determina que un individuo trabajará hasta que maximice su utilidad al igualar su orden de preferencias entre ingreso y ocio —su curva de indiferencia— con la razón salario/hora que constituye su remuneración).

         Estas construcciones teóricas, si bien elegantes y supuestamente ajustadas a la lógica, fallan estrepitosamente a la hora de cuantificar los grados de satisfacción o insatisfacción del trabajo, del consumo, de los bienes sociales o del ocio (54). De ahí que quepa la posibilidad de establecer comparaciones ordinales (de orden) de utilidad cuando nos referimos a las satisfacciones intrapersonales (individuales), pero de ninguna manera se pueden cuantificar mediante mediciones cardinales (de medida) (55). (Wilfredo Pareto renegó de los conceptos de «utilidad», de Jevons, o de «rareté» de Walras, e introdujo el de «ofelimidad» —preferencia manifiesta—, que se adaptaría mejor al modelo de curvas de indiferencia y curvas de contrato que introdujo F. Y. Edgeworth, y que posteriormente le sirvió para establecer su famoso óptimo al comparar las preferencias interpersonales, a partir de las cuales se podrían establecer los puntos de maximización de la eficiencia —u optimización— con un reparto de factores dado, sin reparar en la legitimación del reparto previo de la renta.)

         Es decir, si partimos de la base, como hace Pareto, de que no se pueden comparar ni sumar las utilidades entre individuos (utilidad interpersonal), a duras penas podemos establecer conceptos tales como el de funciones sociales de utilidad o fronteras de posibilidades de utilidad. La inexistencia de unidades de medida —o baremos— que permitan efectuar comparaciones interpersonales de utilidad (que nos indiquen, por ejemplo, si existe una única curva de utilidad marginal, o si ésta varía en función del nivel de recursos de los que dispone cada individuo) es una carencia determinante a la hora de establecer sin margen de dudas los niveles de bienestar (social) deseables, en función de las posibilidades reales (56).

         Una vez establecido que es inocuo todo análisis que parta de supuestas funciones sociales de bienestar, si éstas se fundamentan en mediciones —ordinales o cardinales— interpersonales con pretensiones de cientificidad o rigor (pues el carácter evidentemente acientífico de tales medidas impide la elección de políticas ajustadas a las supuestas preferencias sociales de utilidad), se hace necesario aceptar las limitaciones metodológicas del análisis científico por lo que se refiere al objetivo de encontrar baremos o unidades de medida de la satisfacción o utilidad global, ya sea desde un enfoque intervencionista (redistribuidor) o conservador (57).

         Así pues, tal como hace John Bonner (58) antes de continuar nuestra reflexión acerca de si es posible efectuar comparaciones interpersonales de bienestar, como fundamento de la aplicación de políticas sociales que atiendan a las preferencias reveladas de los individuos, y con respeto a los principios de maximización de la eficiencia (optimización) en el uso de los recursos existentes, cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿Bienestar de quién? ¿El bienestar global es superior, igual o inferior a la suma del bienestar de los individuos? ¿Cuál es el impacto de los cambios en la distribución de la renta (o bienestar) en la renta total? Y, por último, ¿cómo juzgar el bienestar social, y cómo agregarlo?

         Tal como señala A. C. Pigou: «Aunque una totalidad pueda consistir en diversas partes, de tal manera que un cambio en una parte nunca mide el cambio en la totalidad, sin embargo el cambio en tal parte puede siempre afectar al cambio en la totalidad por su monto total [particular]. Si esta condición se satisface, la importancia práctica de un estudio económico se cumple. En verdad no nos dirá cómo el bienestar total, tras la introducción de una causa económica, variará de como era antes; pero nos dirá cómo el bienestar total diferirá de como hubiese sido si tal causa no hubiese sido introducida» (59). En definitiva, la introducción de tal o cual política de bienestar social no nos indicará en qué medida (o cómo) ha cambiado el bienestar respecto a la situación inicial, pero sí si es previsible un cambio (al menos una tendencia) respecto a la situación inicial, por lo que, tal como dijimos en la introducción de esta sección, si bien no es posible determinar la cuantía del incremento de bienestar social (pues la apreciación del gasto social nunca se iguala a la de la presión fiscal) sí es factible estimar sus efectos probables, aunque de manera subjetiva o valorativa, lo cual es rubricado —o no— por la preferencias reveladas de los individuos (en las urnas).

         La reflexión acerca de si, en términos de bienestar social, el todo es diferente o igual a la suma de las partes tiene decisivas implicaciones. Si el todo es igual a la suma de las partes (es decir, si se da un caso paretiano de suma cero, en el cual unos ganan lo que otros pierden) nos encontraremos en un caso en que, si dos personas estiran de su lado de la manta, cada una recibirá más o menos porción de ella en función de su fuerza relativa respecto a la otra. Es decir, partir de la idea de que para maximizar el bienestar social se ha de dejar que los actores económicos ejerzan su poder de negociación para elevar el sistema a un nivel de máxima eficiencia (es decir, abogar por la competencia perfecta como factor de maximización del bienestar), supone presuponer que el reparto de recursos y oportunidades está dado, y que el factor de maximización u optimización del bienestar viene dado por la maximización de la producción (principio de eficiencia).

         En cambio, partir del presupuesto de que el todo es superior —o inferior— a la suma de las partes presupone establecer el principio de que para maximizar el bienestar se requiere distribuir desigualmente las cargas (según la doctrina marginalista, más sobre los más ricos y menos sobre los más pobres) para igualar los horizontes vitales. Contrariamente, según los críticos de este enfoque, perturbando el libre ejercicio de negociación de las partes, se desequilibraría el normal (neutral) funcionamiento del mercado, y se favorecería —por ejemplo— el consumo en lugar del ahorro, con lo que sería afectada (disminuida) la capacidad de acumulación (y de crecimiento) de la producción, y a la postre, disminuiría la riqueza (el bienestar) social. Por lo tanto, según esta última interpretación, la implementación de políticas que se inspiren en objetivos de equidad habría disminuido la eficiencia del sistema.

         Fue A. C. Pigou, en su libro Economics of Welfare, quien explicitó más claramente la disyuntiva entre el principio de eficiencia y el de equidad al exponer sus dos reglas de bienestar:

         «1) Cualquier causa que, sin el empleo de la coacción o presión sobre la gente para que trabaje más de lo que le dictan sus deseos o intereses, aumente la eficiencia productiva y, con ello, el volumen promedio del dividendo nacional (ingreso), siempre y cuando no perjudique la distribución ni aumente la variabilidad del ingreso consumible, hará, en lo general, que aumente el bienestar económico.

         2) Cualquier causa que aumente la proporción del dividendo nacional recibido por las personas pobres, siempre y cuando no conduzca a una contracción del dividendo y no afecte en forma perjudicial a su variabilidad, dará, en general, un aumento del bienestar económico» (60).

         En definitiva, el primer presupuesto determinará una maximización de la eficiencia, y el segundo una maximización de la equidad; sin embargo, el segundo intenta compatibilizar ambos principios (eficiencia y equidad) para maximizar el bienestar general. O sea, que el todo puede superar a la suma de las partes si la explotación de la gallina económica para repartir sus huevos no acaba matándola de agotamiento. Estas dos reglas nos hacen conscientes de la existencia, dentro de la realidad global, de dos esferas: 1) la de la riqueza, que tiene su fundamento en el mundo factorial, el de la producción de bienes y servicios; y 2) la de la distribución de la renta y la riqueza, ya sea a través de los mecanismos de mercado, ya sea mediante la reasignación —en base a fines— a través del Estado o de otras organizaciones no lucrativas. Ambas esferas están interrelacionadas, de tal modo que atender a una política redistribuidora sin acudir a las posibilidades reales de un país es tan antieconómico como es antisocial acentuar los bucles de retroalimentación de la riqueza y de la pobreza.

         La aplicación de estos presupuestos (aumentar la riqueza global disminuyendo simultáneamente las desigualdades —relativas o absolutas— sociales, lo que equivale a mejorar las condiciones objetivas de existencia de los más pobres) ha sido pasado repetidas veces, como hemos señalado con anterioridad, por el tamiz del llamado principio de optimización de Pareto, es decir, aquel que afirma que para maximizar la utilidad (u «ofelimidad», como diría Pareto, al no aceptar el concepto de «comparaciones de utilidad») de dos (o más) personas, se ha de llegar a un punto donde ninguna situación puede beneficiar a alguien sin perjudicar a los demás (61).

         Sin embargo, como hemos visto en la nota 12 de esta sección, ni existe un solo óptimo (sino que existiría un infinito número de ellos distribuidos a lo largo de la curva de contrato* que une los puntos de tangencia de las curvas de indiferencia de dos individuos relacionados, y que al mismo tiempo variarían al variar las disponibilidades económicas de cada par de individuos, o bien su poder relativo de negociación), ni éste tiene por qué ser más favorable que otros que se sitúen en curvas de indiferencia superiores, maximizando el bienestar global al disminuir el bienestar de uno en menor medida que aumenta el bienestar de otro.

         El criterio de Pareto, pues, se atiene a medidas de eficiencia e ignora las mejoras en bienestar a partir de criterios de equidad, por cuanto no cumple las dos condiciones establecidas por Pigou, al limitarse a valorar la primera (maximización de la riqueza) obviando la segunda (maximización de la equidad) (62). Este método de estudio, radicalmente positivista y aséptico, se sitúa al margen de cualquier interpretación maximizadora del bienestar social, del tipo inspirado por el segundo principio de Pigou, que considera preferible una situación donde se maximice la equidad, aun a costa de una pérdida en eficiencia, y de la disminución del bienestar individual de una parte de la sociedad en beneficio de la otra. Nótese que la teoría marginalista —y Pigou— presume la existencia de curvas de utilidad diferentes en función de las disponibilidades económicas de los individuos, de tal modo que la pérdida de un monto igual de renta para los más ricos y los más pobres supondrá pérdidas proporcionalmente inferiores de bienestar para los más ricos que para los más pobres (63).

         Así pues, si bien —según Pigou— sería posible maximizar el bienestar global a costa de no respetar el óptimo paretiano por lo que se refiere a la eficiencia en el uso de los factores (dentro de la esfera de la producción), con una presión fiscal dirigida a una parte de la sociedad que beneficiaría (en forma de gasto social) a otra parte de la sociedad, cabría preguntarse si existen distintos medios de mejorar las condiciones de partida de los individuos sin perjudicar los agregados globales, o la capacidad futura de generación de riqueza.

         Una primera interpretación —paretiana— afirma que la libre competencia, al maximizar la riqueza global (mediante el crecimiento y la acumulación capitalista) a largo plazo, mejora la renta de todos los individuos, sin que quepa la necesidad de reasignaciones o intervenciones ajenas al mercado; por ejemplo, a través del Estado (64). Una segunda interpretación replica que, aun así, es mejor —en base a convenciones o valores morales aceptados por la mayoría de la población— una sociedad más igual pero menos rica que una sociedad más desigual pero más rica.

         Entre ambas posturas se sitúa una tercera interpretación, que trata de conciliar ambos criterios (mejorar la equidad perjudicando lo mínimo posible la eficiencia) a través de la compensación por parte de los beneficiados hacia los perjudicados, de tal modo que corrija —en parte- los efectos sobre las propensiones a invertir y ahorrar de los más ricos, que se vería afectada por la política redistribuitiva en favor de los más pobres, con mayor propensión al consumo. El principio de compensación de N. Kaldor (65) trataría de limitar los efectos sobre la producción de las políticas redistribuidoras, siguiendo la estela optimizadora de Pareto, es decir, sin asumir la premisa de que la utilidad global es superior a la suma de las utilidades individuales (66).

         Una alternativa a esta última postura sería el principio del soborno de T. Scitovsky (67), según el cual los perdedores —los más ricos— sobornarían a los ganadores —los más pobres— pagando un cohecho para que los segundos no apliquen auténticas políticas redistribuidoras que los dañen sustancialmente; este soborno sería un adelanto —en forma de anticipación en previsión de males peores— que, sin alterar significativamente la distribución factorial de la renta, mejoraría o paliaría las situaciones más indeseables de pobreza. (Este criterio nos será de utilidad un poco más adelante, cuando valoremos la situación efectiva posterior a la acción redistribuidora en la mayor parte de los países más avanzados.)

         Pero una vez establecida la necesidad —o no— de un sistema redistributivo que corrija las desigualdades y las carencias factoriales, y articulado su funcionamiento (superadas las alternativas que se fundamentan en las apreciaciones sobre la comparabilidad —o no— de la utilidad interpersonal, y por tanto, en su caso, decidido si la política redistributiva vendría corregida —o no— por mecanismos de compensación o de soborno como los anteriormente mencionados), nos encontramos ante la responsabilidad de valorar si la situación después de la aplicación de las medidas redistributivas es mejor, peor o igual que la factorial (inicial), o si es preferible actuar de cara a disminuir las desigualdades factoriales (antes de impuestos) o simplemente aliviar la pobreza de los más desfavorecidos:

         «(...) El problema reside en encontrar la medida apropiada de desigualdad, y definir los juicios de valor que pueden distinguir entre valores de bienestar de cada grado de desigualdad. ¿Exactamente cuánta diferencia produce un cambio distributivo en el bienestar social? ¿Las ganancias en bienestar agregado pueden ser compensadas con lo que pueden presumirse como pérdidas tras la distribución? ¿La distancia entre el nivel más bajo y el más alto de bienestar es más importante que el valor absoluto [de bienestar] de los individuos más pobres?» (68).

         Existen dos procedimientos de valoración de las ganancias o pérdidas de bienestar agregado tras la implementación de una política de bienestar: el primero (si se identifica el bienestar con la maximización en el consumo, neta de subidas de precios, tal como establece la doctrina neoclásica) sería analizando los agregados macroeconómicos (básicamente precios y cantidades consumidas) en base a la teoría de los números índice* (69), lo que se ha demostrado infructuoso; el segundo sería acudir, no ya a las preferencias del mercado (método de los números índice, que como hemos visto es inoperante), sino a las preferencias reveladas en los procesos electorales, que expresarían la «voluntad general», la cual aprobaría (daría el visto bueno) o rechazaría la política aplicada en base a fines alternativos (eficiencia o equidad, como sabemos) (70). Sin embargo, el sistema de valoración expresado por el voto tiene también sus limitaciones, que el profesor K. J. Arrow ha caracterizado como la presencia o no de una homogeneidad subyacente —en la escala de preferencias— del sistema de ordenaciones de las alternativas a elegir: la llamada «paradoja de la votación», según la cual para que la solución sea significativa debe constituir un sistema de preferencias de pico único*, en el que predomine el votante moderado, o medio; si, en cambio, predomina el votante extremista el resultado es indeterminado: vencerá una u otra opción en función del orden en que se elijan las alternativas (71).

         Tal como afirma A. C. Pigou, cuando se pone en marcha un proceso redistributivo (o de simple protección de los más desfavorecidos, sin cambios significativos en la estructura­ción factorial de la distribución de la riqueza) podemos estimar la tendencia, la dirección o la probabilidad de las medidas, pero no la magnitud de sus resultados en concepto de bienestar: «(...) y, cuando hemos comprobado que el efecto de una causa es más favorable que otra causa para el bienestar económico, podemos, en los mismos términos, concluir que el efecto de esta causa en el bienestar social es probablemente [el subrayado es nuestro] más favorable» (72).

         En definitiva, tal como observábamos en la introducción de este libro, la bondad o perversidad de tal o cual política depende de los juicios o prejuicios morales que la respaldan. La distribución ideal de la renta, en base a la voluntad general expresada en las urnas, tamizada por la esfera de lo posible (principio de eficiencia), más allá del principio de lo deseable (principio de equidad), orientará la política económica y fiscal hacia unos objetivos u otros (maximización del producto o minimización de la desigualdad). La decisión última es ética, basada en juicios de valor, y ésta es la que hace honor a la denominación de Economía Política que tenía esta disciplina antes de que se cambiara su apellido por el de «positiva».

         (Quisiéramos efectuar una apostilla respecto a los instrumentos de medida de la desigualdad: como vimos en el punto 4.4. de esta sección, el índice de Gini expresaría la medida de concentración de la renta familiar disponible; con todos sus errores estadísticos, este índice apunta, aunque sea estimativamente, las tendencias en concepto de igualación o desigualdad de la renta. Tal como señalamos anteriormente, este indicador nos informa de que, por lo menos en los últimos años, no se ha producido una disminución significativa de las desigualdades sociales sino, más bien, una mejora en términos absolutos de las condiciones de existencia de los sectores más desfavorecidos, tanto en España como en otros países. Por tanto, la apelación al estudio de los grados de consumo, ponderados por la evolución de los precios, es de escasa utilidad. También lo es el forzado análisis electoral de los picos: excepto en situaciones pebliscitarias —referendum— los procesos electorales suelen ser de pico único —suele predominar el centro político—, y más todavía en unos sistemas de listas cerradas como son los correspondientes a la elección de las cámaras bajas —de representantes— de buena parte de los Estados modernos.)

5.2. Liberalismo e igualitarismo

         En el punto anterior hemos llegado a la conclusión de que las consideraciones acerca de la equidad están sesgadas por las apreciaciones subjetivas o los juicios de valor del ponente. Pues bien, en éste nos ocuparemos de analizar las ideas-fuerza de los dos enfoques más extremos en relación a la teoría del bienestar, para, a partir de ellos, descubrir el marco idóneo que nos encamine hacia un escenario más ponderado, equilibrado y viable de intervención socioeconómica.

         En el capítulo segundo de esta sección estudiamos los referentes básicos acerca de la teoría de la utilidad marginal, que fundamentan el moderno concepto de «progresividad». Aquí intentaremos dilucidar cómo, en sus rasgos más estructurales, el liberalismo y el igualitarismo más extremo comparten fundamentos muy similares (ambos consideran que la curva de utilidad es la misma para todos los ciudadanos, independientemente de otro tipo de características objetivas o subjetivas; sería, pues, una línea horizontal recta).

         Comencemos por el liberalismo, para lo cual hemos seleccionado un ilustre representante de la escuela de Chicago: Milton Friedman. Para este autor, el principio ético que guía la distribución de la renta en una sociedad de libre mercado sería el de «a cada uno, según lo que él y los instrumentos que él posee produce» (73). Esta noción, que participa de los criterios de justicia distributiva basados en la dotación de los factores (y la formación de precios de mercado), no reconocería otra distribución de la renta que no fuese la «natural» en el juego de interrelaciones de los actores económicos, más allá de las diferencias de partida en los horizontes vitales de los individuos (posteriormente matizaremos esta aseveración). Dicha máxima (una reinterpretación burguesa de la noción marxista que posteriormente analizaremos) parte de la base de que los seres humanos vienen al mundo siendo desiguales y de que el hombre no es quién para cambiar los designios de la providencia (o la realidad de las cosas):

         «Gran parte del fervor moral que hay tras el impulso en pro de la igualdad de resultados, proviene de la difundida creencia de que no es equitativo que ciertos niños tengan una gran ventaja sobre otros sencillamente porque sus progenitores eran más ricos. Desde luego, no es equitativo. Sea como sea, la falta de equidad puede adoptar muchas formas: herencia de los bienes —títulos y acciones, casas y fábricas— o herencia del talento —capacidad musical, fuerza, genio matemático—. La herencia de los bienes se puede interferir más fácilmente que la del talento. Pero desde un punto de vista ético, ¿hay alguna diferencia entre ambas?» (74).

         (Resulta tentador comparar este pensamiento con el de los calvinistas y puritanos estudiados por Max Weber en La ética protestante, los cuales atribuían su riqueza y su éxito económico y social al «mérito», al trabajo, a la frugalidad y al designio de la providencia. El «mérito» sería medible en unidades de talento. Por lo tanto, los pobres lo serían por demérito propio —o de sus padres— y por decisión divina, con lo cual sería a Dios, no a los hombres, a quien se le habría de pedir responsabilidades [75].)

         El hombre, según esta doctrina, no debería alterar el funcionamiento «natural» y espontáneo de la realidad, puesto que al hacerlo estaría perturbando el mecanismo de los precios que regula la maquinaria de la acumulación, y los incentivos que dan fuelle a la creatividad humana. Por otro lado, las concepciones igualitaristas (o equitativas) no serían más que la constatación del carácter egoísta y envidioso de la naturaleza humana:

         «En toda sociedad, por organizada que esté, la distribución de la renta siempre produce descontento. A todos nos cuesta trabajo entender por qué cobramos menos que otros que no parecen estar más preparados (...) Los campos más lejanos siempre parecen más verdes, y con esta visión criticamos al sistema establecido. En un sistema basado en las órdenes, la envidia y la insatisfacción apuntan a los gobernantes. En un sistema de mercado libre, apuntan al mercado» (76).

         A partir de esta argumentación se colige que el cuestionamiento del statu quo no haría más que minar las bases del bienestar general, partiendo del supuesto de que es mediante el incremento de la riqueza nacional como se incrementa la felicidad general, no a través del reparto de los factores o de la renta que generan los bienes económicos. El igualitarismo y la equidad se oponen, pues, tanto a la libertad, a la realidad de las cosas, como a la eficiencia (77).

         Partiendo de esta premisa, M. Friedman llega a conclusiones paradójicas, e incluso contradictorias con el ideal liberal. Según él, la verdadera y genuina democracia es la que perfila el mercado, es decir, la que nos da opción a escoger entre la amplia gama de productos y oferentes (voto por el consumo), no aquella que puede despojar a unos para dar a otros:

         «Si formamos parte de la minoría, debemos someternos al voto de la mayoría y esperar que llegue nuestro turno. Cuando votamos cada día en el supermercado, conseguimos exactamente lo que hemos votado, y lo mismo ocurre con todas las demás personas. La urna de las votaciones da lugar a un sometimiento sin unanimidad; el supermercado, por el contrario, a una unanimidad sin sometimiento. Por esta razón es importante utilizar las urnas, en tanto sea posible [el subrayado es nuestro], sólo para las decisiones en que el sometimiento es esencial» (78).

         La democracia de mercado se fundamenta en la solidez de un sistema instituido que da opciones a sus «votantes», si bien no hace nada por alterar tal sistema (pues éste viene dado por el reparto de rentas y patrimonios). La democracia de los pobres, de las masas, sin embargo, puede ser perturbadora porque en ella los menos dotados pueden votar políticas de realineamiento de cargas y derechos económicos y sociales que altere el statu quo instituido de forma «natural»:

         «En cierto modo, hay una diferencia inconmensurable entre dos tipos de asistencia a través del estado que a primera vista pueden parecer similares: primero, el 90 por ciento de nosotros [el subrayado es nuestro] aceptamos gravarnos a nosotros mismos con impuestos a fin de ayudar al 10 por ciento restante; segundo, el 80 por ciento vota para gravar al 10 por ciento más próspero, a fin de ayudar al 10 por ciento restante (...) El primer tipo puede ser acertado o no serlo, puede ser un modo eficaz o ineficaz de ayudar a los que están en situación desventajosa, pero es coherente con la creencia en la igualdad de oportunidades y en la libertad. El segundo tipo contempla la igualdad de resultados y es totalmente antitético respecto de la libertad» (79).

         La noción liberal —representada por M. Friedman— de democracia formal y de igualdad de oportunidades son dignas de análisis: la primera, como vemos, es reticente a poner en manos del pueblo los instrumentos que le permitan cambiar el sistema instituido, y más bien se aproxima a la noción decimonónica liberal de democracia censitaria*; la segunda acude al tópico de atribuir al liberalismo y a la economía de mercado la noción de «promoción» a través del mérito, el trabajo y la creatividad (no de la arbitrariedad, el estamentismo o el nepotismo), lo que supuestamente dotaría de incentivos a los individuos para ascender por la escala social. Es decir, la igualdad de oportunidades que propugna, al contrario de lo que afirma, pasaría a ser igualdad de resultados a partir del mérito, y la igualdad de resultados que denosta, no sería más que una igualdad de oportunidades desde el origen.

         Expliquémosnos: M. Friedman interpreta la igualdad de oportunidades de una manera sesgada pues presupone que todo el mundo puede saltar el muro que separa la pobreza de la riqueza si dispone de —o puede construirse— una escalera. Es esa «oportunidad» de poder saltar el muro lo que él interpreta como igualdad de oportunidades. Pero en puridad, es la posibilidad de disponer o no de una escalera lo que cabría llamar así, y sería el acto de saltar el muro lo que habríamos de llamar igualdad de resultados. Así pues, M. Friedman incurre aquí en un grave error lógico (80).

         (Es cosa sabida que algunos pensadores norteamericanos se diferencian de los europeos por su desprecio por las formas y por su despliegue de informalidad cuando tratan de exponer sus pensamientos esenciales. Milton Friedman es, en este sentido, un ejemplo paradigmático: especialmente por lo que se refiere al método de la reductio ad absurdum, que en ocasiones raya en la chabacanería y el mal gusto. Por otro lado, incurre en sofismas intelectuales al recoger como axiomas ciertas ideas simplistas que son difícilmente sostenibles bajo una análisis riguroso y desapasionado. Su axiología descansa en presupuestos morales herederos del protoliberalismo puritano y censitario, que para destacar las virtudes del patriciado americano no desdeña acudir a parábolas y analogías denigratorias hacia los plebeyos que —implícitamente— «merecen su postración». Haciendo una extrapolación histórica, Milton Friedman sería el Cicerón norteamericano moderno que suspira por las viejas virtudes perdidas de la supuesta Edad Dorada republicana descrita por Alexis de Tocqueville en la primera mitad del siglo XIX.)

         A la vista de lo expuesto hasta el momento, queda clara la noción que M. Friedman tiene de la libertad: libertad para que el rico disfrute de sus riquezas, y para que el pobre se anime a emularlo y, si acaso, aspire a niveles semejantes de prosperidad. Pero esta noción de libertad parte del supuesto de que el mercado ha de asignar espontáneamente los recursos, sin interferencias exteriores (81). Así pues, el papel del Estado sería el mínimo que perfilaba Locke (82) con el aditamento de algunas otras funciones que implícitamente le añadía Adam Smith (el llamado «cuarto supuesto», más allá de sus funciones represoras, judiciales y prestadoras de bienes indivisibles, que incluiría cierta forma de caridad pública). Pero no nos engañemos, ésta no sería una debilidad en el paradigma liberal, sino una mera concesión a la eficiencia del sistema (obras públicas), así como a la gracia y la caridad del patricio responsable (beneficencia pública) (83).

         Milton Friedman va un poco más allá que Adam Smith, pues, según él, el sistema económico y social no puede tolerar situaciones extremas de pobreza por motivos tanto éticos como estéticos, de ahí que le sea dado instituir sistemas de reparto de la renta de cara a aliviar situaciones desesperadas, no de alterar la distribución factorial de la renta y de la riqueza. Estas medidas se fundamentarían en un impuesto —lineal— negativo de la renta (que más adelante estudiaremos con mayor detalle), en un fomento de la caridad y la asistencia privada, y en una liberación de la sociedad civil del corsé del Estado (regulaciones, controles, impuestos, etc.), para maximizar la riqueza y, por lo tanto, el bienestar global.

         Las medidas redistributivas con carácter de impuesto negativo sobre la renta tendrían forma monetaria y serían excluyentes con otras medidas en especie (especialmente educación y sanidad) provistas por el Estado sin contraprestación económica. El Estado se desentendería del uso que los beneficiarios hicieran de esos recursos (incluso a costa del bienestar de sus hijos o cónyuges) para no conculcar la libertad humana (del patriarca). (Es conocida la renuencia liberal a conceder bienes en especie con un efecto-renta; el liberalismo dogmático prefiere políticas en efectivo —tipo cheque-escolar, bonos de comida o subsidios pagaderos para atención sanitaria— para que el beneficiario, en último término, sea responsable de sus propios quehaceres: cualquier otra medida sería considerada paternalista y por lo tanto totalitaria.)

         Este modelo social, a grandes rasgos, es el vigente en los Estados Unidos, donde existen multitud de programas —en efectivo— y de medidas de beneficencia —de instituciones públicas o privadas— con carácter contingente, es decir, no sometidas a imperativos vinculantes por parte de sus promotores. Este sistema de provisión de beneficios conculca, si no la libertad, sí la dignidad de las personas, y tiene un alto costo en forma de dependencia (pues al tener carácter monetario, su sustitutivo en forma de trabajo tendría un alto efecto-sustitución —que actuaría desincentivando el trabajo frente a los subsidios pagaderos en efectivo— para los beneficiarios) (84).

         Así pues, la doctrina ultraliberal de M. Friedman recela de aquellas medidas implementadas por parte del Estado que no sean la pura y simple caridad en aras de la socorrida apelación a la libertad (que, como hemos visto, no se extiende claramente a la libertad política —de voto— en las urnas cuando ésta puede privilegiar el voto de los pobres) y a la autonomía de la sociedad civil, en parte, por prejuicios de tipo ideológico y, en parte, por presunciones de tipo económico: fundamentalmente, su escepticismo ante el concepto de demanda agregada keynesiana, que según Friedman no sería tal, pues «el Estado recoge con la mano derecha cien dólares prestados de unas personas y entrega el dinero con la mano izquierda a las personas a quienes va a parar el gasto. El dinero está en manos diferentes, pero la cantidad total de dinero no ha variado» (85).

         Su doctrina la expresaría en una declaración de derechos autodenegante plasmada en la Constitución, que establecería no lo que el Estado puede hacer, sino lo que no debe hacer en aras de la libertad y del respeto a los principios fundamentales de la economía de mercado.

         Abordamos a continuación el estudio de la «alternativa» igualitaria. Comencemos por entender el significado del término «socialismo» (como paradigma del «igualitarismo», del mismo modo que el «capitalismo» lo sería del «liberalismo») según lo argumentado por M. Dobb:

         «Algunos razonamientos modernos sobre el socialismo tienen la tendencia a desplazar el centro de la discusión lejos de la cuestión de la propiedad hacia la de la igualdad social. Sin embargo, un tratamiento de la esencia de la economía socialista que no se basara en la propiedad social de los medios de producción representaría un rompimiento definitivo con la tradición del pensamiento socialista, tal como fue heredado del siglo pasado y de como ha inspirado los intentos por construir una sociedad característica en el siglo actual» (86).

         Así pues, sólo cabe una interpretación del socialismo, y cualquier otra dejaría de representarlo:

         «El socialismo es un sistema de propiedad comunal (o social) de los medios de producción, establecido con el propósito de hacer (o conservar) la distribución del ingreso, la riqueza, la oportunidad y el poder económico lo más igualitaria posible» (87).

         Pero más allá de tal declaración de intenciones nos asaltan las dudas: presuponiendo la existencia de una propiedad colectiva de los medios de producción, ¿ésta pertenecerá al Estado o a grupos cooperativos de trabajadores o consumidores?; la propiedad colectiva descentralizada ¿tiene carácter permanente o temporal (usufructuaria)?; y más allá el sistema ¿funcionará de forma planificada (burocrática) o descentralizada (cooperativa)? (88). Es bien sabido que ni Marx ni Engels (al menos el primero) hicieron mucho por aclarar estas cuestiones, pues se limitaron a diseccionar el sistema realmente vigente en sus días sin especular cómo habría de ser su recambio (socialista) futuro.

         (Así, no entraron en detalles sobre cómo habría de configurarse el sistema político alternativo, o el reparto de la renta: ¿habría de ser igualitario, o bien discriminante en función de las horas de trabajo-hombre debidamente ponderadas por el valor-trabajo asignado a cada ocupación, ya sea por causas objetivas —desutilidad de cada trabajo o nivel de cualificación profesional— o por la dinámica del mercado?, ¿o en cambio una sociedad colectivista y planificada no presupone un igualitarismo en las rentas y las prerrogativas, al instituir unos privilegios destinados a las «vanguardias» o a las élites socialmente privilegidas?)

         Pero no es nuestra intención profundizar en las carencias del análisis igualitarista por lo que se refiere a las lagunas que dejó (de ello pretendieron encargarse otros teóricos de segunda o tercera generación, tales como K. Kautski, Lenin, N. Bujarin, G. Lukacs, A. Gramsci, K. Korsch, O. Lange, etc.), especialmente en el ámbito de lo económico (productivo) y de lo político (naturaleza del Estado, concepto de la representación de la soberanía popular, interpretación de «democracia», etc.) Más bien nos centraremos en analizar la interpretación igualitarista por lo que se refiere al reparto factorial de la renta y las oportunidades.

         Ya hemos visto que Maurice Dobb interpreta al socialismo desde su enfoque economicista (o infraestructural), y relativiza la interpretación igualitarista. Pero no todos los teóricos tienen la misma visión. Por ejemplo, Oskar Lange (en Sobre la teoría económica del socialismo) cree posible optimizar la distribución de los ingresos de tal manera que se maximice el bienestar social, y con el fin de compatibilizar este objetivo con el de la eficiencia económica describe un mecanismo de «tanteo» y de valoración (en definitiva, de precios) que, según él, se aproximaría al que viene dado por el mercado (89).

         Sin embargo, esta maximización del bienestar social (que iría acompañada de un mecanismo de regulación espontánea de precios a través de un mercado socialista, no exento de planificación ni de dirigismo) se fundamentaría en la existencia de una única curva de utilidad marginal, igual para todos, por lo cual la distribución del ingreso vendría dada más por el reparto entre ingreso y ocio que por el reparto de renta en efectivo. Según esta visión la igualdad en la distribución de la renta conllevaría inexorablemente la maximización del bienestar social, pues atendería en primer lugar a las necesidades más urgentes y sólo subsidiariamente a las menos perentorias (los lujos).

         Asimismo, la democracia económica (libre elección de los consumidores, o democracia de mercado tal como la entendía M. Friedman) estaría más garantizada con una distribución de la renta más igualitaria, pues la elección del consumidor sería más libre, al estar despojada de la escasez factorial y la desigualdad en los horizontes vitales. Así pues, el igualitarismo presupone que la libertad la otorga graciosamente la igualdad, desdeñando interpretaciones que apelan a las diferentes curvas de utilidad marginal de los individuos, ya que todos los individuos serían, según esta interpretación, en esencia iguales, con parecidas necesidades:

         «La distribución tiene que ser tal que un mismo precio de demanda ofrecido por diferentes consumidores represente una misma urgencia en sus necesidades. Esto se consigue si la utilidad marginal de la renta es idéntica para todos los consumidores» (90).

         Ello, en la práctica, supone que hay necesidades de primer y segundo orden de urgencia (que el organismo de planificación central ha de dictaminar), y que los individuos no pueden aspirar a aquellos objetivos que superen tal orden de prioridades, primero, porque al no existir libertad de mercado ello no es —en la práctica— posible, y porque, tal vez, socialmente no fuese deseable (por ejemplo, los individuos que den mayor rango de utilidad a la riqueza individual —al acaparamiento— y a la distinción sobre los demás, se verían inevitablemente constreñidos ante un sistema que limite los stocks de riqueza en manos de los particulares).

         Por mucho que se quiera minimizar el talante totalitario, arbitrario o paternalista de interpretaciones colectivistas, igualitaristas o planificadoras, no cabe ignorar la visión gregaria que conlleva una interpretación de sociedad-masa frente a la del individuo-soberano:

         «El socialismo, sin embargo, si es que va a significar algo en términos de relaciones y psicología humanas, debe, es de suponer, implicar el reemplazo de las motivaciones puramente individualistas y la modificación (si no la subordinación), en cierto grado, de las acciones e intereses individuales por influencia del grupo. Por lo tanto, alguna fusión de los intereses e incentivos individuales y colectivos deberá con toda seguridad esperarse; y el nivel más adecuado para que esta fusión tenga lugar parece ser el de las unidades productivas o el del grupo de trabajo» (91).

         Es esta interpretación gregaria, implícita en la lectura igualitarista (misma curva de utilidad marginal) del adagio marxista «de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades» (que se puede encontrar en su obra Crítica al programa de Gotha), la que se ha demostrado fracasada en los países del Este de Europa y en otras partes del mundo. Sin embargo, cabe hacer otra interpretación de esta frase más acorde con la autonomía y la libertad humana, una vez que el enfoque «sociedad-masa» ha entrado en descrédito. Ésta sería la de interpretar el principio «de cada cual..., a cada cual...» desde el punto de vista agregado, es decir, aquel que partiendo de la riqueza global otorga un valor-coste cero a ciertos bienes económicos y sociales de los que se dota un país para repartirlos equitativamente entre los ciudadanos en función de sus necesidades (92).

         Éste sería el principio de la llamada Economía del Bienestar, que evolucionó a partir de interpretaciones sincréticas (socialdemócratas o liberales heterodoxas) y que cuajó en forma del Estado-providencia de hoy en día. Tal como afirma M. Dobb: «Puede, por cierto, decirse que la economía del bienestar, o por lo menos "la nueva economía del bienestar" se ha convertido en una ideología» (93).

         Nosotros diríamos que esta nueva doctrina, poco a poco, ha ido suplantando las bases teóricas del igualitarismo socialista al privar de argumentos a sus discípulos por lo que se refiere a la pretendida tendencia innata del capitalismo al estado estacionario (es decir, a su propia autodestrucción), al agotar supuestamente las opciones atractivas de inversión, aumentar las desigualdades extremas y la miseria, y al exacerbar sus desequilibrios estructurales (ciclos, concentración de la renta y la riqueza, disminución tendencial de la tasa de ganancia...) Un poco más adelante nos ocuparemos de analizar qué ha sido de estas expectativas desde principios de la década de 1970.

         Aquí acabamos el análisis por separado de la doctrina liberal y la igualitarista. Aparentemente, la primera primaría la libertad sobre la igualdad, y la segunda haría lo opuesto. Pero, ¿son ambas tan opuestas como pretenden ser? Reflexionemos sobre este asunto:

         1) Ambas doctrinas tienen su raíz (en su forma más depurada) en el siglo XIX.

         2) Ambas parten de la existencia de una única curva de utilidad marginal y rechazan la existencia de valoraciones diferentes de la última unidad de renta de cada individuo (en el caso del liberalismo se expresaría en la Teoría de la Imposición Óptima, o sea, en sistemas impositivos lineales; en el caso del socialismo, en su forma más prototípica, en la distribución de ingresos parecidos para parecidos esfuerzos medidos en horas de trabajo).

         3) Ambas desconfían del derecho ilimitado a la libertad de decisión política de los individuos —marginales o periféricos—, pues ello supuestamente pondría en peligro la pervivencia del sistema (en el caso del liberalismo, una democracia que permita a los pobres expropiar a los ricos es tan indeseable como para, en el caso del igualitarismo, una sociedad autónoma es peligrosa para los objetivos últimos del sistema).

         4) Ambas condenan al individuo a ser un juguete en manos de un objetivo superior, ya sea el mercado en el caso del liberalismo, ya sea la sociedad-masa en el caso del igualitarismo.

         (Es evidente que ni el liberalismo ni el igualitarismo, en sus concepciones más extremas o en las híbridas —ni en la teoría ni en la práctica— han logrado resultados satisfactorios que avalen su eficiencia. La ausencia de teorías alternativas ha sometido al mercado actual de las ideas a un estado de permanente confrontación —en forma de círculo vicioso sometido a la «ley del péndulo»— que periódicamente tiende a sacralizar o anatemizar el «corpus teórico» de los referidos idearios y sus aplicaciones prácticas, partiendo siempre de una misma encrucijada de caminos con destinos dispares que desembocan en un mismo y único callejón sin salida. Nuestra posición al respecto se inclinaría por profundizar en ideas alternativas, no rehuyendo sino superando dicha batalla dialéctica, partiendo del supuesto, no sin fundamento, de que un insuficiente y errático desarrollo del pensamiento económico ha impedido resultados más satisfactorios.)

         Así pues, la teoría del Estado Social de Derecho sería la síntesis de los aspectos subscribibles y positivos de las dos interpretaciones extremas diseccionadas aquí. Más adelante analizaremos las fallas del modelo social que configura: el llamado Estado del Bienestar.

5.3. Repertorio de recetas

         Hasta aquí hemos tratado de conocer cuáles son las bases teóricas de lo que se ha venido a llamar —impropiamente— el Estado del Bienestar. Hemos profundizado en las complejidades teóricas de lo que con el tiempo ha pasado a ser un hecho arraigado en la mayor parte de los países avanzados (con diferentes modalidades, por supuesto), y hemos hecho un repaso a las dos principales argumentaciones que, de un modo u otro, lo rechazan: la liberal y la igualitarista extremas. En este punto nos alejamos de las disquisiciones teóricas y pasamos a repasar diversas alternativas referidas a los pilares básicos que lo fundamentan, tanto desde la perspectiva de los ingresos como del gasto.

         En el cuadro de texto número 9 encontramos dos de los reproches más comunes dirigidos sistemáticamente contra un sistema fiscal progresivo. En primer lugar, el papel del Estado como «intruso» en la libre competencia de los agentes económicos; en segundo lugar, la alusión a los impuestos progresivos como inútil intento de redistribuir la riqueza, pues según esta interpretación generarían más desmoralización y desincentivación que beneficios palpables en la distribución de la riqueza.

         Esta posición de Henry George, uno de los más conspicuos partidarios de un mayor reparto de la renta y la riqueza desde la base factorial (que fundamentaba en una imposición única que recayese sobre la propiedad de la tierra, factor —según él— de las principales rigideces monopolistas que afectan a la economía de mercado), a través de mecanismos supuestamente inmanentes al sistema capitalista, ejemplifica perfectamente una actitud de escepticismo y desconfianza hacia la competencia del Estado para intervenir en el sistema económico. (Asimismo ilustra una postura —lúcida pero inmadura todavía— muy del agrado de muchos teóricos, partidaria de una mayor «simplificación» impositiva, hasta el punto de abogar por un impuesto único omnicomprensivo y universal; es asimismo un precedente de la apelación a disminuir las desigualdades sociales no mediante políticas reasignadoras —demiúrgicas, por parte del Estado—, sino que actúen desde el nivel factorial.)

         Sin embargo, hay otra visión del tema, que ve en esta desconfianza (salvando el lapso temporal entre esta interpretación y la de Henry George), en nuestros días, una hipócrita actitud valorativa destinada a desprestigiar el papel del Estado, en orden a unos supuestos intereses muy particulares:

         «Determinada clase económica y política de nuestro país practica una estrategia ciertamente hábil, pero quizá por ello más peligrosa. Esta estrategia podría resumirse así: "usemos el Estado para nuestros fines" (...) Pero si el Estado se democratiza, si pierde sus variables de control, si intenta servir al conjunto de la sociedad, entonces inmediatamente hablaremos del Estado prepotente, del Gran Leviatán, pidamos a gritos su neutralidad, exageremos su ineficacia, exijamos su pasividad económica, no sea que venga a desnivelar el equilibrio existente, porque en ese equilibrio, aun sin el Estado, somos los más fuertes» (94).

         Entre estos dos extremos nos situaremos: ni el Estado ha de ser el Gran Leviatán que lo sepa, lo controle y lo domine todo, ni ha de ser un mero garante de la irreal libertad de mercado, sin regulación ni garantías de equidad. El Estado ha de tener un papel, y éste no se puede sustraer de un cierto intervencionismo. Desde el momento en el que el Estado detrae recursos de los particulares o de las empresas se está entrometiendo en el circuito económico. Y también lo hace cuando presta unos servicios. Y ello, como todo, tiene un precio, en forma de presión fiscal; que, como casi todo, también se ha de someter a unas ciertas reglas del juego:

         «Es cierto que los impuestos no gustan a nadie, todos preferiríamos que no existiesen. Plantearse su existencia o su cuantía abstrayéndose del destino de los mismos es contemplar tan sólo una cara de la moneda, es caer en una demagogia fácil. Para ser consecuente, la visión debe ser global. Si se aboga por una disminución de los impuestos, hay que añadir a continuación que se pretenden menos pensiones, menos seguro de desempleo, menos escuelas, menos carreteras, menos servicios públicos, una disminución de los gastos militares o de fuerzas de orden público. Parece legítimo optar por una menor presión fiscal, siempre que se diga a continuación con valentía qué gasto o qué gastos públicos se quieren restringir» (95).

         (A pesar de la aparente irreprochabilidad de esta afirmación, no deja de ser un sofisma argumental propio de cierta actitud «intervencionista» de cátedra, pues ni la existencia en sí misma, ni la calidad de una prestación o servicio social tienen por qué relacionarse forzosamente con la intervención pública. En definitiva, el Estado no es garantía inequívoca de bondad en la prestación de bienes y servicios públicos, si al criterio de solidaridad no se le añade el de «oportunidad» y el de «eficiencia». Pero éste es otro tema.)

         De esta manera se pueden establecer los listones que delimiten el margen del Estado en relación al mejor reparto de la riqueza: un sistema fiscal es necesario para impulsar una mínima acción redistributiva, o cuanto menos, tareas de sostenimiento de las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos, sin afectar por ello a las ratio de reparto de la riqueza (es decir, sería un corrector del flujo de la renta, un reasignador de recursos, sin repercutir, como vimos, en el nivel factorial de asignación de la renta y de la riqueza; si pretendiera esto último, estaría entrando en otro nivel de actuación, el de la economía factorial). Pero cuando supera cierto límite corre el riesgo de convertirse en un gran inquisidor que lo controla y lo revuelve todo. A continuación nos ocuparemos de plasmar diversas propuestas de medidas redistributivas, por lo que se refiere a los ingresos y los gastos públicos.

5.3.1. Por parte de la Hacienda Pública

         En orden a un más equitativo reparto de la renta y la riqueza hay toda una serie de recetas que circulan por la literatura económica. En este apartado pretendemos reflejar las que se refieren a la gestión de los ingresos públicos. Podemos distinguir cinco posibles vías de acción: sobre la renta, sobre el patrimonio, sobre el capital, sobre el nivel de progresividad deseable y sobre el ahorro de las personas. Todas estas medidas, como es lógico, están interrelacionadas. Cuando actuamos sobre cualquiera de estos ámbitos, su repercusión se traslada, de una u otra manera, a todo el sistema económico.

5.3.1.1. Actuaciones sobre el patrimonio

         Los análisis de los capítulos anteriores sugieren que la riqueza heredada proporciona un punto de partida significativamente desigual en la vida de una minoría (lo hemos denominado «distribución de oportunidades»). Ya sabemos que la renta varía en función de las oportunidades de las que disfrutan las personas, y del nivel de riqueza heredado. De aquí que, en orden a una igualdad efectiva de oportunidades, hay autores que apuestan por un reparto más equitativo de la propiedad, antes incluso que implementar una redistribución efectiva de la renta.

         Hay diversas fórmulas para repartir mejor la riqueza. Una muy antigua, pero de poca efectividad hasta ahora, es la implantación de un impuesto progresivo sobre el patrimonio, que tuvo su origen, en el siglo XVIII, en Suiza. Sin embargo, tiene dos flancos débiles: el de evitar las vías de escape o de fraude, y el de valorar en su justa medida la base impositiva. De aquí que más modernamente se haya optado por fórmulas de control de los circuitos de fraude y de dispersión de las responsabilidades tributarias de los detentadores de riqueza.

         Por ello los impuestos sobre la transferencia de la propiedad pretenden poseer un mayor protagonismo. Estos impuestos contemplan tanto las sucesiones* mortis-causa como las donaciones* inter-vivos.

         (Otro tipo de operaciones con carácter lucrativo, tales como los incrementos de patrimonio en las transmisiones inter-vivos, obtenidos por el transmitente, tributarían por el impuesto sobre la renta; las transmisiones patrimoniales de carácter oneroso, del tipo de la compra-venta, tributarían a un tipo único bajo un impuesto sobre transmisiones patrimoniales de carácter oneroso. Ello da lugar a un generalizado fraude: a veces las transmisiones onerosas intrafamiliares, con donaciones ocultas de efectivo desde el transmitente al adquirente, son un medio de burlar la progresividad de las transmisiones lucrativas, al tributar a un tipo único bastante más bajo.)

         En el primer tipo de transmisión patrimonial (sucesiones) se grava la transferencia de propiedad en el momento de la defunción (a efectos recaudatorios, si se quiere evitar la dispersión patrimonial, y por tanto, una disminución de la progresividad, el impuesto habría de ser abonado en función de la cantidad transmitida por el difunto; sin embargo, dicho impuesto lo suele pagar, en España, el receptor —el adquirente—, previa aplicación de coeficientes reductores, por lo cual su impacto recaudatorio es menor). En el segundo (las donaciones) se trata de evitar la dispersión de la riqueza a efectos impositivos sin pagar derechos (cubriría los negocios jurídicos gratuitos, tales como condonaciones de deudas, cesión de derechos, seguros de vida inter-vivos, etc.)

         Únicamente con el establecimiento de unas exacciones que impidan las escapatorias de riqueza, incluso dentro de las familias, se puede consolidar una imposición efectiva sobre el patrimonio. Pero si además de una pretensión recaudatoria hay otra de talante redistribui­dor, con todo ello no es suficiente. No sólo se han de cerrar las vías de evasión con tipos efectivos disuasorios; también se ha de actuar sobre los niveles de partida, lo que implica especialmente gravar las herencias. La herencia* (la forma más común de sucesión post-mortem) explica una fracción importante de la riqueza en el status superior y, en este aspecto, hay indudablemente una desigualdad de oportunidades. (En puridad, la herencia es un factor de desigualdad; si no sólo se pretende un objetivo recaudatorio, sino también respetar el principio de equidad vertical —entre diversos niveles de renta—, se ha de aplicar mecanismos de progresividad con un objetivo redistributivo, que acerque la función de oportunidades de las personas a un nivel factorial.)

         Para reducirla, y para sentar las bases que permita al Estado establecer un mínimo vital que equipare las oportunidades vitales de todos los individuos (independientemente de su status socioeconómico), se ha abogado por un impuesto sobre las herencias que superaría su sentido meramente recaudatorio actual (que en 1993, en España, suponía un 0,7% de los ingresos impositivos directos e indirectos recaudados por el Estado). En principio, si se implementa de forma efectiva, puede constituir un método muy eficaz de reducir drásticamen­te, en pocas generaciones, las desigualdades de riqueza y de capital; también aquí la eliminación efectiva de las escapatorias fiscales exigiría un control muy estricto sobre dicho tipo de transmisiones. Pero nuevamente topamos con una dificultad, el papel de la familia:

         «Una de las principales fuentes de desigualdades reside en la función de la familia en la transmisión de la propiedad material, las características genéticas —ya sean buenas o malas— y las actitudes hacia el trabajo y la vida. Son pocos lo que estarían dispuestos a alterar suficientemente la institución de la familia con el fin de eliminar estas fuentes de desigualdad transmitidas a favor de la familia.» (96).

         Sobre la implementación de estas tres actuaciones (sobre el patrimonio, sobre la transferencia de riqueza y, especialmente, sobre las herencias) se ciernen otras dos dificultades. La primera sería el establecimiento de los baremos de riqueza exenta, así como de los grados de progresividad —que serán lógicamente arbitrarios— y, por otro lado, el sempiterno problema de las actitudes valorativas de los contribuyentes (que no serán, en principio, fervorosos partidarios de tales medidas). La segunda, el problema de los incentivos —o de su carencia—, por lo que se refiere al estímulo al ahorro, la inversión y la actividad creadora (97); ello implicaría la implementación de medidas incentivadoras (como por ejemplo el establecimiento de fondos de capital en acciones, fondos de pensiones, estímulos diversos al ahorro, etc.) que preserven el estímulo —y a ser posible lo favorezcan— positivo de creación de riqueza a través del ahorro. Nuevamente hemos de recordar que hay dos maneras de obtener riqueza: heredándola sin más, o bien optando por un descuento del tiempo que favorezca el consumo futuro, en lugar del presente (es decir, ahorrando).

         Una actuación aun más taxativa sobre la riqueza tendría como base ideológica un replanteamiento del concepto mismo de propiedad. Ello sería posible limitando su ámbito de actuación (por ejemplo, sobre el reconocimiento social o legal de los derechos de propiedad, sobre el establecimiento de trusts* destinados a evadir impuestos, sobre el llamado dinero caliente* o especulativo o, en clave radical, estableciendo límites absolutos sobre la cantidad de propiedad que puede ser transferida desde una generación a otra).

         (En la sección primera, sobre las estructuras productivas, hemos comprobado que es posible —por parte del Estado— actuar sobre la fuente de creación de riqueza social, es decir, la empresa, para difundir entre las personas industriosas los medios de producción requeridos para su inserción en el mundo empresarial y productivo, y así permitirles mejorar sus oportunidades vitales. Ésta sería una actuación sobre la propiedad no lesiva a los intereses de nadie, y sí favorable a los de algunos: desde este punto de vista se aproximaría al sentido paretiano de eficiencia.)

         Otro enfoque sería el de establecer medidas contrarrestantes destinadas a compensar la repercusión de la concentración de la riqueza, mediante nacionalizaciones, levas sobre el capital, impuestos globales a la riqueza (que conduzcan a su reducción sustancial en los estratos superiores), etc. Pero tanto estas medidas como las que se refieren a la redefinición del concepto de propiedad, independientemente de su radicalidad, afectarían al ahorro por motivo de ciclo vital (descuento del tiempo), además de repercutir sobre la riqueza heredada. Por otro lado, son puntuales y generadoras de un previsible recelo. Sea como sea, todas ellas son necesariamente traumáticas. Sin descartar su implementación, hay autores que se inclinan no por aumentar la propiedad pública a costa de la privada, sino por estimular el ahorro. De ello hablaremos más adelante.

         A pesar de todas las consideraciones y de toda la serie de propuestas que se desprenden de los casos expuestos, habría de quedar claro el cúmulo de complejidades que ofrecen, así como los costes y la dificultad —inmanentes a su naturaleza— que presupondría su gestión. Aun así, como podremos ver más adelante, nosotros sugerimos resolver estas deficiencias derivando un peso sustancial de la acción impositiva sobre el patrimonio, valorado a precios de mercado.

5.3.1.2. Actuaciones sobre la renta

         Ya conocemos el diferente tratamiento que requieren la renta y el patrimonio, por el carácter dinámico —de flujo— de la primera y por el carácter acumulado —o de stock— del segundo. Nuevamente, por lo que respecta a la renta, de cara a un objetivo redistributivo hay autores, como Atkinson (98), que abogan por medios confiscatorios: mientras a unos les detraen en función de su alto nivel de renta, a otros les es otorgada en función de su bajo nivel de renta y de sus necesidades marginales; esto es, el impuesto negativo sobre la renta. Por razones de capacidad impositiva y de solidaridad social, la Hacienda Pública puede decidir pagar determinadas cantidades a ciertos beneficiarios, por sus bajos —o inexistentes— ingresos personales, con la finalidad de garantizar, al menos, un nivel de vida mínimamente aceptable. Sus antecedentes: las Poor Laws inglesas de los siglos XVIII y XIX y, más recientemente, la obra «Capitalismo y liberalismo», de Milton Friedman (99).

         Por último, y en relación también al tratamiento de la renta, algunos estudiosos apuestan por un diferente papel de las cotizaciones sociales (que, como sabemos, en su mayor parte son sufragadas por el empresario), que habrían de ser paulatinamente sustituidas por el IVA. Ello, cómo no, haría más regresivo el sistema, y más proclive al fraude fiscal, sin tener en cuenta que asimismo tendría un alto componente inflacionario en los productos de alto valor añadido.

5.3.1.3. Actuaciones sobre el capital

         Son abundantes los análisis que hacen referencia a la no corrección de los efectos de la inflación sobre los rendimientos del capital, las plusvalías, la contabilización de las amortizaciones y las existencias, lo que provocaría un aumento irreal de la renta objeto de gravamen, que se vería acentuado por la progresividad del impuesto.

         Con objetivos diferentes, otros autores se hacen eco de la necesidad de revisar el sistema de Estimación Objetiva Singular (EOS), por lo que se refiere a los rendimientos del capital, pues su base imponible sería —según estos— inferior a la real. Estas mismas fuentes abogan, asimismo, por las subvenciones directas al capital, en casos concretos en los cuales se pueda justificar la eficacia de la ayuda pública, en lugar de las bonificaciones aplicables en el Impuesto de Sociedades, que, como hemos visto, son reiteradamente objeto de uso indiscriminado.

         Maurice Allais, defensor acérrimo del sistema de propiedad privada descentralizada, aboga sin embargo por la exacción total de lo que él llama «las rentas no ganadas» (es decir, las que no tienen contrapartida en forma de bienes producidos o servicios efectuados) (100). El origen de estas rentas se encontraría en los mercados monetarios, en las situaciones de competencia imperfecta, en los procesos inflacionarios y en las plusvalías de localización (producidas a consecuencia del ordenamiento urbanístico, por ejemplo). La fórmula de apropiación de este tipo de rentas vendría dada por un impuesto sobre el capital y por una reforma monetaria. Ello, según este autor, no comprometería el funcionamiento de la economía de mercado, sino más bien al contrario, contribuiría a incrementar su eficiencia.

5.3.1.4. Tratamiento de la progresividad fiscal

         En un punto anterior comprobamos que la Teoría de la Imposición Óptima (TIO) es claramente regresiva, pues no tiene en cuenta el sacrificio mínimo de cada contribuyente, y grava más —relativamente— las rentas más bajas en beneficio de las más altas con la aplicación de la llamada proporcionalidad lineal. Creemos que no es necesario insistir en este punto.

         Cuando los teóricos se refieren a la progresividad, es necesario saber primero de qué hablan, si de la progresividad real o de la mera progresividad formal. Ya sabemos que una y otra no tienen por qué coincidir (y de hecho, la progresividad real, que se traduce en los tipos medios efectivos, está muy lejos de los tipos marginales máximos). Los expertos abogan por una mayor progresividad real y una menor progresividad formal, lo cual sería posible únicamente erradicando el fraude fiscal.

         Hay dos visiones sobre la progresividad. La primera hace referencia a su significado, que se fundamenta en el principio de sacrificio mínimo e igual ya conocido. La segunda, la de los detractores de este principio, pero con un sentido más pragmático, postula medidas «correctoras» de la progresividad, por ejemplo mediante determinados tipos de deducciones, o la disminución de los tramos de la tarifa o, en su planteamiento más extremo, defendiendo un tipo único (que, en la práctica, es un impuesto proporcional). Estas últimas medidas, como hemos visto, en numerosas ocasiones desvirtúan el auténtico significado de la progresividad y lo vacían de contenido.

5.3.1.5. Tratamiento del ahorro

         En el actual sistema impositivo, los rendimientos declarados del capital mobiliario reflejan unos volúmenes medios muy reducidos para la mayor parte de los contribuyentes. Por lo que se refiere al ahorro, uno de los principales objetivos propugnado por los especialistas es el fomento del ahorro familiar. Los incentivos al ahorro podrían conseguirse mediante programas de ahorro que incluyan bonificaciones fiscales o exenciones a rentas que no superen un mínimo, o bien por medio de figuras financieras (como los fondos de inversión, cuentas-vivienda, fondos de pensiones y otras) que se consideren de utilidad social.

         Por otro lado, el aumento del componente privado del ahorro, estimulando su rentabilidad después de impuestos, tiene una consecuencia negativa: la reducción del ahorro público. Ya sabemos que los impuestos son, en último término, ahorro forzoso que alimenta el gasto o el ahorro público. También sabemos que una política redistributiva que detraiga ahorro privado para favorecer el gasto de personas con una alta propensión marginal al consumo (y extremadamente baja al ahorro), en último término perjudica el ahorro nacional. Pese a ello, la bonificación del ahorro familiar perjudica el ahorro público (pues resta ingresos en forma de exenciones impositivas), aunque con resultados favorables al efecto perseguido, pues si no existiera esta bonificación gran parte de estos recursos irían a parar al consumo, ya público, ya privado.

         Otra medida propuesta de cara a estimular el ahorro es la atracción del ahorro externo, mediante una política de incentivos fiscales que, repetimos, no generan más que inequidad fiscal y regresividad, lo que da pábulo a la competencia fiscal a escala internacional, y en consecuencia, al fraude y a la evasión fiscal.

5.3.1.6. Otras propuestas de reforma del sistema impositivo

         Hay, finalmente, dos propuestas más encaminadas a optimizar el funcionamiento del sistema fiscal, con la pretensión de no perjudicar lo que se considera una correcta o deseable asignación de recursos (neutralidad impositiva). La primera es el llamado impuesto único*, aspiración antigua y muy reivindicada —aunque nunca se ha materializado en forma pura en ningún sistema impositivo—, que preconiza fusionar la imposición en un solo tributo, considerando que al final todo gravamen acaba recayendo sobre la renta global del contribuyente. La proposición más conocida en este sentido fue la del norteamericano Henry George (101). Más recientemente, un informe del Fondo Monetario Internacional apunta la necesidad de evitar al máximo la pérdida de generalidad que resulta de tratar de forma diferente las diferentes categorías de renta (102).

         La segunda propuesta, el impuesto sobre el gasto personal, también abundantemente reiterada tras la publicación del Informe Meade (103), responde —pretendidamente— a la necesidad de asegurar la neutralidad impositiva y el crecimiento económico, sin olvidar objetivos de justicia social y de un reparto equitativo de las cargas fiscales. Su tesis central se fundamenta en que la tributación sobre el gasto haría más sencilla tal conciliación: este recurso impositivo se definiría como aquel tributo de carácter directo y de naturaleza personal que grava los gastos de consumo, es decir, la parte de los ingresos de un contribuyente dedicada al consumo.

         Algunos autores coinciden en que es más adecuado tomar como índice de capacidad económica la renta consumida. No obstante, ello tiene importantes inconvenientes: el primero es la dificultad administrativa que supondría darle un carácter progresivo, así como los problemas derivados de incluir o no el gravamen sobre las transmisiones lucrativas (herencias, legados y donaciones); el segundo, y más fundamental, es su difícil control (que lo ha hecho inviable en los países donde se ha aplicado); y el tercero, que es manifiestamente regresivo, pues las rentas bajas, con menor capacidad de ahorro, serían castigadas en beneficio de las grandes fortunas, para las cuales el consumo supone una parte reducida del total de sus ingresos.

         Una alternativa a los aspectos más inaplicables del impuesto sobre el gasto sería la de establecer un sistema mixto, consistente en reducir la tributación sobre las rentas derivadas del ahorro o sobre la renta ahorrada directamente. Ello, claro, generaría importantes problemas de equidad en sociedades donde los patrimonios están muy desigualmente distribuidos y su origen no puede atribuirse directamente al ahorro.

5.3.2. Por parte del gasto público

         En el cuadro de texto número 10 encontramos las principales preocupaciones planteadas cuando se habla —a veces frívolamente— del desmantelamiento del Estado Social. Porque, en este caso, ¿qué se sacrifica, y qué se recibe a cambio? ¿Acaso la gestión de ciertos bienes y servicios mejoraría si pasaran al sector privado? Nuevamente, aquí se contraponen dos posturas divergentes.

         Una visión del gasto público que discrecionalmente calificaremos como conservadora pone el acento en ciertos conceptos clave para hacer más atractivos sus planes de remodela­ción del modelo keynesiano con vistas a sustituirlos por otro de corte neoclásico. Se reivindican los beneficios de un llamado capitalismo popular* (según la terminología thatcheriana), que se sostiene en un minifundismo inversor con clara intención de establecer ligámenes de identificación entre las clases medias y el sistema económico actual; se establecen objetivos de eficiencia, replanteamiento y reducción de la interferencia estatal (basándose en un pretendido protagonismo de lo que dichos sectores entienden por sociedad civil); en el ámbito de la política del bienestar, el acento se pone en programas específicos orientados hacia los intereses que defienden (formación de personal productivo, esquemas privados de pensiones, movilidad en el trabajo...); en el de la política económica, se presta mayor atención a la oferta (estado de los costes, la producción y el progreso técnico). Es decir, la bancarrota del Estado Social pasa a tener una legitimación fundamentalmente económica (tecnocrática), en orden a pretensiones de neutralidad fiscal y financiera (104).

         Durante los años 60 y 70 economistas de esta corriente de pensamiento concurrieron en una filosofía económica que, sosteniéndose en los fallos del sector público, preconizaba la sustitución de los sistemas del Estado del Bienestar (provisión pública + financiación estatal) por otros más privatizados, tanto en sus técnicas de gestión como de control, e incluso en la propiedad de las empresas productoras de dichos bienes y servicios. Por ello, se perseguía promover la competencia y abrir a la iniciativa privada las puertas del sector nacionalizado, así como eliminar (o recortar) los subsidios a las empresas públicas en pérdidas, y otros gastos del Estado del Bienestar. Esta estrategia se apoya en la crítica a la empresa pública y a la prestación de servicios públicos, y su consiguiente deseo de limitar su expansión con una nueva era de «límites» que se habría iniciado en la década de los setenta.

         Estos sectores llegan, en ocasiones, a poner en duda hasta aquello que es más definitorio del Estado del Bienestar: la provisión universal a los ciudadanos, por el Estado, de ciertos servicios como educación y sanidad (que se financian mediante una imposición fiscal de carácter progresivo). Aun sin cuestionar el papel del Estado como garante de un mínimo vital, propugnan que sus atenciones se reduzcan a la mera transferencia de fondos desde los más ricos a los más pobres, dejando que los individuos gasten a su voluntad estos recursos (en servicios educativos y sanitarios, por supuesto en un régimen de libre mercado, a partir del modelo suizo, por ejemplo).

         Nuevamente, hemos de recordar cuáles son las implicaciones de la elección de un efecto sustitución (el que permitiría a un individuo gastar su dinero en efectivo como le plazca) en lugar de un efecto renta (lo que restringe la elección del individuo, pero le produce un beneficio en forma de renta que no ha de gastar por un determinado servicio): en resumidas cuentas, dicha elección puede producir perjuicios sociales que se fundamentan en, primero, la ruptura del principio de selección adversa (discriminar positivamente a favor de los que más consumen un determinado servicio público, y están en posesión de menores recursos) y, segundo, la dejación de la responsabilidad pública de velar por los intereses educativos y sanitarios de la población (cediéndola a unos individuos que, por causas objetivas o subjetivas, tal vez no puedan o quieran ejercitar).

         No creemos necesario extendernos más sobre este tema (vease la sección tercera, dedicada a la protección social). Pero la inconsistencia de la postura «conservadora» no consiste tan sólo en defender un efecto sustitución en la provisión de los bienes en especie (sanidad, educación), es decir, en dar libertad a los individuos para que gasten sus rentas (liberados de determinadas cargas impositivas que hoy día sostienen el sistema de protección social) como quieran, especialmente cuando está en juego la salud de sus hijos y de sus mayores (o la educación de los primeros). La inconsistencia reside en dar recursos sociales sin prevenir su mal uso (sus partidarios critican el uso incorrecto de los recursos públicos en manos del Estado pero se desentienden de su empleo en la esfera privada). Pues si el Estado tiene contraída una obligación con la sociedad, de tipo redistributivo (que, como sabemos, en último término es garantía de estabilidad —y concordia— social), ¿no es su obligación inmiscuirse en la correcta asignación de estos recursos, garantizando —por ejemplo— que los padres inviertan una cierta parte de sus rentas en el bienestar de sus hijos mediante el gasto en su educación y salud?

         Como el Estado no puede tener un policía en cada casa (para obligar a los individuos a cumplir con sus obligaciones) no le queda más remedio que establecer la obligatoriedad de un seguro mínimo —así como de otras exigencias del desarrollo personal, como la educación básica elemental—, con carácter gratuito y universal (otro tema es que los ciudadanos quieran o puedan elegir otros servicios privados a su medida. En tal caso habrían de ser perfectamente libres de hacerlo). Y ello por dos motivos: uno, porque los más pobres, en tal caso, pueden acceder a tales servicios sin depender del uso previo de recursos (impuesto negativo sobre la renta) que hubiesen recibido del Estado con tal finalidad (que, en aplicación del efecto-renta, se hacen innecesarios, pues la prestación de tales servicios es gratuita y universal); y, en segundo lugar, porque no todos los ciudadanos tienen las mismas necesidades, y los más sanos o ricos pueden pretender sustraerse a la financiación de este sistema si no es obligatorio (principios de azar moral* y selección adversa). J. E. Meade argumenta:

         «Así pues, no soluciona la situación una simple distribución de renta de ricos a pobres. Ahora bien, si los recursos médicos deben distribuirse según las necesidades médicas, no se puede dejar que cada individuo concreto juzgue sus propias necesidades, en parte porque el ciudadano no tendrá los conocimientos técnicos precisos y en parte porque promocionar gratuitamente cualquier bien priva al ciudadano de todo incentivo para economizar en el uso de dicho bien. En los servicios sanitarios será el mismo grupo de personas —a saber, los doctores— quienes deban a un mismo tiempo juzgar acerca de las necesidades del paciente y prestar el servicio médico. La financiación directa del servicio por el Estado es en este caso la medida administrativa directa obvia» (105).

         Esta evidencia, sin embargo, no resuelve el problema básico de fondo, que es el de la gestión correcta de los recursos públicos. Hay una corriente teórica que, sin pretender cuestionar el statu quo actual, critica oportunamente los fallos del sistema económico. Jaime García Añoveros aduce lo siguiente:

         «El crecimiento insano no es sólo, ni principalmente, por su cuantía, sino por los componentes de este gasto [público]: burocratización innecesaria e improductiva en el sector público, prestaciones sociales que el presupuesto no puede mantener por tiempo indefinido. El presupuesto [el gasto público] ha sufrido las desavenencias con los sindicatos, los acuerdos con los sindicatos, la política clientelar, la política de captación de favores de los votantes y la política de gestos (Rumasa, ciertas inversiones públicas con inútil sobrecoste, como el AVE, la Exposición Universal, y otras). Porque lo peor es que ese crecimiento ha ido todo, prácticamente, al consumo; con olvido del ahorro público y la inversión pública, la inversión en infraestructura que el país necesita para salvar los desequilibrios de competitividad con los países europeos.

         (...) Pero es que, además, la política de gasto público es desmoralizadora de la sociedad en la aceptación de políticas restrictivas y que exigen sacrificios en la política de rentas, en la reducción de subvenciones públicas, en el esfuerzo fiscal, muy duro, que se exige aquí de los ciudadanos que efectivamente pagan sus impuestos; y lo peor es la ineficiencia de una costosa burocracia que ha crecido alegremente, por la baja calidad de muchos servicios públicos y por los ejemplos clamorosos de derroche en el gasto público (duplicación de órganos administrativos, dinero tirado en televisiones públicas, gastos poco ejemplares de las cámaras legislativas; y eso sin mencionar los ejemplos de corrupciones)» (106).

         Estas palabras, por su contundencia y lucidez, son inapelables, e incluso creemos que no hacen completa justicia a la magnitud de los problemas que aborda (los casos de abuso y derroche de fondos públicos —y sinecuras— por particulares, lobbies y empresas son de escándalo, poco estimulantes para el ciudadano —honrado— de a pie). En un punto posterior intentaremos referirnos a algunas de estas preocupaciones: como el abuso de la canalización de gastos públicos y de transferencias que acaban recayendo en el consumo suntuario o en la especulación; o el derroche, ineficiencia, negligencia y, en general, la burocratización públicas, etc.

         Otra visión del tema, que también discrecionalmente llamaríamos progresista, descalifica el grosero argumento de que el sector público está administrado únicamente por burócratas, mientras que el privado está regentado por empresarios que se juegan sus dineros, con otras descalificaciones igualmente gruesas: en la gran empresa la gestión la hacen otro tipo de burócratas, en este caso llamados tecnócratas, divorciados del capital; que el sector empresarial español tampoco es precisamente un modelo de eficacia, a la vista de los resultados (y de las inyecciones de capital y subvenciones provenientes del Estado: Banesto, Rumasa, FECSA, SEAT, Banca Catalana, etc.) Es de notar que, a pesar de su grosería, ambos argumentos, como toda frase lapidaria, tienen un cierto transfondo de verdad.

         No caeremos en la tentación de adentrarnos en los resbaladizos terrenos que cimientan esta batalla dialéctica. Nosotros consideramos que el dilema no es «sector público versus sector privado», sino cuál de estos dos satisface mejor cada necesidad social y económica, en cada ámbito social y económico. Histórica y geográficamente hay sistemas igualmente válidos de eficiencia y optimización de recursos, tanto en modelos que tienden a lo privado (Suiza), como en los que tienden a lo público (Francia, Alemania, Suecia). Cada uno, claro, con sus especificidades y circunstancias propias. En un capítulo posterior nos limitaremos a hacer una propuesta genérica de política fiscal y presupuestaria compatible con objetivos de equidad contributiva, redistribución y una correcta asignación de recursos.

         Consideramos que las distintas propuestas de gasto público en metálico que hemos comentado en este punto (en atención a objetivos redistributivos), como puede ser el llamado dividendo social (que sustituiría por una prestación en metálico las prestaciones sociales en especie), la imposición negativa sobre la renta (un sistema de ayuda a los más pobres más equitativo, dentro de un marco de progresividad lineal), o el crédito impositivo (un subsidio a los que se encuentran por debajo de un cierto límite de pobreza) son reiterativas y se basan en un único principio: el de la llamada imposición negativa sobre la renta, con diversas variantes.

         Pero hay otras propuestas en el mercado de las ideas que consideramos más novedosas y de mayor interés. Una primera sería, como hemos venido reiterando, una simple alteración de las rentas factoriales (antes de la redistribución), que habría de ser desarrollada a través de cambios en la actual política del mercado de trabajo (legislación sobre salario mínimo, medidas de fomento de la ocupación, o subsidios a salarios bajos), y más concretamente, mediante una política de fomento de la producción, a través de una actuación efectiva de reasignación de capital social entre los individuos industriosos y con iniciativa (vease la sección primera, que hace referencia a las estructuras productivas).

         Otra propuesta iría encaminada a expandir el manto de protección social en especie a los grupos que actualmente no están salvaguardados por él (como los no cotizantes, por ejemplo), y al aumento de las prestaciones para proporcionar una renta mínima garantizada a un nivel deseado. Este último enfoque quedaría tipificado por la introducción de subsidios por hijos pagaderos a todas las unidades familiares (formales o informales) que dispongan de ellos, sin tomar en consideración circunstancias particulares de dichas familias (aunque, al ser ingresos antes de impuestos, el beneficio neto sería menor, o inexistente, para familias con renta más elevada); o por una dotación más uniforme que cubra contingencias tales como familias monoparentales, disminuidos, y otras prestaciones complementarias.

         Tanto el enfoque de la imposición negativa sobre la renta como el de la actuación sobre el actual modelo de seguro social (recordemos que el primero actúa a partir de un criterio que podemos considerar de «efecto-sustitución», mientras que el segundo se inscribe en el criterio «efecto-renta») se preocupan de garantizar una renta mínima adecuada, pero difieren en la modalidad en que pretenden aplicar el beneficio sobre los que se encuentran en niveles inferiores de renta (y, en todo caso, plantean problemas teóricos deficientemente resueltos). El impuesto —lineal— negativo sobre la renta se concedería en función del nivel de renta (en relación inversa, evidentemente); en la expansión del seguro social, por su parte, tanto los beneficios sociales como el sistema de financiación serían universales, y este último tendría carácter progresivo.

         Sin embargo, tanto en un caso como en el otro, hay una misma limitación: el establecimiento de un listón mínimo arbitrario de pobreza, que siempre estará sesgado por el principio de las preferencias reveladas (que varía en función de los criterios de bienestar —por su componente subjetivo—, no en función de los niveles de renta). Es decir, puede haber individuos que reciban una cantidad de renta superior al mínimo vital pero que, en función de sus criterios subjetivos de bienestar, continúe encontrándose en estado de pobreza. El Estado, ante esta eventualidad, ha de optar por primar los criterios objetivos —mensura­bles— frente a los subjetivos.

5.3.3. Reflexión en torno a estas propuestas

         En este punto hemos contemplado la mayor parte de las propuestas que en relación a la política fiscal y presupuestaria se han formulado en el mercado de las ideas. Las hay de muchos tipos: de carácter confiscatorio o compensador de rentas; que inciden sobre el gasto o sobre la riqueza; universalistas o específicas... Pero, sea cual sea la respuesta adoptada, ésta no ha de perder de vista un marco de posibilidades dado: los límites de tolerancia del sistema (en relación a la política fiscal), el objetivo de neutralidad, los niveles de ahorro y de consumo, el grado de efectividad de los llamados estabilizadores automáticos, el nivel de igualdad que se pretende conseguir, o los efectos de la reasignación de recursos por lo que se refiere a los incentivos para ahorrar, invertir o trabajar.

         De tales medidas hemos destacado sus aspectos más relevantes. Pero, como siempre, es difícil establecer una visión global de la cuestión. Ya sabemos que la economía es un sistema abierto, con flujos de entrada y de salida, y con interrelaciones difícilmente controlables. Hemos recogido algunas de las ideas que servirán de base para la construcción de una propuesta teórica de transformación del sistema de protección social y de la política fiscal.

         Consideramos que propuestas tales como las referidas a la expansión del seguro social, por parte del gasto, o las que parten de ideas-base como la unidad impositiva, la imposición sobre las herencias y sobre los patrimonios improductivos, las rentas no ganadas o las rentas especulativas, estímulos al ahorro, etc., son positivas y enriquecedoras. Creemos que estas medidas pueden llegar a ser aplicables —de la misma manera que se ha llegado al punto actual en materia de protección social—, y que, por otro lado, no sólo no tienen por qué perjudicar la base productiva y las decisiones de inversión, sino que pueden favorecerlas. A ello nos referiremos en el próximo capítulo.

5.4. ¿Qué ha fallado en la «Teoría del Bienestar»?

         En el punto 5.1 hacíamos notar de qué manera los presupuestos axiológicos y teóricos sesgan hacia un lado u otro el análisis sobre el llamado Estado del Bienestar (y, en general, sobre la distribución de la renta). No obstante, si de algo ha adolecido el planteamiento —existente en el mercado de las ideas— referido a esta materia es de un cierto estrabismo intelectual, puesto que a duras penas se han realizado análisis integrados de la realidad, sino más bien sectoriales. Es decir, si de algo ha pecado el análisis sociológico, político y económico sobre los problemas distributivos, es de cortedad de miras.

         Se echan a faltar estudios que incardinen los aspectos económicos, sociales y políticos en una unidad integrada, pues la evidencia empírica ha demostrado que la realidad constituye un todo interrelacionado en el que la aplicación de medidas social o moralmente favorables en sí puede tener repercusiones inesperadas —negativas— que relativicen su utilidad o su oportunidad (este razonamiento fundamenta la supuesta dialéctica entre los principios de solidaridad y responsabilidad).

         (Dicho esto, tampoco se puede obviar toda la carga ideológica y sofística que hay detrás de supuestos análisis «desapasionados» sobre los vicios y defectos del Estado del Bienestar, que encubren fuertes intereses económicos y de poder.)

         Comenzaremos repasando la sintomatología de la crisis que supuestamente ha dado inicio al enconado debate sobre el Estado del Bienestar que colea desde hace varios lustros. Para ello nos serviremos de las pautas que aporta Ramesh Mishra en su antológica obra The Welfare State in crisis (la Sociedad del Bienestar en crisis). Los supuestos síntomas de esta crisis serían:

         1) La pervivencia de un cuadro de estanflación (estancamiento con inflación), en el cual el Estado Social es visto como una barrera al crecimiento (107).

         2) El fin del pleno empleo y la existencia de un desempleo a gran escala.

         3) La crisis fiscal del Estado, con un resultado en forma de déficit público autosostenido (los recursos fiscales no son suficientes para atender las necesidades sociales que son resultado de la crisis y de la demografía: desempleo y envejecimiento, básicamente).

         4) La declinación de los recursos disponibles para atender a las necesidades sociales y el consecuente recorte de servicios.

         5) La pérdida de confianza en la pervivencia del sistema de protección social y de economía mixta. Las medidas macroeconómicas de corte keynesiano han perdido respetabili­dad.

         Una vez que se acepta (como un hecho dado incuestionable, es decir, como un axioma) este diagnóstico, cabe preguntarse qué ha sido del modelo Keynes-Beveridge puesto en marcha tras la segunda guerra mundial, especialmente en Inglaterra (bajo su forma de prestación gratuita y universal de servicios sociales) y en otros países (representados por el modelo norteamericano, prestador de rentas en metálico mediante programas específicos, y por el modelo austro-sueco, que incluye tanto prestaciones en metálico como en especie, y que ha primado relaciones de integración —corporativismo— social y participación de los trabajadores en el sistema).

         La perspectiva histórica, tras los primeros síntomas de la llamada crisis del Estado del Bienestar a principios de los setenta, apunta, en justicia, a que aquel modelo de protección social está condicionado por su rigidez, así como por la naturaleza «sensible» de sus efectos: el Estado Social genera unos derechos adquiridos que no se pueden recortar a corto plazo sin una fuerte oposición social. A pesar de ello, al menos en Inglaterra (durante la hegemonía conservadora), los gastos de protección social no variaron sustancialmente, mientras que la progresiva aplicación de medidas desreguladoras (en el ámbito económico, administrativo, sindical y fiscal) por un lado favorecen niveles más elevados de empleo (y de precariedad), y por otro los intereses y las expectativas de los más ricos (este análisis, a otra escala —mayor— es también aplicable a los Estados Unidos).

         Consiguientemente, en los medios liberales no cesan los requerimientos en favor del «Estado mínimo» (como vimos en el punto 5.2., sujeto sólo a las necesidades básicas de orden público, defensa, justicia y obras y servicios públicos elementales), con la pretensión de saltar desde políticas macroeconómicas que atienden a la demanda agregada a aquellas que favorecen y estimulan la oferta (economía de oferta*) o que restringen el consumo improductivo y la inflación (políticas monetaristas).

         En el plano social, la misma corriente de opinión aboga por un abandono público de los servicios en especie y, en menor medida, su atención a aspectos de corte caritativo —o benefactor—, con prestaciones en metálico (cheque escolar, vales de comida, remuneración en metálico de la atención sanitaria, impuesto negativo de la renta...) Esta visión «compasiva» se compagina con un talante «voluntarista», es decir, no coaccionador, de la atención social: el ciudadano contributivo no se ve forzado, imperativamente, a colaborar en la atención de los más pobres y, en su caso, se le dan facilidades (mediante bonificaciones fiscales) para atender de forma voluntaria a sus inquietudes sociales. Así es como numerosas fundaciones norteamericanas no son más que trusts disfrazados de utilidad pública (108).

         (Qué duda cabe que este afán filantrópico favorece, por activa —mediante su papel de evasión y dispersión fiscal de rentas— y por pasiva —en sus servicios— fundamentalmen­te a las clases adineradas, al orientarse hacia objetivos minoritarios y elitistas: arte, alta cultura, universidades privadas, becas de investigación, etc. Más allá de ahí nos encontramos con una caridad acalladora de conciencias y salvadora de almas piadosas, tan querida por puritanos acaudalados y magnánimos.)

         En definitiva, esta ola neoliberal representa una ruptura del compromiso tácito que a mediados del siglo XX llevó, por fin, la paz al atribulado continente europeo. Como vimos en el punto 4.4.2. de la primera sección, ello sería trasunto de una pérdida de conciencia social solidaria, de un retorno al individualismo egoísta, disfrazado de una poco convincente apelación a la eficiencia y a la responsabilidad:

         «El mismo individualismo atomístico impide a la Nueva Derecha reconocer el problema de la "justicia social". Si la sociedad es vista como la simple existencia de individuos, participando en el juego del mercado de acuerdo con las reglas corrientes y ejerciendo sus oportunidades en el marco del mercado, para bien o para mal, entonces ¿dónde está el problema de la "justicia social"? Éste desaparece» (109).

         La pérdida del imperativo moral y social hace retornar el discurso desde «el todo vale más que la suma de las partes» hasta el argumento de la «suma cero» (es decir, lo que unos ganan, otros lo pierden). Otra forma de expresar este razonamiento es enfocar la estrategia desde el «reparto de la tarta» hasta el engrandecimiento de las porciones a repartir, pero no mediante el reparto, sino gracias al crecimiento del pastel. La reivindicación de la eficiencia frente a la equidad descansa en el siguiente aserto: el bienestar social pasa a través del aumento global de la riqueza, no de la corrección de las desigualdades, puesto que, supuestamente, el aumento de la riqueza social ya por sí sola, de forma espontánea, autorregulada y factorial, mejoraría objetivamente las condiciones de vida de los más pobres, sin necesidad de intervención exterior del Estado.

         Si la nueva derecha pareció estar arrinconada y latente en los tiempos del auge del keynesianismo y del Estado del Bienestar, la nueva izquierda estaba más activa que nunca: aparecieron nuevos análisis del neocapitalismo (Ernest Mandel), del neoimperialismo (Samir Amin), de la neoalienación (Herbert Marcuse) y del nuevo estado estacionario (corregido por el derroche improductivo —publicitario, armamentístico y financiero—, según Paul Baran y Paul M. Sweezy). Para los neomarxistas la realidad neocapitalista era ambivalente: por un lado suponía una mejora objetiva en las condiciones de vida de los trabajadores centrales de los países avanzados, y por otro era una medida «cosmética» de cara a dar legitimidad al sistema (110).

         Pero, con el resurgimiento de la nueva derecha, el análisis neomarxista pasó a adoptar el papel de la última trinchera: ante las concesiones de los socialdemócratas, aquel pasaría a ser el muro de contención frente a la desregulación y el desmantelamiento del Estado Social. Entre los neomarxistas aparecieron nuevos análisis, como el de la llamada crisis fiscal del Estado de James O'Connor (tendencia que experimentan los gastos gubernamentales a crecer más rápidamente que los ingresos) que, pese a su lucidez, poco hicieron para aportar rigor científico y coherencia lógica al entramado jurídico, político y económico que conforma el Estado Social de Derecho. (Partimos de la base de que las aportaciones socialdemócratas son aun más escasas, y que, en todo caso, éstas se caracterizan por tener carácter inmediato, práctico, disperso y oportunista, al consistir en medidas ad hoc de creación de nuevas prestaciones sociales al socaire de los oportunismos —políticos— coyunturales.)

         Es decir, frente a la acometida neoconservadora, no ha existido una réplica coherente y sólida de carácter teórico que ponga orden en el caótico entramado de la protección social. Más bien se ha aplicado la política del «parcheo» y, como veremos un poco más adelante, de evasión de las propias responsabilidades mediante supuestas búsquedas de consensos, lo que no es más que una manera de compartir con otros la impopularidad de las medidas que se pretenden aplicar. No ha habido una visión global, holística, que integre la esfera de lo económico, de lo político y de lo social en una unidad. Una vez que el keynesianismo (y, por extensión, las políticas de demanda) se ha demostrado insuficiente y extemporáneo (no se ha renovado al paso de las nuevas realidades) es necesario buscar nuevos puntos de referencia teórica.

         Al principio de este punto nos referíamos a los síntomas de la crisis del keynesianis­mo. Ahora (sin ánimos de exhaustividad) nos ocuparemos de identificar algunas de las causas que habrían generado tales disfunciones:

         1) Tal como vimos en su momento, las reglas del mercado económico se han asentado también en el ámbito de lo político: los profesionales de la política venden su «producto», en forma de promesas, al mejor postor. Tales promesas, cómo no, tienen un coste económico que a duras penas se corresponde con el coste político de contraerlas o con las posibilidades reales del país:

         «El mercado comercial se caracteriza por la búsqueda individual del interés propio. Es improbable que esto origine demandas irresistibles, superiores a lo que la economía pueda proporcionar. Los individuos están sujetos en su vida a restricciones presupuestarias; no pueden gastar más de lo que puedan ganar o pedir prestado.

         El mercado político se caracteriza por la búsqueda del interés propio de los grandes grupos, donde no existen tales restricciones presupuestarias individuales. Los electores pueden exigir con gran facilidad mayores trozos del pastel sin llegar a ningún acuerdo con los que se suponen que tendrían trozos más pequeños. Los costes de las prestaciones, tanto si están cubiertos por los impuestos como si lo están por la inflación, no tienen que corresponder necesariamente a los grupos que se benefician de ellas. En cada caso particular (...) existe un fuerte incentivo para que el grupo de interés presione tanto como le sea posible para que se satisfagan sus demandas, sin tener en cuenta ninguna disciplina sobre la suma total de las demandas de todos los grupos de interés» (111).

         2) Esta cita nos sitúa ante dos evidencias: la existencia de intereses sectoriales (lobbies*) que acechan y rodean permanentemente a los círculos de poder, y la rebelión fiscal de los más perjudicados por el sistema vigente, que generalmente suelen situarse fuera de las élites dominantes, entre las clases medias. Estos son los sostenedores de los intereses creados de las minorías.

         3) La presión por parte de los grupos de interés en busca de concesiones en forma de medidas sociales o sectoriales tiene una fuerte repercusión sobre las arcas del Estado. El acceso y la apelación a la deuda y al déficit sistemático, como hemos insistido reiteradamente, así como el recurso a la inflación, son unos mecanismos de provisión de fondos que repercuten muy negativamente sobre las propensiones al ahorro y al consumo (112).

         4) Sin embargo, al contrario de lo que se piensa habitualmente, el Estado social no ha paliado las desigualdades sociales, sino que, o bien las ha mantenido, o las ha acentuado gracias al recurso de los más ricos al fraude y a la evasión fiscal. Más bien lo que se observa es una redistribución de rentas desde las clases medias, sin posibilidad de escape fiscal, a las más pobres (en forma de subsidios) y a los más ricos (en forma de subsidios a la producción y a la contratación, bonificaciones, ayudas sectoriales, etc.). Ello, cómo no, coadyuva tanto a la rebelión fiscal de la que hemos hablado como al fin de la consciencia solidaria:

         «Pero el bienestar social (...) no estaba redistribuyendo recursos desde los ricos a los pobres. Más bien, fue un sistema de redistribución horizontal que supuso transferencias intraclases más bien que inter-clases. En términos absolutos, el sistema impositivo fue escasamente progresivo mientras que la universalidad de los servicios sociales significaban que ellos beneficiaban del mismo modo a pobres y ricos» (113).

         Esta situación de facto, además de suponer un fraude social (pues está muy alejada del principio de progresividad y de capacidad de pago que sustenta la teoría fiscal y hacendística más extendida, y aun más del principio de igualación de derechos y oportunidades que nosotros propugnamos) acentúa el resentimiento intraclases (de los que pagan hacia los que no pagan) y confunde el verdadero origen del problema, que es la falta de responsabilidad y la impunidad de los sectores más acaudalados con respecto a los demás: ello se traduce, una vez más, en un favorecimiento de actitudes insolidarias y en el voto a las alternativas políticas de carácter conservador (que propugnan el Estado mínimo, despojado de responsabilidades sociales).

         5) Dentro de los ámbitos administrativos y de poder se ha creado una conciencia de casta, con derechos especiales y con responsabilidades poco claras. La burocratización, la funcionarialización, el establecimiento de categorías, las jerarquías, el corporativismo, la dejación o reparto gregario de responsabilidades, etc., son los aspectos negativos que se contraponen a las indudables ventajas del código napoleónico-weberiano de la función pública. Pero más allá de la responsabilidad «funcionarial», cabe hablar de la responsabilidad «política», que no se corresponde con los criterios de economicidad y «riesgo y quiebra» aplicables en el sector privado. Ello incide en el derroche y la ineficiencia (o en la simple corrupción) que ha arruinado buena parte de la credibilidad del sector público (114).

         6) Pero también entre los beneficiarios de los bienes y servicios públicos cabe encontrar vicios y disfunciones, pues está demostrado que en demasiadas ocasiones ciertas medidas de compensación de rentas o de carácter subsidiador desincentivan la inserción en el mundo laboral o el ahorro en el uso de los bienes y servicios públicos. Aquí son aplicables los principios de azar moral y selección adversa de los que nos ocuparemos con más detalle en la tercera sección.

         7) Entre numerosos autores existe el convencimiento de que la consolidación de unas estructuras gregarias o corporativas (con carácter democrático, en oposición al corporativismo fascista) ha venido a complicar el estado financiero global, al oponer los intereses de los sectores corporativos (ciertamente amplios, al representar a los llamados «agentes sociales»: trabajadores con empleo estable, gran patronal y Gobierno) frente a los sectores no representados o defendidos por tales poderes gregarios (los desocupados, la economía periférica, marginal y, en general, competitiva). Así pues, la llamada «negociación colectiva» sería un reparto de rentas y prebendas a espaldas de los sectores «periféricos» o «pasivos», tales como parados, amas de casa, trabajadores eventuales, jóvenes, etc.

         (Es oportuno señalar que existe otra interpretación más «positiva» del fenómeno corporativo, al identificarlo con el modelo austro-nórdico del bienestar, de carácter integracionista y negociador, frente al modelo conflictivista convencional de los sindicatos de clase o sectoriales.)

         Como suele suceder, la verdad general participa de las distintas verdades y voluntades parciales. Se suele afirmar que el modelo del Estado asistencial está en bancarrota, desacreditado, y que ni siquiera tiene perspectivas de viabilidad futura. Tal interpretación (neoconservadora) le atribuye el cuadro de estancamiento con inflación (más controlada, a costa de menos consumo y más estancamiento). Sin embargo, ¿cuál es su alternativa? La evidencia parece apuntar a una sociedad desvertebrada, profundamente incierta e injusta, con situaciones de enquistamiento y retroalimentación de las situaciones de pobreza y riqueza, segregadora y represora en lo social y en lo policial. Ello podría tener un alto coste en materia de paz social.

         (A veces se afirma que la globalización de los mercados y la emergencia de nuevos países industriales nos aboca a ello. Pero cabe preguntarse si será a costa de volver a la esfera del «vivir para trabajar», cuando parecía que habíamos llegado a un nivel que nos permitía «trabajar para vivir».)

         La realidad parece indicar que el pudor y la sensibilidad que históricamente (a partir de la segunda mitad del siglo XX) se había alcanzado en materia de exhibición y ostentación de la riqueza y el boato se ha perdido en beneficio de un renovado chabacanismo grosero (cultura de la ostentación). Ello puede ser un signo distintivo de los nuevos tiempos, cuya lectura negativa vendría a reafirmar que se ha perdido lo que tanto tiempo costó construir: el imperativo moral y solidario que distingue a las sociedades humanistas y civilizadas de los estados de barbarie y de luchas fraticidas.

         Tal vez una vía de reencuentro con ese espíritu solidario en decadencia sería la de buscar renovadas (y remozadas) certezas, en forma de un catálogo sólido y coherente de ideas que sustituyan a las hoy en día en crisis:

         «Tras un largo interludio en el cual el modelo Keynes-Beveridge (...) parecía adecuado para el capitalismo del bienestar, parece haber llegado el tiempo una vez más para bucear en el mercado de las ideas y de las instituciones» (115).

 

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